jueves, 25 de febrero de 2010
Arrestan a ex diputado perredista en Chiapas
EL UNIVERSAL
TUXTLA GUTIÉRREZ MIÉRCOLES 24 DE FEBRERO DE 2010
Horacio Culebro fue uno de los promotores de las elecciones de diputados locales y Ayuntamientos, que este martes repuso el Congreso local por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Policías ministeriales arrestaron al abogado y ex diputado local del PRD, Horacio Culebro Borrayas, a quien se le investiga por la muerte de un líder ambientalista en el municipio de Chicomuselo, a finales del año pasado.
Agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), encabezados por el comandante Céspedes, interceptaron al abogado y maestro en Derecho Constitucional, en una de las calles de esta capital.
Horacio Culebro fue uno de los promotores de las elecciones de diputados locales y Ayuntamientos, que este martes repuso el Congreso local por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
"Me detienen sin citatorio y sin especificarme los motivos, aunque presumo que es para la ampliación de declaraciones rendidas hace algunos días por el caso de Mariano Abarca", señaló al ser detenido.
La semana pasada, el Juzgado Séptimo de Distrito otorgó al abogado el amparo 210/2010 contra probables actos arbitrarios del gobierno estatal.
Abogados de su corporativo indicaron que esta noche Culebro Borrayas comparece en declaraciones ante el Ministerio público del fuero común.
El ex legislador del Partido de la Revolución Democrático fue director jurídico del registro agrario y director jurídico de lo contencioso, durante la administración de Cuahutémoc Cárdenas en el gobierno del Distrito Federal.
fml
lunes, 22 de febrero de 2010
México SA: Un desastre, política y concesiones mineras
Sábado 20 de febrero de 2010
Pues bien, entre el supuesto y el hecho el resultado es catastrófico, según lo ha documentado la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano que en su revisión de la Cuenta Pública 2008 deja en claro que la política y las concesiones mineras son un verdadero desastre, a tal grado que comprobó que de las 24 mil 713 concesiones mineras vigentes (hasta ese año) la Secretaría de Economía y áreas especializadas sólo realizó nueve visitas de inspección, lo que indica que la Dirección General de Minas no desempeña su facultad de verificar el cumplimiento de obligaciones de los concesionarios mineros, en términos del artículo 33, fracción 12, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, ya que en este rubro su eficiencia alcanzó 0.04 por ciento del total de concesiones.
La Ley Minera vigente, expedida en el salinato (26 de junio de 1992, reglamentaria del artículo 27 constitucional), se reformó en tres ocasiones: el 24 de diciembre de 1996, para dar certeza jurídica (una frase muy calderonista, pero utilizada 18 años atrás) a los concesionarios y simplificar el otorgamiento de las concesiones mineras; el 28 de abril de 2005, con la finalidad de que se expida un solo título de concesión minera en sustitución de la práctica de expedir títulos para exploración o explotación, y el 26 de junio de 2006, cuando se le adicionaron reglas para la inversión extranjera. Entre otros grandes resultados destaca el que la explotación de las minas nacionales y la comercialización del producto obtenido beneficia en mayor medida a las grandes empresas, dejando a las pequeñas y medianas la rebanada más delgada del pastel.
Pero más allá de la concentración de la riqueza (la minera, en este caso), la revisión realizada por la ASF da cuenta del ostentoso incumplimiento de la Secretaría de Economía en materia minera, aunque no es la única instancia gubernamental dedicada a cuidarle el negocio al gran capital, en demérito de los trabajadores mineros, como Javier Loinsano Alarcón comprende a la perfección. Así funcionan la dependencia a cargo de Gerardo Ruiz Mateos y sus órganos especializados (la Coordinación General de Minería –CGM–; la Dirección General de Promoción Minera –DGPM– y la Dirección General de Minas –DGM). Por ello, va un rápido paseo por los hallazgos de la Auditoría en le referida revisión:
Para los ejercicios fiscales 2007, 2008 y 2009, la Secretaría de Economía no formuló la política pública en materia minera, en incumplimiento de la ley respectiva, al tiempo que se detectaron actos u omisiones que podrían constituir responsabilidades administrativas. No sólo eso, sino que entre los incumplimientos sobresalen: no fijó indicador para medir el cumplimiento del objetivo de impulsar la creación, desarrollo y consolidación de las empresas mineras; no llevó a cabo acciones específicas para la promoción de la competitividad de y para las empresas mineras; no fijó metas e indicadores en la promoción de la inversión; omitió la verificación de los requisitos, los cuales los solicitantes de concesión minera están obligados a cubrir; exceso en los plazos para la emisión de las proposiciones a titulo y expedición de los títulos de concesión minera; omitió verificar las obligaciones de presentar informes estadísticos, técnicos y contables, de comprobación de obras, de pago de derechos por solicitud de concesión minera, y de pago de derechos por concesión minera; no actualizó las cuotas de inversión en obras y trabajos mineros; no realizó visitas a efecto de verificar el cumplimiento de obligaciones de los concesionarios mineros; los procedimientos de cancelación de las concesiones mineras se iniciaron de forma extemporánea y no se incluye, en el Sistema de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Economía, la totalidad de los indicadores de la Coordinación General de Minería.
Carlos Fernández-Vega
T
ratándose de la propiedad de la nación, en términos constitucionales, lo menos que puede esperarse de la autoridad encargada (algunos le llamanresponsable) es que cuide y proteja los intereses de los mexicanos, que esté atenta y evite excesos, irregularidades e ilegalidades. Eso se supone que hace, por ejemplo, la Secretaría de Economía, obligada por ley y oficialmente responsable de la política en materia minera, y como parte de ella las concesiones que otorga a particulares.
Pues bien, entre el supuesto y el hecho el resultado es catastrófico, según lo ha documentado la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano que en su revisión de la Cuenta Pública 2008 deja en claro que la política y las concesiones mineras son un verdadero desastre, a tal grado que comprobó que de las 24 mil 713 concesiones mineras vigentes (hasta ese año) la Secretaría de Economía y áreas especializadas sólo realizó nueve visitas de inspección, lo que indica que la Dirección General de Minas no desempeña su facultad de verificar el cumplimiento de obligaciones de los concesionarios mineros, en términos del artículo 33, fracción 12, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, ya que en este rubro su eficiencia alcanzó 0.04 por ciento del total de concesiones.
La Ley Minera vigente, expedida en el salinato (26 de junio de 1992, reglamentaria del artículo 27 constitucional), se reformó en tres ocasiones: el 24 de diciembre de 1996, para dar certeza jurídica (una frase muy calderonista, pero utilizada 18 años atrás) a los concesionarios y simplificar el otorgamiento de las concesiones mineras; el 28 de abril de 2005, con la finalidad de que se expida un solo título de concesión minera en sustitución de la práctica de expedir títulos para exploración o explotación, y el 26 de junio de 2006, cuando se le adicionaron reglas para la inversión extranjera. Entre otros grandes resultados destaca el que la explotación de las minas nacionales y la comercialización del producto obtenido beneficia en mayor medida a las grandes empresas, dejando a las pequeñas y medianas la rebanada más delgada del pastel.
Pero más allá de la concentración de la riqueza (la minera, en este caso), la revisión realizada por la ASF da cuenta del ostentoso incumplimiento de la Secretaría de Economía en materia minera, aunque no es la única instancia gubernamental dedicada a cuidarle el negocio al gran capital, en demérito de los trabajadores mineros, como Javier Loinsano Alarcón comprende a la perfección. Así funcionan la dependencia a cargo de Gerardo Ruiz Mateos y sus órganos especializados (la Coordinación General de Minería –CGM–; la Dirección General de Promoción Minera –DGPM– y la Dirección General de Minas –DGM). Por ello, va un rápido paseo por los hallazgos de la Auditoría en le referida revisión:
Para los ejercicios fiscales 2007, 2008 y 2009, la Secretaría de Economía no formuló la política pública en materia minera, en incumplimiento de la ley respectiva, al tiempo que se detectaron actos u omisiones que podrían constituir responsabilidades administrativas. No sólo eso, sino que entre los incumplimientos sobresalen: no fijó indicador para medir el cumplimiento del objetivo de impulsar la creación, desarrollo y consolidación de las empresas mineras; no llevó a cabo acciones específicas para la promoción de la competitividad de y para las empresas mineras; no fijó metas e indicadores en la promoción de la inversión; omitió la verificación de los requisitos, los cuales los solicitantes de concesión minera están obligados a cubrir; exceso en los plazos para la emisión de las proposiciones a titulo y expedición de los títulos de concesión minera; omitió verificar las obligaciones de presentar informes estadísticos, técnicos y contables, de comprobación de obras, de pago de derechos por solicitud de concesión minera, y de pago de derechos por concesión minera; no actualizó las cuotas de inversión en obras y trabajos mineros; no realizó visitas a efecto de verificar el cumplimiento de obligaciones de los concesionarios mineros; los procedimientos de cancelación de las concesiones mineras se iniciaron de forma extemporánea y no se incluye, en el Sistema de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Economía, la totalidad de los indicadores de la Coordinación General de Minería.
Una joya de la eficiencia, con Ruiz Mateos en el trono, que no vigila el cumplimiento de la ley y en nada contribuye al bienestar de los mexicanos. Por ejemplo, en el ejercicio fiscal 2008 la CGM fijó una meta de 7 mil 200 nuevos empleos en el sector (5.2 por ciento más que en 2007). Sin embargo, la dependencia reportó la pérdida de 2 mil 228 empleos en el sector minero en el cuarto trimestre del citado año y justificó que la meta
no se alcanzó por la caída, en el trimestre citado, de la demanda externa de minerales, la crisis económica y la baja en los precios de los metales. CGM no fue eficaz en la promoción de la generación de empleos en el ejercicio fiscal de 2008, en incumplimiento del Programa Sectorial de Economía 2007-2012.
Por si fuera poco, con la revisión de los expedientes de la muestra de 114 concesiones vigentes en 2008, la ASF documentó que ni los concesionarios informan a la DGM ni ésta verifica que los concesionarios cumplan con las normas oficiales en materia de seguridad de minas y de equilibrio ecológico y protección al ambiente; la Ley Minera señala que corresponde a la Secretaría de Economía verificar el cumplimiento de los deberes y obligaciones a quienes lleven a cabo la exploración, explotación o beneficio de minerales o sustancias concesibles, e imponer las sanciones correspondientes; de lo anterior, concluye, sólo contó con la información de 3 de 114 concesionarios mineros, un
índice de eficaciade apenas 2.6 por ciento. Además, se registraron pago de derechos (de por sí ridículos) por abajo de lo legalmente establecido; por medio del referido muestreo, se documentó que 11 concesionarios pagaron de menos y 18 omitieron los pagos conforme a la cuota que les correspondía en ese ejercicio fiscal, de acuerdo con las hectáreas concesionadas y la fecha del otorgamiento de la concesión.
Y así por el estilo. Eso sí, a la hora de madrear mineros son puntuales y siempre están en primera fila.
México SA: México, paraíso para consorcios mineros
Lunes 8 de febrero de 2010
Carlos Fernández-Vega
A
llá por septiembre del año pasado, en plena negociación del paquete económico 2009, a un senador tricolor,en nombre propio y en el de varios de sus compañeros de bancada, se le ocurrió proponer una iniciativa con proyecto de decreto para modificar diversos artículos legales y así obligar a las grandes empresas mineras (autóctonas y foráneas) que explotan esa riqueza, supuestamente propiedad de la nación, a enterar al fisco cantidades suculentamente mayores a las que hasta ahora aportan, si así se le puede llamar, dada la voluminosa riqueza que obtienen. Concretamente, promovía el cobro de un derecho por 4 por ciento sobre el valor de los bienes sujetos a extracción,
cuantificado en el lugar donde se dan estas actividades, independientemente del domicilio fiscal de las empresas o particulares, titulares de la concesión o asignación minera correspondiente.
Uno de los elementos que sustentaron tal iniciativa resulta tan simple como aberrante: por obra y gracia del gobierno federal, no sin la santa mano del Legislativo, los beneficiarios de concesiones y asignaciones mineras en México deben pagar semestralmente, por cada hectárea o fracción concesionada o asignada, el derecho sobre minería de acuerdo con una tarifa de cuotas, las cuales son verdaderamente ridículas, pues en 2009 se fijaron entre 5 (la mínima) y 101 pesos (la máxima) por hectárea, de acuerdo con los años de vigencia de la concesión, independientemente del valor y el volumen del mineral obtenido.
¿Qué sucedió? Ante tal pretensión, más rápida que la inundación en El Arenal la oligarquía minera que opera en el país soltó a sus
cabilderos–entre ellos la propia Secretaría de Economía– para que tal iniciativa no pasara de ser un mal chiste y fuera a parar directamente al bote de la basura, lo que, dicho sea de paso, sucedió. De hecho, en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 se lee:
regalías provenientes de fondos y explotaciones mineras: 0.0 pesos, y para el mismo año las citadas cuotas aprobadas se
incrementarona 5.08 (la mínima) y 111.27 pesos (la máxima).
Como en tantos otros renglones de la actividad económica, México se ha convertido en un paraíso para los consorcios mineros, los que no solamente gozan del privilegio de la consolidación fiscal, sino que el que otorga las concesiones –el gobierno federal– les acomoda unas cuotas verdaderamente insignificantes, mientras a la población le carga la mano y le cobra crecientes impuestos, amén de que le inventa cualquier cantidad de ellos.
De acuerdo con información de la Cámara Minera de México, en Argentina se aplica un impuesto de 3 por ciento a la extracción minera; en Brasil la tasa varía según el mineral de que se trate, pero va de 2 a 3 por ciento; en Chile de 0.5 a 5 por ciento y en Perú de 1 a 3 por ciento. ¿En México? Cero por ciento; sólo la simbólica cuota fija por hectárea. Y por lo que toca a regalías mineras, la base para el reparto es así: Argentina, sobre valor boca mina; Brasil, ingreso neto; Chile, sobre renta gravable con ciertas adiciones y deducciones; Perú, ingresos menos algunos costos de tratamiento. ¿En México? Sencillo: cuota por hectárea y consolidación fiscal (en Canadá no se permite, de allí que el mayor número de empresas extranjeras barrenando el país sean de esa nacionalidad, porque aquí sí).
De la citada iniciativa se retoman los siguientes elementos que sirven de contexto: “la explotación minera en el país ha dejado a su paso daños ecológicos de importancia, en virtud de las tecnologías que se usan y usaron a través de los tiempos, teniendo como ejemplo la deforestación, la contaminación de cuencas hidrológicas por los desechos mineros, así como empobrecimiento y mala salud de los habitantes de dichos lugares. Los principales productos de la minería son bienes del subsuelo, cuya propiedad original corresponde la nación como establece el artículo 27 de la Constitución.
Sin embargo, el pueblo de México no recibe por estos bienes ningún beneficio económico directo. De ahí que analizando el valor de los minerales consideramos que siendo estos bienes sujetos a riqueza agregada es menester darles un valor, que deberá ser la base para el establecimiento de un derecho. Los ingresos obtenidos deberán asignarse a los tres órdenes de gobierno para ejercerlos bajo su responsabilidad en programas de desarrollo regional sustentable. Desde 1955 se derogó la Ley del Impuesto y Fomento a la Minería, que sustituyó a la Ley de Impuestos y Derecho relativa a la minería de 1934.
A la fecha sólo subsisten las cuotas referidas, que
son simbólicas y no representan un monto importante en la recaudación federal; la base para este derecho (número de hectáreas concesionadas) es una aberración económica, ya que debería ser fijado de acuerdo con el volumen o cantidad de mineral extraído, el cual nada tiene que ver con el número de hectáreas concesionadas o asignadas al particular; el texto vigente no considera a los minerales producidos en función a su valor de comercialización, sino solamente a la superficie del terreno sobre el cual se otorga una concesión o asignación correspondiente.
La actividad minera equivale a 1.6 por ciento del PIB, pero estados, municipios y Distrito Federal reciben una cantidad mínima.
Con el 4 por ciento se facilitaría el cálculo por tratarse de una tasa única, aplicable a todas las sustancias y minerales sujetos a la ley de referencia, y de paso se cumpliría con el principio constitucional de generalidad al dar trato igual a todos los sujetos afectos al gravamen. Entonces, ¿dónde quedó la iniciativa?
Las rebanadas del pastel
En una misma zona geográfica, ¿qué marca la diferencia entre
un desastre naturaly
una emergencia, es decir entre la terrible inundación en los municipios conurbados del estado de México y la correspondiente en el norte del Distrito Federal? Un burócrata con militancia partidista en la Secretaría de Gobernación… En esto de la mina Paredones Amarillos en Baja California Sur, el pasado sábado un indignado lector, que firma como Cuitláhuac Miravalle, cual niño héroe brincó a la palestra envuelto en la bandera del gobernador Agúndez para defenderlo y reclamar a este tecleador que el mandatario
ya dijoque votará en contra del proyecto, cuando es obvio que de lengua los políticos se comen el perol completo. ¿Sirve de algo que
voteen contra, cuando él mismo pretexta que es una decisión de la Semarnat? Propaganda barata que comparte y promueve el nostálgico cuan misterioso reclamante. No se trata de
decir, sino de hacer, movilizar, encabezar –por ser el gobernador quien tiene las herramientas legales para hacerlo– la protesta ciudadana e impedir el ecocidio en la reserva de la biosfera Sierra de la Laguna. Que
ya dijo. ¿Y? Así es: los legisladores tricolorestambién
dijerony ya ven.
martes, 16 de febrero de 2010
Canada's Long Road To Mining Reform
http://www.countercurrents.org/mychalejko270110.htm
By Cyril Mychalejko
By Cyril Mychalejko
27 January, 2010
Countercurrents.org
Rape. Murder. Corruption. Environmental contamination. Impunity. These are just some of the charges and incidents that have plagued Canadian mining operations abroad for years. Now one Canadian lawmaker has taken on the Herculean challenge of legislating mining reform in a country that has traditionally acted like a parent in denial.
"The mining industry in Canada is too powerful a lobby," saidLiberal Member of Parliament (MP) John McKay.
Sixty percent of the world's mining corporations come from Canada. According to a report by InfoMine , Canadian mining corporations listed on the Toronto Stock Exchange had 1,010 projects in South America, 578 in Mexico, 703 in Africa, 376 in Asia and 345 in Australia, New Zealand and Papua New Guinea in 2009. Canada also accounts for 19 percent of global mining exploration spending, which totaled at $13.2 billion. Gold, silver, copper and nickel are among the minerals the industry scours the globe for. In Canada the industry employs 193 registered lobbyists.
McKay's bill, C-300 , would empower the Canadian federal government to investigate complaints of human rights and environmental abuses leveled against mining companies. If the Ministers investigating a company find it guilty of violating social and environmental standards laid out in the bill, the company, if receiving support from the Canada Pension Planor Export Development Canada could lose funding from the respective organizations.
"It's limited, but a positive step forward overall," said Sakura Saunders, editor of www.ProtestBarrick.net , a website that provides research and organizing information around mining issues, with a focus on Canadian Mining giant Barrick Gold . "But this bill is simply putting ethical guidelines on the investment and promotion of mining, oil and gas projects in developing countries. It treats the Canadian government as an investor rather than a government."
Dirty Business
Sarah Knuckey, a lawyer at the center for human rights at New York University School of Law, testified at a parliamentary hearing in Ottawa in November that security guards working at a mine in Papua New Guinea, owned by Barrick Gold, are guilty of gang raping local women.
"The guards, usually in a group of five or more, find a woman while they are patrolling on or near mine property. They take turns threatening, beating and raping her," said Knuckley. "In a number of cases, women reported to me being forced to chew and swallow condoms used by guards during the rape."
Amnesty International issued a public statement on December 9, 2009 revealing that local police at the same mine in Papua New Guinea violently evicted local families and burned down and destroyed at least 130 buildings and houses. Barrick initially denied the allegations, but after the conclusions of Amnesty's local investigation were released the company was forced to accept the findings.
Barrick was also recently accused of failing to comply with environmental standards in Chile and of anti-union discrimination in Argentina.
On November 27, 2009 another Canadian company made headlines when a Chiapan anti-mining organizer, Mariano Abarca Roblero, was assassinated. One employee and two former employees of Calgary-based Blackfire Exploration Ltd.were arrested for the murder. Other local anti-mining activists have also reported receiving death threats. Documents were later released revealing that the company was bribing the local mayor.
"We have obtained documents - which Blackfire admits are genuine - that clearly show payments of US$1,000 a month going directly into the Mayor of Chicomuselo's bank account on the understanding that municipal authorities would keep community members opposed to the mine under control,"explained Rick Arnold, coordinator for Common Frontiers-Canada .
Less than a month later, two anti-mining activists were killed in El Salvador within a week of each other, where Canada's Pacific Rim Mining Co. has been facing resistance to a proposed gold and silver mine in the area. The company is currently using a US-based subsidiary and provisions in the Central American Free Trade Agreement to sue El Salvador's government for refusing to grant the company permission to commercialize the potentially destructive El Dorado mine.
"The company's presence continues to create violence and conflict by their continued insistence on opening the mine despite widespread community opposition," said Alexis Stoumbelis, Executive Director of the Committee in Solidarity with the People of El Salvador (CISPES). "At this point, the only ethical thing for Pacific Rim to do is to leave El Salvador and to withdraw their lawsuits against the Salvadoran government."
Pacific Rim refuses to acknowledge that the violence is related to their widely unpopular project.
"The violence in Mexico and El Salvador are the logical and tragic outcome of a system that delivers millions of dollars to unethical people running unethical and even criminal companies with no oversight whatsoever," said Carlos Zorrilla, director of Defensa y Conservacion Ecologica de Intag (DECOIN) .
Zorrilla is no stranger to anti-mining violence. He had to go into hiding because of his organizing against Copper Mesa Mining Corp. (formerly Ascendant Copper ). The United Nations' high commissioner for human rights investigated his case. The company was also accused of using paramilitaries to intimidate local anti-mining community members. Copper Mesa, along with the Toronto Stock Exchange, are now being sued by three local Ecuadorians.
Finally, the Honduran government is investigating claims that Canada´s Goldcorp Inc. contaminated the Siria Valley with toxic heavy metals from its San Martin mine, which local villagers and NGO's claim has caused health problems with the local population and killed livestock. The Guardian reports that two studies from scientists at Newcastle University supports the complaints against the mining company. What is uncertain, yet probably unlikely, is whether the new right-wing, and to many around the globe illegitimate administration, will continue with the investigation. It should be noted that Goldcorp supported the coup that removed President Manuel Zelaya bybusing workers to pro-coup marches.
And these are just a few recent incidents, with more operations across the globe, from Burma (Myanmar) to Guatemala , drawing the ire of human rights and environmental activists, as well as the effected communities.
A Long Shot That Still Comes Up Short
In light of this bloody history, one of the C-300 bill's shortcomings is that it would not stop mining companies found guilty of abuses from continuing their operations. It would just take away one slice of their funding.
"We need legal reform in Canada and the scope of this bill is quite limited," said Karyn Keenan, a Program Officer withHalifax Initiative Coalition . "[But] Law reform in Canada happens in an incremental way...and that's just the reality."
CISPES's Stoumbelis has a harsher assessment of the bill. She points out that it does nothing to address the unjust global political and economic system which allows countries like Canada to exploit other nations, their people, and its resources with impunity.
"The idea of corporate social responsibility is a weak framework, in my opinion, because it doesn't fundamentally change the balance of power. Under the current neoliberal model, the right of a corporation to make a profit is upheld over the rights of an individual or a community to have safe water and land on which to farm," said CISPES's Stoumbelis. "Toughening regulations, while necessary, doesn't go far enough to challenge these fundamental inequalities. It doesn't seem possible to have any form of mining that is good for the environment or for developing sustainable industries or economies in Latin America or elsewhere, and with the state of the global climate, it seems like we should be looking more at alternatives than at regulation."
In 2007 the Canadian government created roundtable sessions with representatives from the mining industry and activists and academics from civil society to address the lack of oversight for an industry with an infamous global reputation of human rights abuses and environmental destruction. Two years later, the result of the roundtable's recommendationswas the creation of an oversight mechanism that allows an "independent" corporate social responsibility (CSR) counselor to investigate allegations against mining companies--but only if the accused company gives consent to be investigated. The appointed "independent" investigator, Marketa Evans, who just happens to be "founding director of the University of Toronto's Munk Centre – named for and funded by Peter Munk, founder of Canada's Barrick Gold," answered critics of the policy masquerading as reform by telling The Toronto Star that "My hypothesis is that companies will want to participate in a review."
Whether you believe that, critics accuse the government of watering down and dismissing what at the time was thought to be another "step forward."
MiningWatch Canada , a Canadian non-profit committed to aiding mining reform efforts, responded by pointing out, "Collectively, the voluntary guidelines proposed by the Government of Canada do not reflect, nor do they ensure respect for, all international human rights norms and practices that may be affected by Canadian mining companies operating abroad."
Currently, the conservative Harper government believes Bill C-300 is unnecessary, and is looking to maintain the status quo. Trade Minister Stockwell Day said at a press conference on January 13 more voluntary standards coupled with shareholder pressure is all that is needed.
"One of the compelling factors that exists today is the very awareness that can be so easily transmitted if a company seems to be going offside in some area, shareholders demand that," said Day. "There is very little tolerance among shareholders for wrong practices."
The Harper government launched a new corporate social responsibility website to help Canadian companies "raise the bar for excellent CSR-related practices in the extractive industry." But recent testimony and reports suggest that the "bar" is starting on the ground.
Yet Canada´s powerful mining lobby is still fighting back. Canadian law firm McCarthy Tetrault´s answer to Bill C-300was a veiled threat by suggesting that if Bill C-300 passes it would "encourage mining companies to locate in jurisdictions with less regulation, and no commitment to CSR efforts."
Vince Borg, a spokesperson for Barrick Gold, also respondedto allegations presented before parliament in November.
"The hearings have amply demonstrated how Bill C-300 has become a magnet for false and unsubstantiated allegations from individuals anywhere in the world and do nothing but unduly harm the Canadian mining industry," said Borg.
Protest Barrick's Saunders was unsurprised by the company's statements and campaign to defeat the bill.
"Barrick Gold is the Canadian Company with the most to lose," said Saunders. "And they apparently don't get in any trouble for telling blatant lies."
She pointed out one glaring lie where Barrick claimed that "there is no evidence" that there has been "serious human health impacts or even deaths" associated with a toxic spill that occurred last May in Tanzania. Within three weeks of the spill, major papers in the country reported that at least 20 people and 300 cows had died. Up to this day, villagers still suffer from skin diseases and plant and animal death.
"I think the bill has a very slim chance of passing, but the heightened public awareness of the bad behavior of Canadian mining companies abroad that media coverage of the bill has brought could help," added Saunders. "But perhaps what's best about the bill is that the debate around C-300 has exposed the inner workings and relationship of the Canadian government with the mining industry."
It's expected that the bill will receive another parliamentary reading in March, when it would have to be voted out of committee. It would then need Senate approval, with uniform opposition expected from the country's ruling Conservative majority making it highly unlikely.
Karen Spring, an activist with Rights Action , a human rights organization that works with communities effected by mining in Central America, although highly critical of the bill agrees with Saunders that despite the its shortcomings, and even if it doesn't pass, it has served a purpose.
"The strengths of the bill, in my opinion, is the public campaign on the part of the Canadian public and NGOs that are supporting the bill in drawing a lot of critical attention to the mining companies," said Spring. "The campaign is educating the Canadian public about the poor practices of Canadian mining companies abroad, and at the same time, giving Canadian citizens a direct way of getting involved with the struggle against the human rights violations these companies are committing abroad."
But Spring notes that the campaign supporting Bill C-300 has overshadowed a stronger legislation, the International Protection and Promotion of Human Rights Act, or Bill C-354. Proposed by New Democratic Party (NDP) MP Peter Julian , the bill would allow foreigners to sue Canadian companies in Canadian courts for human rights abuses, regardless of where the abuses take place. It replicates the United States' Alien Tort Claims Act, which survivors of torture in other countries have used to sue their torturers in US courts.
"If the Canadian government is at all interested in putting respect of human rights, and of life itself, above protecting and promoting the rights of their companies to make money overseas, then they will adopt measures such as bill C-300," said Ecuadorian anti-mining activist Zorrilla. "One is left to wonder how many more deaths it will take to convince the Canadian Parliament- and people- that something needs to be urgently done to reign in their corporations and prevent all these tragedies."
Cyril Mychalejko is an editor atwww.UpsideDownWorld.org , an online magazine covering politics and activism in Latin America. He also serves on the board of the Canary Institute . This article was originally published at www.TowardFreedom.com .
Countercurrents.org
Rape. Murder. Corruption. Environmental contamination. Impunity. These are just some of the charges and incidents that have plagued Canadian mining operations abroad for years. Now one Canadian lawmaker has taken on the Herculean challenge of legislating mining reform in a country that has traditionally acted like a parent in denial.
"The mining industry in Canada is too powerful a lobby," saidLiberal Member of Parliament (MP) John McKay.
Sixty percent of the world's mining corporations come from Canada. According to a report by InfoMine , Canadian mining corporations listed on the Toronto Stock Exchange had 1,010 projects in South America, 578 in Mexico, 703 in Africa, 376 in Asia and 345 in Australia, New Zealand and Papua New Guinea in 2009. Canada also accounts for 19 percent of global mining exploration spending, which totaled at $13.2 billion. Gold, silver, copper and nickel are among the minerals the industry scours the globe for. In Canada the industry employs 193 registered lobbyists.
McKay's bill, C-300 , would empower the Canadian federal government to investigate complaints of human rights and environmental abuses leveled against mining companies. If the Ministers investigating a company find it guilty of violating social and environmental standards laid out in the bill, the company, if receiving support from the Canada Pension Planor Export Development Canada could lose funding from the respective organizations.
"It's limited, but a positive step forward overall," said Sakura Saunders, editor of www.ProtestBarrick.net , a website that provides research and organizing information around mining issues, with a focus on Canadian Mining giant Barrick Gold . "But this bill is simply putting ethical guidelines on the investment and promotion of mining, oil and gas projects in developing countries. It treats the Canadian government as an investor rather than a government."
Dirty Business
Sarah Knuckey, a lawyer at the center for human rights at New York University School of Law, testified at a parliamentary hearing in Ottawa in November that security guards working at a mine in Papua New Guinea, owned by Barrick Gold, are guilty of gang raping local women.
"The guards, usually in a group of five or more, find a woman while they are patrolling on or near mine property. They take turns threatening, beating and raping her," said Knuckley. "In a number of cases, women reported to me being forced to chew and swallow condoms used by guards during the rape."
Amnesty International issued a public statement on December 9, 2009 revealing that local police at the same mine in Papua New Guinea violently evicted local families and burned down and destroyed at least 130 buildings and houses. Barrick initially denied the allegations, but after the conclusions of Amnesty's local investigation were released the company was forced to accept the findings.
Barrick was also recently accused of failing to comply with environmental standards in Chile and of anti-union discrimination in Argentina.
On November 27, 2009 another Canadian company made headlines when a Chiapan anti-mining organizer, Mariano Abarca Roblero, was assassinated. One employee and two former employees of Calgary-based Blackfire Exploration Ltd.were arrested for the murder. Other local anti-mining activists have also reported receiving death threats. Documents were later released revealing that the company was bribing the local mayor.
"We have obtained documents - which Blackfire admits are genuine - that clearly show payments of US$1,000 a month going directly into the Mayor of Chicomuselo's bank account on the understanding that municipal authorities would keep community members opposed to the mine under control,"explained Rick Arnold, coordinator for Common Frontiers-Canada .
Less than a month later, two anti-mining activists were killed in El Salvador within a week of each other, where Canada's Pacific Rim Mining Co. has been facing resistance to a proposed gold and silver mine in the area. The company is currently using a US-based subsidiary and provisions in the Central American Free Trade Agreement to sue El Salvador's government for refusing to grant the company permission to commercialize the potentially destructive El Dorado mine.
"The company's presence continues to create violence and conflict by their continued insistence on opening the mine despite widespread community opposition," said Alexis Stoumbelis, Executive Director of the Committee in Solidarity with the People of El Salvador (CISPES). "At this point, the only ethical thing for Pacific Rim to do is to leave El Salvador and to withdraw their lawsuits against the Salvadoran government."
Pacific Rim refuses to acknowledge that the violence is related to their widely unpopular project.
"The violence in Mexico and El Salvador are the logical and tragic outcome of a system that delivers millions of dollars to unethical people running unethical and even criminal companies with no oversight whatsoever," said Carlos Zorrilla, director of Defensa y Conservacion Ecologica de Intag (DECOIN) .
Zorrilla is no stranger to anti-mining violence. He had to go into hiding because of his organizing against Copper Mesa Mining Corp. (formerly Ascendant Copper ). The United Nations' high commissioner for human rights investigated his case. The company was also accused of using paramilitaries to intimidate local anti-mining community members. Copper Mesa, along with the Toronto Stock Exchange, are now being sued by three local Ecuadorians.
Finally, the Honduran government is investigating claims that Canada´s Goldcorp Inc. contaminated the Siria Valley with toxic heavy metals from its San Martin mine, which local villagers and NGO's claim has caused health problems with the local population and killed livestock. The Guardian reports that two studies from scientists at Newcastle University supports the complaints against the mining company. What is uncertain, yet probably unlikely, is whether the new right-wing, and to many around the globe illegitimate administration, will continue with the investigation. It should be noted that Goldcorp supported the coup that removed President Manuel Zelaya bybusing workers to pro-coup marches.
And these are just a few recent incidents, with more operations across the globe, from Burma (Myanmar) to Guatemala , drawing the ire of human rights and environmental activists, as well as the effected communities.
A Long Shot That Still Comes Up Short
In light of this bloody history, one of the C-300 bill's shortcomings is that it would not stop mining companies found guilty of abuses from continuing their operations. It would just take away one slice of their funding.
"We need legal reform in Canada and the scope of this bill is quite limited," said Karyn Keenan, a Program Officer withHalifax Initiative Coalition . "[But] Law reform in Canada happens in an incremental way...and that's just the reality."
CISPES's Stoumbelis has a harsher assessment of the bill. She points out that it does nothing to address the unjust global political and economic system which allows countries like Canada to exploit other nations, their people, and its resources with impunity.
"The idea of corporate social responsibility is a weak framework, in my opinion, because it doesn't fundamentally change the balance of power. Under the current neoliberal model, the right of a corporation to make a profit is upheld over the rights of an individual or a community to have safe water and land on which to farm," said CISPES's Stoumbelis. "Toughening regulations, while necessary, doesn't go far enough to challenge these fundamental inequalities. It doesn't seem possible to have any form of mining that is good for the environment or for developing sustainable industries or economies in Latin America or elsewhere, and with the state of the global climate, it seems like we should be looking more at alternatives than at regulation."
In 2007 the Canadian government created roundtable sessions with representatives from the mining industry and activists and academics from civil society to address the lack of oversight for an industry with an infamous global reputation of human rights abuses and environmental destruction. Two years later, the result of the roundtable's recommendationswas the creation of an oversight mechanism that allows an "independent" corporate social responsibility (CSR) counselor to investigate allegations against mining companies--but only if the accused company gives consent to be investigated. The appointed "independent" investigator, Marketa Evans, who just happens to be "founding director of the University of Toronto's Munk Centre – named for and funded by Peter Munk, founder of Canada's Barrick Gold," answered critics of the policy masquerading as reform by telling The Toronto Star that "My hypothesis is that companies will want to participate in a review."
Whether you believe that, critics accuse the government of watering down and dismissing what at the time was thought to be another "step forward."
MiningWatch Canada , a Canadian non-profit committed to aiding mining reform efforts, responded by pointing out, "Collectively, the voluntary guidelines proposed by the Government of Canada do not reflect, nor do they ensure respect for, all international human rights norms and practices that may be affected by Canadian mining companies operating abroad."
Currently, the conservative Harper government believes Bill C-300 is unnecessary, and is looking to maintain the status quo. Trade Minister Stockwell Day said at a press conference on January 13 more voluntary standards coupled with shareholder pressure is all that is needed.
"One of the compelling factors that exists today is the very awareness that can be so easily transmitted if a company seems to be going offside in some area, shareholders demand that," said Day. "There is very little tolerance among shareholders for wrong practices."
The Harper government launched a new corporate social responsibility website to help Canadian companies "raise the bar for excellent CSR-related practices in the extractive industry." But recent testimony and reports suggest that the "bar" is starting on the ground.
Yet Canada´s powerful mining lobby is still fighting back. Canadian law firm McCarthy Tetrault´s answer to Bill C-300was a veiled threat by suggesting that if Bill C-300 passes it would "encourage mining companies to locate in jurisdictions with less regulation, and no commitment to CSR efforts."
Vince Borg, a spokesperson for Barrick Gold, also respondedto allegations presented before parliament in November.
"The hearings have amply demonstrated how Bill C-300 has become a magnet for false and unsubstantiated allegations from individuals anywhere in the world and do nothing but unduly harm the Canadian mining industry," said Borg.
Protest Barrick's Saunders was unsurprised by the company's statements and campaign to defeat the bill.
"Barrick Gold is the Canadian Company with the most to lose," said Saunders. "And they apparently don't get in any trouble for telling blatant lies."
She pointed out one glaring lie where Barrick claimed that "there is no evidence" that there has been "serious human health impacts or even deaths" associated with a toxic spill that occurred last May in Tanzania. Within three weeks of the spill, major papers in the country reported that at least 20 people and 300 cows had died. Up to this day, villagers still suffer from skin diseases and plant and animal death.
"I think the bill has a very slim chance of passing, but the heightened public awareness of the bad behavior of Canadian mining companies abroad that media coverage of the bill has brought could help," added Saunders. "But perhaps what's best about the bill is that the debate around C-300 has exposed the inner workings and relationship of the Canadian government with the mining industry."
It's expected that the bill will receive another parliamentary reading in March, when it would have to be voted out of committee. It would then need Senate approval, with uniform opposition expected from the country's ruling Conservative majority making it highly unlikely.
Karen Spring, an activist with Rights Action , a human rights organization that works with communities effected by mining in Central America, although highly critical of the bill agrees with Saunders that despite the its shortcomings, and even if it doesn't pass, it has served a purpose.
"The strengths of the bill, in my opinion, is the public campaign on the part of the Canadian public and NGOs that are supporting the bill in drawing a lot of critical attention to the mining companies," said Spring. "The campaign is educating the Canadian public about the poor practices of Canadian mining companies abroad, and at the same time, giving Canadian citizens a direct way of getting involved with the struggle against the human rights violations these companies are committing abroad."
But Spring notes that the campaign supporting Bill C-300 has overshadowed a stronger legislation, the International Protection and Promotion of Human Rights Act, or Bill C-354. Proposed by New Democratic Party (NDP) MP Peter Julian , the bill would allow foreigners to sue Canadian companies in Canadian courts for human rights abuses, regardless of where the abuses take place. It replicates the United States' Alien Tort Claims Act, which survivors of torture in other countries have used to sue their torturers in US courts.
"If the Canadian government is at all interested in putting respect of human rights, and of life itself, above protecting and promoting the rights of their companies to make money overseas, then they will adopt measures such as bill C-300," said Ecuadorian anti-mining activist Zorrilla. "One is left to wonder how many more deaths it will take to convince the Canadian Parliament- and people- that something needs to be urgently done to reign in their corporations and prevent all these tragedies."
Cyril Mychalejko is an editor atwww.UpsideDownWorld.org , an online magazine covering politics and activism in Latin America. He also serves on the board of the Canary Institute . This article was originally published at www.TowardFreedom.com .
Dan préstamo a México para política ambiental
Martes 16 de Febrero, 2010 | Hora de creación: 12:00| Ultima modificación: 12:53 | |
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El gobierno mexicano suscribió hoy con la Agencia Francesa de Desarrollo un préstamo por 185 millones de euros, para respaldar la política de medio ambiente y combatir el cambio climático. En comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) señaló que se trata del primer crédito otorgado por dicho organismo en México, en el contexto de la reciente ampliación de sus actividades en América Latina. Este financiamiento se sustenta en el reconocimiento al Programa Especial de Cambio Climático que busca promover un desarrollo económico bajo en carbono y acciones de adaptación ante las consecuencias del cambio climático. De manera paralela, el organismo ofrecerá un programa de cooperación técnica para contribuir a la orientación de las políticas sectoriales en la materia y promoverá un diálogo binacional de alto nivel a fin de compartir experiencias de instrumentación de políticas sobre cambio climático. El crédito fue otorgado a una tasa variable referenciada a la Euribor, con un plazo de amortización de 20 años. Este préstamo está previsto en el techo de endeudamiento autorizado para el gobierno federal en el Presupuesto 2010. daam | |
Exigen católicos sacar a mineras de Chiapas
http://www.jornada.unam.mx/2009/04/16/index.php?section=estados&article=040n1est
Más de 3 mil marchan contra proyectos de Blackfire y Goldcorp
Siete parroquias de la diócesis de Tapachula rechazan proyectos que sólo fomentan
la desigualdad y la exclusión, afirma cura
Periódico La Jornada
Jueves 16 de abril de 2009, p. 40
Jueves 16 de abril de 2009, p. 40
Motozintla, Chis., 15 de abril. Alrededor de 3 mil católicos de varios municipios de la sierra de Chiapas marcharon en silencio para exigir la cancelación de 56 permisos de explotación minera otorgados a la empresa canadiense Blackfire y a la estadunidense Liner Goldcorp, con el argumento de que esta actividad sólo trae destrucción y muerte
.
La manifestación comenzó a las 10 de la mañana en el templo de San Obispo, en el vecino municipio de Mazapa de Madero.
Los manifestantes al frente de la marcha sostenían una manta que decía:No estamos de acuerdo con la extracción de minerales en nuestros municipios
.
Los católicos caminaron ocho kilómetros durante dos horas y media hasta llegar al centro de Motozintla.
Decenas de personas que estaban en la plaza se asombraron por la cantidad de manifestantes. Asustada, una mujer preguntó: ¿Va a haber guerrilla?
Los habitantes de la sierra chiapaneca aseguraron que Blackfire y Liner Goldcorp han obtenido concesiones para explotar barita, oro, plata y otros minerales en 29 municipios de la región, cercana a la frontera con Guatemala.
Señalaron que en el ejido Grecia, municipio de Chicomuselo, Blackfire extrae barita desde hace varios años, pero la mayoría de sus proyectos de explotación mineral están por comenzar.
Durante la misa con que finalizó la movilización, el párroco del templo de San Francisco de Asís, Alfredo Villanueva Espinosa, leyó una carta en la cual las siete parroquias de la zona –pertenecientes a la diócesis de Tapachula– aseguraron que la Iglesia católica se opone “al desarrollo que fomenta las desigualdades, atropella y excluye a las personas.
La persona humana debe estar por encima de cualquier proyecto económico o ley de la nación
, agrega la misiva, la cual reivindica la postura de la Iglesia al lado de las comunidades, pues donde haya un ser humano en peligro, ahí tiene que estar
.
Con una sotana blanca y casi a gritos, el sacerdote añadió: No podemos callar estos atropellos que incumben a las comunidades, pero también a nosotros como Iglesia
.
Aclaró que la marcha fue convocada por las parroquias de la sierra y dijo que no tiene relación alguna con partidos y grupos políticos, pues nuestro único interés es defender la vida y la dignidad humana
.
Tras dar un fuerte silbido para llamar la atención de los manifestantes, el párroco Villanueva Espinosa insistió:Necesitamos tomar conciencia de que tenemos que levantar la voz. No podemos seguir siendo una Iglesia pazguata, sorda y del silencio
.
Antes de dar la bendición y despedirse en medio de un fuerte aplauso, pues este jueves partirá a Colombia, donde permanecerá tres meses, el religioso expresó: Vamos a esperar los efectos de esta marcha
.
En la movilización participaron integrantes de los frentes Regional Contra las Privatizaciones (FRCP) y Nacional por el Socialismo (FNS), así como cafeticultores y miembros de organizaciones sociales y campesinas de los municipios de Motozintla, Siltepec, Bejucal de Ocampo y El Porvenir.
Denuncia el sindicato minero al Estado mexicano ante la CIDH
Violación al debido proceso en el caso Cananea, uno de los cargos
Periódico La Jornada
Martes 16 de febrero de 2010, p. 10
Martes 16 de febrero de 2010, p. 10
El sindicato minero denunció al Estado mexicano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, Estados Unidos, bajo cargos de violación al debido proceso legal y en perjuicio de mil 100 mineros de Cananea, luego de que el pasado jueves un tribunal federal mexicano cerró en definitiva las puertas de defensa que tenían los trabajadores para conservar sus empleos, informó el abogado Marco Antonio del Toro, miembro del equipo de asesores legales del gremio.
La CIDH ya admitió a trámite nuestra demanda contra el Estado mexicano por el golpe del aparato político, laboral y judicial mexicanos contra Napoleón Gómez Urrutia (líder del sindicato minero) y contra los más de mil mineros de Cananea; estamos esperando que la Comisión resuelva el tema de las medidas cautelares en favor del sindicato, a fin de que se pueda mantener bajo resguardo el centro de trabajo de los mineros
, expuso el litigante.
En entrevista con La Jornada, Del Toro recordó que por el momento ningún cuerpo policiaco o militar puede desalojar a los mineros de Cananea que permanecen en huelga, ya que un juez federal con sede en Sonora concedió una suspensión provisional en vía de amparo contra cualquier intento de alguna autoridad federal de tomar el control de las instalaciones del yacimiento.
Se trata de una denuncia directa en la que estamos diciendo que el Estado mexicano llevó a cabo una serie de actos que violan un debido proceso; en un debido proceso debes ser llamado a comparecer en un juicio imparcial, lo cual no ocurrió; debes poder ofrecer pruebas para tu defensa, lo cual se hizo, pero de las 50 probanzas que presentamos ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) nos las desecharon todas; debes poder alegar en tu favor de manera previa a que haya una resolución, lo cual no se nos permitió en el caso de Cananea
, destacó el abogado.
Añadió que también señalamos en esta demanda ante la CIDH algunas cuestiones de parcialidad de las autoridades laborales mexicanas, porque se advierte, con mucha claridad, por ejemplo, que en una hora con 20 minutos hayan definido la resolución del laudo de la JFCA, lo que materialmente era imposible
.
Lo más importante, expuso, es quetodo lo que hicieron las autoridades mexicanas en perjuicio de los mineros de Cananea riñe con el derecho de huelga asentado por la Ley Federal del Trabajo, ya que hace un año había sido determinada la huelga de Cananea legal y existente en tres distintas ocasiones y, de esta manera, el procedimiento de la junta laboral de terminación de las relaciones colectivas e individuales de trabajo viola directamente uno de los derechos más elementales en México, que es el derecho de huelga de los trabajadores
.
lunes, 15 de febrero de 2010
Clausuran mina de barita por afectar el ambiente
8DE DICIEMBRE, 2009
La mañana de este lunes, personal de la Secretaría del Medio Ambiente y Vivienda (Semavi), acudió a las instalaciones de la mina para realizar la clausura legal correspondiente, colocándose sellos en los accesos y en la maquinaria del lugar.
Tanto la empresa como los trabajadores opusieron resistencia en la verificación y la clausura, amenazando de manera verbal al personal de Semavi. Sin embargo, el personal de esta dependencia cumplió con sus responsabilidades formales, sin que existieran mayores incidentes.
Durante esta administración, recordó, no se ha dado ningún permiso para abrir nuevas minas, y aunque este tipo de concesiones son de índole federal, la opinión del Gobierno del Estado cuenta. En Chiapas sólo existen dos permisos para este tipo de minas (extensivas), y fueron otorgados en agosto de 2005.
"La vocación de nuestra tierra no es la minería extensiva, sino la producción de alimentos, expresó la secretaria del Medio Ambiente, Lourdes López Moreno.
Expuso que las minas de cueva, donde se extrae el ámbar, mineral que sirve para la joyería tradicional de Chiapas, no es contaminante, ni afecta el medio ambiente. Este tipo de minas son benéficas para la economía y no significan riesgo.
Es importante destacar que tanto los directivos como los trabajadores de dicha empresa opusieron resistencia a la verificación y clausura amenazando de manera verbal al personal de la Secretaría.
El motivo de la clausura de dicha empresa deriva de la apertura de nuevos caminos sin contar con la autorización en materia de impacto ambiental, emisiones a la atmósfera por partículas suspendidas, así como la desviación de cauces y escurrimientos naturales y cambio de uso de suelo en una superficie importante; para estos últimos temas el Gobierno del Estado solicita respetuosamente y confía en la participación de las autoridades federales como Semarnat, Profepa y Conagua.
Blackfire Exploration México trabaja en tres municipios
El Heraldo de Chiapas
5 de septiembre de 2008
Isaí López
La empresa minera de Canadá con capital mexicano, Blackfire Exploration México, efectúa a partir de los últimos seis meses la explotación de tres minerales, barita en el municipio de Chicomuselo, magnetita en Pijijiapan y titanio en Acacoyagua, con una inversión inicial de 15 millones de pesos, que si bien ha levantado polémica por la supuesta contaminación ambiental, el objetivo es que no sólo se extraiga el recurso, sino se fomente el desarrollo sustentable y se combata la pobreza de las zonas de influencia, dijo Samuel Toledo Córdova, secretario de Economía en el estado.
Enfatizó que en un inicio la concesión se había otorgado a la minera Caracol, sin embargo, ahora la tiene Blackfire Exploration México, para un lapso de cinco años con posibilidades de renovación, aunque su proceso de exploración, extracción y comercialización será evaluado de forma permanente por el gobierno de Chiapas.
La barita se usa como lodo de perforación de pozos petroleros, debido a su gran peso, también se usa como pigmento, para la fabricación de agua oxigenada, en la fabricación de litopón, es decir una combinación de sulfuros y sulfatos para recubrimientos, explicó.
Detalló que también se usa en las industrias de caucho como material de relleno y en la pintura, en la industria de los frenos, del vidrio y como recubrimiento de las salas de rayos X, aunque la producción de la entidad se destinará para pozos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
"Ya se está en explotación, están sacando el mineral que es utilizado para la perforación de pozos petroleros, se trata de un recurso tan valioso y de gran calidad, el mineral está casi a ras de tierra y eso facilita la exploración", mencionó.
A mayor calidad de la barita se facilita la extracción y se evitan incendios y fugas en los pozos petroleros, la empresa considera que logrará una expansión muy importante de este mineral, con lo que de inicio se generan 100 empleos directos junto con la explotación de la magnetita y el titanio en Pijijiapan.
Toledo Córdova sostuvo que en el caso de la magnetita, conocida también como la arena negra, existe un enorme potencial que sería exportado a través del Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE) y Puerto Chiapas, para ensamblajes de ductos de Pemex.
La magnetita es un mineral de hierro constituido por óxido ferroso-diférrico de su fuerte magnetismo a un fenómeno de ferrimagnetismo: los momentos magnéticos de los distintos cationes de hierro del sistema están fuertemente acoplados, por interacciones antiferromagnéticas, pero de forma que en cada celda unidad resulta un momento magnético no compensado; la suma de estos momentos magnéticos no compensados (acoplados entre sí) es la responsable de que la magnetita sea un imán.
La magnetita es un compuesto muy estable a altas temperaturas, aunque a temperaturas bajas o en presencia de aire húmedo a temperatura ambiente se oxide lentamente y forme óxido férrico, esta estabilidad de la magnetita a altas temperaturas hace que sea un buen protector del interior de los tubos de la caldera.
Por ello se hacen tratamientos químicos en las calderas industriales que persiguen formar en el interior de los tubos capas continuas de magnetita.
El tercer elemento, el titanio en Acacoyagua, es un mineral de gran importancia, un metálico blanco plateado que se usa principalmente para preparar aleaciones ligeras y fuertes, debido a su resistencia y su peso ligero, se usa en aleaciones metálicas y como sustituto del aluminio.
Para el caso de la barita y magnetita, el principal mercado será Pemex, casi tendría la compra del cien por ciento de la producción de Chiapas.
El secretario de Economía invitó a otras empresas a interesarse por el mineral del estado y a contribuir en la generación de empleos y el combate a la pobreza, la finalidad es que la mano de obra sea local y que el capital económico quede ahí mismo para un mejor bienestar de la población.
Chiapas tiene potencial, de acuerdo con los trabajos de exploración, para convertirse en el principal productos de estos tres minerales, la ganancia deberá quedarse en la misma zona en productos, bienes y servicios de calidad, concluyó.
La empresa minera de Canadá con capital mexicano, Blackfire Exploration México, efectúa a partir de los últimos seis meses la explotación de tres minerales, barita en el municipio de Chicomuselo, magnetita en Pijijiapan y titanio en Acacoyagua, con una inversión inicial de 15 millones de pesos, que si bien ha levantado polémica por la supuesta contaminación ambiental, el objetivo es que no sólo se extraiga el recurso, sino se fomente el desarrollo sustentable y se combata la pobreza de las zonas de influencia, dijo Samuel Toledo Córdova, secretario de Economía en el estado.
Enfatizó que en un inicio la concesión se había otorgado a la minera Caracol, sin embargo, ahora la tiene Blackfire Exploration México, para un lapso de cinco años con posibilidades de renovación, aunque su proceso de exploración, extracción y comercialización será evaluado de forma permanente por el gobierno de Chiapas.
La barita se usa como lodo de perforación de pozos petroleros, debido a su gran peso, también se usa como pigmento, para la fabricación de agua oxigenada, en la fabricación de litopón, es decir una combinación de sulfuros y sulfatos para recubrimientos, explicó.
Detalló que también se usa en las industrias de caucho como material de relleno y en la pintura, en la industria de los frenos, del vidrio y como recubrimiento de las salas de rayos X, aunque la producción de la entidad se destinará para pozos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
"Ya se está en explotación, están sacando el mineral que es utilizado para la perforación de pozos petroleros, se trata de un recurso tan valioso y de gran calidad, el mineral está casi a ras de tierra y eso facilita la exploración", mencionó.
A mayor calidad de la barita se facilita la extracción y se evitan incendios y fugas en los pozos petroleros, la empresa considera que logrará una expansión muy importante de este mineral, con lo que de inicio se generan 100 empleos directos junto con la explotación de la magnetita y el titanio en Pijijiapan.
Toledo Córdova sostuvo que en el caso de la magnetita, conocida también como la arena negra, existe un enorme potencial que sería exportado a través del Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE) y Puerto Chiapas, para ensamblajes de ductos de Pemex.
La magnetita es un mineral de hierro constituido por óxido ferroso-diférrico de su fuerte magnetismo a un fenómeno de ferrimagnetismo: los momentos magnéticos de los distintos cationes de hierro del sistema están fuertemente acoplados, por interacciones antiferromagnéticas, pero de forma que en cada celda unidad resulta un momento magnético no compensado; la suma de estos momentos magnéticos no compensados (acoplados entre sí) es la responsable de que la magnetita sea un imán.
La magnetita es un compuesto muy estable a altas temperaturas, aunque a temperaturas bajas o en presencia de aire húmedo a temperatura ambiente se oxide lentamente y forme óxido férrico, esta estabilidad de la magnetita a altas temperaturas hace que sea un buen protector del interior de los tubos de la caldera.
Por ello se hacen tratamientos químicos en las calderas industriales que persiguen formar en el interior de los tubos capas continuas de magnetita.
El tercer elemento, el titanio en Acacoyagua, es un mineral de gran importancia, un metálico blanco plateado que se usa principalmente para preparar aleaciones ligeras y fuertes, debido a su resistencia y su peso ligero, se usa en aleaciones metálicas y como sustituto del aluminio.
Para el caso de la barita y magnetita, el principal mercado será Pemex, casi tendría la compra del cien por ciento de la producción de Chiapas.
El secretario de Economía invitó a otras empresas a interesarse por el mineral del estado y a contribuir en la generación de empleos y el combate a la pobreza, la finalidad es que la mano de obra sea local y que el capital económico quede ahí mismo para un mejor bienestar de la población.
Chiapas tiene potencial, de acuerdo con los trabajos de exploración, para convertirse en el principal productos de estos tres minerales, la ganancia deberá quedarse en la misma zona en productos, bienes y servicios de calidad, concluyó.
Protestan mujeres indígenas por la explotación minera
9DE MARZO, 2009
En un comunicado, las indígenas agrupadas en el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS) precisan que las transnacionales mineras Linear Gold y Blackfire "ofrecen algunos empleos mal pagados, y de muy alto riesgo".
"Las transnacionales mineras pretenden venir a saquear nuestros recursos, dejándonos a cambio graves padecimientos de salud, agotamiento de las reservas y fuentes de agua, así como devastación completa de montañas", indicaron.
Agregaron que también generan contaminación de tierras, aire, ríos, pozos y aguas subterráneas con químicos altamente peligrosos como el cianuro, arsénico, plomo, mercurio y ácido sulfúrico.
De acuerdo con reportes policíacos, las inconformes realizaron bloqueos entrecortados en las carreteras de los municipios de Tila y Tumbalá de la región Norte de Chiapas; en Altamirano, Ocosingo, Comitán, San Cristóbal de las Casas, Benemérito de las Américas, Marqués de Comillas, y el poblado de Cuxuljá, en la región Selva.
Mientras que en la zona Sierra de Chiapas marcharon y repartieron volantes en los poblados de Motozintla, Chicomuselo y Frontera Comalapa.
El FNLS exhortó al pueblo de Chiapas a rescatar el verdadero significado político e histórico del día de la mujer.
Minería incetivará el desarrollo regional
21DE AGOSTO, 2008
Heriberto Ortiz * CP. Perdido entre nubes de la Sierra Madre de Chiapas se esconde el último tesoro enterrado de la región; una inusual mina de barita mineral, cuya correcta explotación generaría miles de nuevos empleos e incentivaría el desarrollo de la Región Sierra del Estado.El proyecto de excavación de barita está a cargo de la compañía "Blackfire" la cual prevé -entre otros- la construcción de caminos, centros de salud y creación de empleos, además de coadyuvar con el Gobierno Estatal para mejorar las condiciones de la región; sin embargo habitantes de la región ven con recelo que una empresa extranjera explote la zona.
El proyecto de excavación está proyectado para 30 años, en este lapso la empresa "Blackfire" obtendría ingresos hasta por 6 mil ciento cincuenta millones de pesos. A cambio, la gente del lugar, que demanda apoyo del Estado, recibiría unos 2 millones doscientos cincuenta mil pesos.
Tanto la compañía minera "Blackfire" como las autoridades ejidales del lugar han llegado a un acuerdo de explotación. Sin embargo, los habitantes de la región piden el apoyo y asesoría del gobierno para llegar a convenios que finquen el desarrollo de la región, que actualmente esta sumida en una crisis economía, agrícola y de migración hacia los EU.
Ofertas
La propuesta de "Blackfire" es explotar la mina, generando mano de obra de la región, inicialmente se prevé capacitar a los habitantes de la zona con expertos foráneos, para posteriormente en un futuro inmediato el total de los trabajadores (unas trescientas personas) sean de la región.
Además, crear y mejorar caminos y puentes que sirvan de acceso a la empresa y al mismo tiempo a los pobladores. De igual manera pretende coadyuvar con el Estado para que en la zona se aterricen proyectos sociales como clínicas y escuelas.
La proposición de los pobladores es que el Gobierno del Estado brinde apoye para desarrollar proyectos como exportar café de altura y acrecentar la producción de maíz, puesto que ahora constan con recursos para participar en la producción y comercialización de estos productos. Por otra parte, un grupo nutrido de la región pide que el Gobierno Federal vigile los trabajos de explotación del mineral para evitar daños sociales y al medio ambiente.
La mina
La mina se ubica a unos mil quinientos metros de altura sobre el nivel del mar, resguardada por la agreste Sierra Madre de Chiapas, esto en las inmediaciones de los Ejidos Grecia y Nueva Morelia, a unas dos horas de camino -entre veredas- de Chicomuselo.
El mineral hallado es conocido como barita, pétreo no férreo, insoluble y utilizado -ente otras cosas- en la extracción como lodo denso en pozos de petróleo. Su figura en las excavaciones es de suma importancia, pues sin él, sería imposible introducir los extractores del crudo, toda vez que la barita se convierte en una especie de tubo de que conduce hasta el fondo del pozo. La presencia de compañías mineras en la región no es nueva, pues a lo largo de los años la presunta presencia de oro, plata y magnesio fue conocida y atrajo a diversas mineras.
Incluso la conocida como "millonaria" beta de barita, había sido trabajada con anterioridad por la compañía minera Caracol, no obstante esta empresa rompió relaciones con la región luego de una serie de incumplimientos con los habitantes de la zona.
Esta riqueza natural contrasta con la pobreza de su gente. La zona está semi-deshabitada por el alto grado de migración de sus colonos hacia los Estados Unidos, por tal razón la economía local prácticamente no existe y la siembra solamente sirve para el autoconsumo.
En general toda la región vive de las remesas y lo poco que recoge de sus parcelas, así lo reconoce el presidente municipal de Chicomuselo, Julio Cesar Velásquez Calderón, al tiempo de señalar que:
"En la región no hay fuentes de empleo, el campo apenas es cultivable, los orígenes de ingresos reales son los envíos de migrantes en Estados Unidos (...) sin embargo actualmente hay muestras del actual gobernador del estado por generar mejores condiciones en la zona, que es innegablemente fértil.", señaló.
En este sentido, la empresa "Blackfire" firmó un convenio para pagar mensualmente 15 mil pesos al ejido Nueva Morelia y 60 mil pesos para Grecia.
Y es que diversas colonias, asentamientos y ejidos del lugar ni siquiera aparecen en los mapas, allí no hay servicios de salud ni educación, mucho menos sistemas de producción, lo que ha obligado a los pobladores a una vida plagada de carencias básicas.
Pero quiso la suerte que justo entre esas comunidades apareciera la enorme beta de barita inusualmente grande y de alta calidad para los parámetros normales de este mineral,
Tan es así que geólogos de Australia, China, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá y por supuesto México están interesados en comprar dicho mineral, lo que representaría un repunte económico local.
Para esto, la Compañía Minera méxicocanadiense "Backfire" ya inició los trabajos de excavación comprobando así la grandeza del hallazgo.
Esta empresa, se sabe, está trabajando como mediadora entre el Gobierno del Estado y la región para generar mejores condiciones de vida, tan es así que el presidente municipal de Chicomuselo anunció que en próximas fechas se prevé la reparación del tramo carretero Chicomuselo-Comalapa, conformado por 23 kilómetros.
El codiciado mineral descubierto tiene características particulares: ésta no es propiamente una mina, más bien se trata de una roca que actualmente está expuesta a "flor de tierra", por lo que lo único que hace "Blackfire" -por ahora- es barrenar la piedra en trozos más pequeños.
En tal caso el daño ambiental es mínimo, puesto que no se utilizan procedimientos químicos en la extracción del mineral. Solamente se trata de partir piedra y trasportarla terreno abajo y posteriormente trasladarla a Veracruz, donde es triturada y embarcada.
En este sentido, la compañía minera señaló tener en correcto trámite el permiso ante la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), por el cambio en el uso de suelo. Esto por que el procedimiento de extracción del mineral no representa peligro para el medio ambiente, además se haría un compromiso para reforestar la zona afectada.
Dinero
Según cálculos de "Blackfire" el enorme yacimiento alcanzaría para trabajar 30 años extrayendo hasta 50 mil toneladas anuales. La barita es vendida hasta en 400 dólares (unos 4 mil cien pesos) la tonelada.
Es decir anualmente la empresa tendría ingresos por concepto de esta barita hasta por 200 cinco millones de pesos, mientras que la población del Ejido Grecia y Nueva Morelia recibiría por concepto de uso de suelo 900 mil pesos. Dinero que si se dividiera entre todo el municipio, les tocarían de 36 pesos por cada habitante.
Continuando con lo cálculos, "Blackfire" tendría al cabo de los 30 años proyectados ingresos (entender como ingresos el dinero entrante, no como ganancias) por arriba de los 6 mil ciento cincuenta millones de pesos. Este cálculo comparativo es dependiente de la inflación, pues al cabo de 30 años obviamente se generarían cambios en estas estimaciones.
En este sentido Rosendo Ordóñez Ramos, comisario ejidal de Chicomuselo, señaló que las necesidades en la región son muchas por lo que esperan que la puesta en marcha de esta mina reactive la economía local y obligue a las autoridades estatales voltear los ojos a la pobreza en que vive la región.
Nueva Morelia
Por su parte, Antonio Pérez e Isidro Morales, representantes ejidales y ex autoridades de El Ejido Nueva Morelia, reconocieron que por falta de proyectos e inconciencia, el dinero recibido es repartido en las familias que integran la comunidad. Es por eso que reclaman la presencia de algún técnico especializado que les diga cómo explotar sus tierras.
Al mismo tiempo, acotaron que la única situación que impidiera continuar con los trabajos de extracción del mineral barita, sería que la empresa "Blackfire" incumpliera con su promesa de arreglar los caminos de acceso a la comunidad, generara daños al ecosistema local o dejara de pagar la aportación mensual.
Grecia
Rosendo Ramírez Róblelo, comisario ejidal del lugar, señaló que los ejidatarios se Grecia están de acuerdo en que la empresa "Blackfire" trabaje en la zona, siempre y cuando no genere dañas ecológicas ni ambientales. Sin embargo, no consideran que los incentivos ofrecidos por la empresa sean adecuados.
Ellos tiene un reclamo distinto, "no queremos que nos regalen nada, sólo exigimos lo que por ley nos corresponde, acceso a salud, alimentación y posibilidad de desarrollo social y personal para nuestro pueblo, no es posible que sólo existamos para el gobierno por que ahora aparecio aquí una mina", señaló Ramírez Róblelo.
En este tenor, señaló que su comunidad está dispuesta a trabajar, que ellos no quieren gastar ni repartirse el dinero que entrega la compañía minera. Ellos, agregó, piden al gobierno estatal y a la Secretaría del Campo un proyecto integral para la zona.
Finalmente advirtieron, "no por ser indígenas somos tontos, estamos dando, tierras, trabajo, dinero sólo pedimos apoyo para comercializar, pero si este no llega, impediremos que continúen los trabajos en la mina".
MINERÍA Chiapas cuenta con diversos productos minerales de interés; entre ellos se encuentra la barita. Barita, ahora una opción
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
[ARCHIVO DEL] LUNES 8DE SEPTIEMBRE, 2008
Directora General: María Morales RuizAvisaín Alegría * CP. Chiapas hará historia en breve en el campo de la minería. Producirá barita de mayor densidad que la que importa Pemex de China. Incluso la paraestatal se ahorrará el pago de flete que implica traer el mineral desde Asia, para perforar los pozos petroleros.
En una rueda de prensa exclusiva para Cuarto Poder, los empresarios de "Blackfire" Exploration México S de RL de CV, explicaron que la barita que exporta China es de 3.8, mientras que la detectada en Chiapas es de 4.2 grados de densidad.
Es decir, se explicó, con menos cantidad de barita chiapaneca que la exportada por China se logra perforar un pozo petrolero.
Buzos
Actualmente se importa la barita de China a 200 dólares por tonelada, pero se paga un flete de 120 dólares por tonelada, lo cual duplica el costo de adquisición de la barita y por ende la explotación del hidrocarburo. Para perforar un pozo petrolero la paraestatal Petróleos Mexicanos emplea entre cinco y ocho mil toneladas de barita. Es decir, le representa un costo aproximado de 2.5 millones de dólares sólo por la compra y el traslado de la barita para ese pozo.
Con la producción de este mineral en Chiapas, Pemex ahorrará más de 960 mil dólares por cada pozo perforado, pues la empresa "Blackfire" le sostendrá el mismo precio al que le vende China (200 dólares la tonelada de barita).
Hace meses "Blackfire" denunció ante la Secretaría de Economía el descubrimiento de 14 mil hectáreas minables de barita en el ejido Grecia, municipio de Ocosingo. Con una inversión inicial de seis millones de dólares, la empresa minera prevé explotar entre 350 y 400 mil toneladas minables de barita.
Es decir, las 14 mil hectáreas minables de barita dan para 2.5 años de extracción. Pero generalmente al final la mina da más de la expectativa, por lo cual se prevé prolongar los trabajos a 10 ó 15 años, atisbaron los empresarios.
Por el momento a finales de septiembre se entregarán las primeras 10 mil toneladas de barita. El mercado de barita es amplio y cercano. PEMEX tiene pozos petroleros en Coatzacoalcos, Villahermosa y Ciudad del Carmen, Campeche. Esa es otra ventaja que ofrece "Blackfire" a la paraestatal.
Antes debían esperar la respuesta tardía y condicionada de China para venderles barita. Ahora, a sólo seis horas de distancia tendrán el suministro garantizado en caso de una emergencia.
Por otra parte, para refutar los mitos erróneos que hay sobre la extracción de la barita, Noé Serrano Cruz, geólogo frailescano egresado del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que presta sus servicios a "Blackfire", dijo que no hay nada qué temer.
"La barita es minable a cielo abierto y subterráneo. La extracción no requerirá de tratamiento metalúrgico; se cortará en tamaños adecuados para llevarlo al molino ubicado en Coatzacoalcos. No habrá daño ambiental a la flora y fauna, ni siquiera habrá mucho uso de agua; con 15 mil litros al día (10 litros por segundo) basta."
Barita se deriva del griego "barys" que significa pesado. Químicamente es Sulfato de Bario (BaSo4). Se halla junto con la calcita y el cuarzo. En 2003 se descubrió en Chicomuselo por la empresa minera "Caracol". En el subsuelo encajonan a la barita la pizarra y la lutita.
En Chiapas se ha descubierto barita también en Cintalapa, pero por el momento "Blackfire" se abocará a explotar la que se encuentra en el ejido Grecia.
El 27 de junio la empresa minera, tras pagar los derechos ante la Secretaría de Economía, firmó un convenio temporal con el ejido Grecia.
Sin embargo, el camino estuvo cerrado por tres meses porque el ejido exigía pago por el derecho de paso. Tras ofrecer empleo a la mano de obra local (56 personas) abrir caminos, y crear una clínica en el ejido Morelia, reiniciaron las actividades.
En una rueda de prensa exclusiva para Cuarto Poder, los empresarios de "Blackfire" Exploration México S de RL de CV, explicaron que la barita que exporta China es de 3.8, mientras que la detectada en Chiapas es de 4.2 grados de densidad.
Es decir, se explicó, con menos cantidad de barita chiapaneca que la exportada por China se logra perforar un pozo petrolero.
Buzos
Actualmente se importa la barita de China a 200 dólares por tonelada, pero se paga un flete de 120 dólares por tonelada, lo cual duplica el costo de adquisición de la barita y por ende la explotación del hidrocarburo. Para perforar un pozo petrolero la paraestatal Petróleos Mexicanos emplea entre cinco y ocho mil toneladas de barita. Es decir, le representa un costo aproximado de 2.5 millones de dólares sólo por la compra y el traslado de la barita para ese pozo.
Con la producción de este mineral en Chiapas, Pemex ahorrará más de 960 mil dólares por cada pozo perforado, pues la empresa "Blackfire" le sostendrá el mismo precio al que le vende China (200 dólares la tonelada de barita).
Hace meses "Blackfire" denunció ante la Secretaría de Economía el descubrimiento de 14 mil hectáreas minables de barita en el ejido Grecia, municipio de Ocosingo. Con una inversión inicial de seis millones de dólares, la empresa minera prevé explotar entre 350 y 400 mil toneladas minables de barita.
Es decir, las 14 mil hectáreas minables de barita dan para 2.5 años de extracción. Pero generalmente al final la mina da más de la expectativa, por lo cual se prevé prolongar los trabajos a 10 ó 15 años, atisbaron los empresarios.
Por el momento a finales de septiembre se entregarán las primeras 10 mil toneladas de barita. El mercado de barita es amplio y cercano. PEMEX tiene pozos petroleros en Coatzacoalcos, Villahermosa y Ciudad del Carmen, Campeche. Esa es otra ventaja que ofrece "Blackfire" a la paraestatal.
Antes debían esperar la respuesta tardía y condicionada de China para venderles barita. Ahora, a sólo seis horas de distancia tendrán el suministro garantizado en caso de una emergencia.
Por otra parte, para refutar los mitos erróneos que hay sobre la extracción de la barita, Noé Serrano Cruz, geólogo frailescano egresado del Instituto Politécnico Nacional (IPN), que presta sus servicios a "Blackfire", dijo que no hay nada qué temer.
"La barita es minable a cielo abierto y subterráneo. La extracción no requerirá de tratamiento metalúrgico; se cortará en tamaños adecuados para llevarlo al molino ubicado en Coatzacoalcos. No habrá daño ambiental a la flora y fauna, ni siquiera habrá mucho uso de agua; con 15 mil litros al día (10 litros por segundo) basta."
Barita se deriva del griego "barys" que significa pesado. Químicamente es Sulfato de Bario (BaSo4). Se halla junto con la calcita y el cuarzo. En 2003 se descubrió en Chicomuselo por la empresa minera "Caracol". En el subsuelo encajonan a la barita la pizarra y la lutita.
En Chiapas se ha descubierto barita también en Cintalapa, pero por el momento "Blackfire" se abocará a explotar la que se encuentra en el ejido Grecia.
El 27 de junio la empresa minera, tras pagar los derechos ante la Secretaría de Economía, firmó un convenio temporal con el ejido Grecia.
Sin embargo, el camino estuvo cerrado por tres meses porque el ejido exigía pago por el derecho de paso. Tras ofrecer empleo a la mano de obra local (56 personas) abrir caminos, y crear una clínica en el ejido Morelia, reiniciaron las actividades.
Demandarán al gobierno de Chiapas por 800 mdd
http://impreso.milenio.com/node/8716870
La empresa minera Blackfire Exploration México demandará al gobierno de Chiapas por casi 800 millones de dólares, al considerar que este es el monto de los daños y perjuicios causados por el cierre ilegal de la mina de barita en el ejido Grecia, en el municipio de Chicomuselo, realizado el pasado 28 de diciembre.
De acuerdo con voceros de la compañía, la minera se amparará en la reglamentación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, apegándose a los beneficios que le corresponden por tener dicho acuerdo comercial.
La empresa considera que los 800 millones de dólares cubren una parte del total de los proyectos que pretenden poner en marcha en la zona como son un puerto que les permita conectarse con el mercado de Asia, el desarrollo de una mina que contiene casi un millón 570 mil toneladas métricas de titanio de alta calidad, en lo que podría ser el depósito más grande de Norteamérica.
Blackfire Exploration es una compañía canadiense, con sede en Toronto, cuyos representantes ya se ha reunido en diversas ocasiones con funcionarios del gobierno de Chiapas para llegar a un acuerdo extrajudicial y, en caso de que se mantenga la decisión de cerrar la mina, para poder acordar una indemnización.
Los voceros informaron que la posición de la compañía dentro de las pláticas con el gobierno chiapaneco es que esta medida inhibe el ambiente de negocios bilaterales en la entidad y dificulta las relaciones de confianza para invertir en proyectos de largo plazo.
La empresa tiene en Chiapas una mina de barita a cielo abierto, con grandes reservas del mineral que es usado en los campos petroleros del país, además, de acuerdo con la información con que cuentan la empresa prevé que en esta zona hay uno de los depósitos más fuertes de roca dura, del grado TiO2, del mundo.
Lo que significa que por las características de la zona se tenga un gran depósito de Titanio (Ti02) dentro de la ilmenita (Fe2O3TiO2), dando por resultado una alta concentración de este metal, cuyo precio se mantiene al alza desde hace varios meses. Su uso es diverso, desde pinturas y cosméticos hasta ingeniería y construcción.
Los voceros de la minera Blackfire Exploration México comentaron que le han dado a conocer al gobierno estatal que hay voluntad y esfuerzo para continuar con la actividad productiva de la empresa, con parámetros de operación más amigables, acercándole oportunidades productivas, tecnologías verdes y desarrollo para su población.
Producción
1,570,000
toneladas métricas
- Claves
Conflicto
• El gobierno del estado de Chiapas clausuró el 7 de diciembre de 2009 el consorcio minero de origen canadiense.
• La Secretaría de Medio Ambiente y Vivienda (Semavi) argumentó que la minera incidía en la desviación de cauces y escurrimientos naturales y también en el cambio de uso de suelo de una superficie importante.
• Las autoridades señalaron otras causas como carecer de permiso correspondiente en materia de impacto ambiental para realizar la apertura de nuevos caminos; además de emisión de particulas suspendidas.
viernes, 12 de febrero de 2010
Fallo de tribunal confirma el fin de la relación laboral en minera Cananea
http://www.jornada.unam.mx/2010/02/12/index.php?section=politica&article=016n1pol
Periódico La Jornada
Viernes 12 de febrero de 2010, p. 16
Viernes 12 de febrero de 2010, p. 16
Por unanimidad (tres votos), los integrantes del segundo tribunal colegiado en materia del trabajo en el Distrito Federal negaron este jueves el amparo al Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSRM), resolución con la que se confirma que quedaron concluidas las relaciones laborales entre Mexicana de Cananea, de Grupo México, y la organización gremial que encabeza Napoleón Gómez Urrutia.
Con este fallo judicial queda firme un laudo de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) que el pasado 14 de abril respaldó la propuesta de Grupo México de liquidar a mil 100 sindicalizados y 100 empleados de confianza que laboraban en la mina de Cananea, la cual lleva 31 meses en huelga.
Como el año pasado otro tribunal colegiado determinó que debía persistir la huelga de Cananea en tanto estuviera vigente el juicio de impugnación al laudo del 14 de abril, lo más probable es que en las próximas horas o días la JFCA emita un acuerdo en el que exponga que en virtud de que se confirmó la conclusión de las relaciones laborales con la empresa, lo procedente es que la huelga también debe quedar sin efectos, explicó a La Jornada Carlos de Buen, uno de los abogados del sindicato minero.
Ante ello, está latente el riesgo de un nuevo enfrentamiento entre trabajadores y fuerzas públicas en esta mina, toda vez que la sección 65 de Cananea ratificó en asamblea que no van a dejar su fuente de trabajo, que la van a defender con todo
, que están dispuestos a llegar a las últimas consecuencias
, según señaló el secretario del Trabajo de esta organización, Javier Zúñiga. Dijo que si el gobierno quiere que en esta mina se vuelva a dar la chispa de una revolución, lo van a lograr, porque ellos no van a salir
.
Además, se prevé que de un momento a otro, la sección 271, de Lázaro Cárdenas, inicie una huelga por solidaridad
con Cananea y además, paralice todo el puerto en protesta porlas violaciones al derecho de huelga
, según advirtió Martín Rodríguez Piedra, dirigente de la misma.
Mientras, es probable que Grupo México presione a la JFCA para que esta autorice pedir el uso de la fuerza pública para que la empresa recupere las instalaciones de Cananea. Incluso la junta ya emitió una orden para que pueda ingresar personal del Ejército Mexicano a Cananea, con el pretexto de buscar explosivos
, según revelaron ayer los abogados del sindicato Néstor de Buen y Marco Antonio del Toro.
Minutos después de enterarse de que el colegiado optó por no conceder el amparo, cerca de las 13:45 horas, Del Toro, expuso a este diario que prepara una demanda por presunta denegación de la justicia que presentará este viernes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Ante esa instancia internacional, dijo, se pedirán medidas cautelares
para evitar que en las próximas horas elementos de la Policía Federal (PF) y efectivos militares intenten desalojar a los mineros que custodian las instalaciones del yacimiento, pues si esto ocurre lo más probable es que se suscite un enfrentamiento de proporciones incalculables, porque los trabajadores han dicho que están dispuestos a defender con todo su centro de trabajo
.
De acuerdo con información de allegados a la empresa, ésta tiene la intención de recontratar –una vez que se desaloje a los mineros en huelga– al mayor número de personal posible, con un nuevo contrato colectivo y con otro sindicato, y para quienes prefieran su liquidación, ésta será depositada en la JFCA.
En su resolución de ayer, los magistrados federales María Edith Cervantes Ortiz, Elisa Jiménez Aguilar y Jorge Farrera Villalobos avalaron lo resuelto por la JFCA, en el sentido de que la empresa operadora de Cananea exhibió pruebas sobre los daños ocasionados en maquinaria, instalaciones y equipo, lo que imposibilita la reanudación de las labores en la planta.
En el laudo de la JFCA, ahora avalado por el Poder Judicial federal, se instruyó a la indemnización, consistente en tres meses de salario más el pago de 12 días de salario por cada año de servicios prestados por cada trabajador, por tanto los mineros perderían sus salarios caídos durante los casi dos años y medio de huelga.
Día negro para la justicia laboral
La resolución de ayer fue calificada comoburla
del Poder Judicial y vergüenza histórica
para esta instancia, que asestó un golpe criminal al estado de derecho y a la legalidad, por el abogado laboralista Arturo Alcalde y dijo que éste es un día negro
para la historia del movimiento laboral mexicano.
El fallo contra los trabajadores se da luego de una batalla legal del sindicato para sostener la huelga, que inició en agosto de 2007, por una demanda de violaciones al contrato colectivo. Posteriormente, la empresa presentó en tres ocasiones demandas ante la JFCA para que se declarará inexistente la huelga y esta instancia se lo concedió las tres veces. Fueron los tribunales colegiados los que declararon la legalidad del paro.
Incluso, en enero de 2008 fuerzas policiacas y militares buscaron romper la huelga y ocuparon la mina luego de un enfrentamiento en que resultaron heridos una decena de sindicalizados.
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