CENTRO REGIONAL DE DERECHOS HUMANOS “BARTOLOMÉ CARRASCO BRISEÑO” A. C. |
· RESURGE LA VIOLENCIA EN SAN JOSE EL PROGRESO, OCOTLAN.
· DOS MUERTOS POR ENFRENTAMIENTO ENTRE HABITANTES.
· GOLPEAN Y PRIVAN DE LA LIBERTAD AL PADRE MARTIN, DEFENSOR DE DERECHOS HUMANOS E INTEGRANTE DE BARCA-DH.
Oaxaca de Juárez, México a 19 de junio de 2010.
Antecedentes:
El año pasado habitantes de la comunidad de San José el Progreso, Ocotlán, Oaxaca junto con otras comunidades de la región se enteraron que la compañía minera Cuzcatlán S.A de C.V. tenía otorgada concesión de explotación de oro y plata de la mina denominada “San José”, también sabían que la empresa en lo inmediato iba a dar inicio a los trabajos de explotación.
Después de conocer esta información la gente comenzó a marcar una postura frente a la problemática, las autoridades municipales y agrarias junto con un grupo de personas de la comunidad se encontraban a favor de la minera, otro grupo de personas estaban en contra ya que nunca fueron consultadas y además sabían de los enormes efectos al medio ambiente que ocasionarían el funcionamiento de la mina, a raíz de esto la población se dividió.
El seis de mayo del dos mil nueve un grupo de personas decidieron bloquear el acceso a la mina con el objetivo de mostrar su inconformidad frente a la explotación de la minera, esto motivo que los cuerpos policiacos desalojaran violentamente a los protestantes, dejando como saldo más de veinte personas detenidas y golpeadas.
A raíz de la resistencia y movilización de la gente en diferentes medios de comunicación aparecía el nombre del padre Martín señalándolo como “alborotador” “agitador “y el que ocasionaba problemas en la región, incluso un grupo de personas empezó a solicitar su salida de la parroquia de San Pedro Apóstol, con todo esto se empezó a crear un clima de difamación y hostigamiento al trabajo y a la persona del Padre Martín, cabe destacar que en los meses de mayo y abril 2009, salieron notas periodísticas en los diarios locales de de Oaxaca atacando al Padre Martín, acusándolo de no dedicarse a lo que su ministerio le manda y alborotar a la gente, ante estos ataques la Arquidiócesis de Oaxaca a través del Padre Wilfrido Mayrén, quién es Coordinador de la Comisión Diocesana de Justicia y Paz hicieron un documento Publico donde respaldan el trabajo al Padre Martín.
Así mismo el en el mes de Noviembre del 2009, el Presidente Municipal de San José del Progreso con un grupo de ciudadanos de este Municipio irrumpió en la misa en Catedral, donde oficia el Sr. Arzobispo de Oaxaca, para pedir con gritos y pancartas la salida de la Parroquia de San Pedro Apóstol del Padre Martín; al no lograr su objetivo en ese momento por no ser el lugar y momento adecuado, cerraron las calles de García Vigil, donde está la Casa del Arzobispo y se plantaron frente a la casa para exigir ser atendidos en su demandas, insistiendo la salida del Padre Martín, acusándolo de subversivo, asimismo distribuyen volantes difamando al Padre en los medios locales.
El 2 de Marzo del 2010, supuestamente por una nota del diario local “El imparcial” publicada el 20 de noviembre del 2009, donde el Presidente Municipal de San José El Progreso, Sr. Venancio Oscar, denuncia ante la PGR (Policial General de la República) al Padre Martín de haber estado en la retención de funcionarios municipales, señalándolo como del EPR (Ejercito Popular Revolucionario), por esta denuncia el Padre Martín es requerido el 16 de diciembre 2009 y acude acompañado del Padre Mayrén; ahí se le informan que existe una acta circunstancia que se levanto por la denuncia hecha por el Sr. Oscar Venancio donde lo señalaba como del EPR porque lo vio encapuchado en la parte alta de la iglesia, pero como no aporto pruebas el denunciante, se le cito para pedirle si tiene algo que agregar a la información vertida por el Presidente Municipal de San José el Progreso y también le informan que quienes si están señalados directamente de pertenecer al grupo armado son los señores, lideres que encabezan la defensa de la tierra y se oponen a la Mina.
El 16 de Marzo del 2010 a través de las radiodifusoras locales nuevamente vuelve el Presidente Municipal de San José El progreso, Sr. Venancio Oscar, a solicitar la intervención del Gobernador del Estado y el Sr. Arzobispo para que el Padre Martín sea removido.
Vale la pena señalar que el padre Martín ha sido una persona comprometida con la iglesia y con la DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, siempre trabajando con los más desprotegidos, promoviendo y educando en derechos humanos, en la parroquia donde se encuentra principalmente ha promovido la organización para el cuidado y protección de sus recursos naturales, facilitando asesorías para la captación de agua, reforestación y recuperación de la relación ancestral del hombre-mujer con la tierra, la naturaleza y el agua.
Hechos:
El día de hoy 19 de Junio nos informa el representante de la Coordinadora de Pueblos Unidos del Valle de Ocotlán que se da un enfrentamiento entre habitantes de San José el Progreso en el lugar denominado “Cuajilote” y en este lugar retienen a los catequistas de la Parroquia de San Pedro Apóstol que van para sus domicilios que se ubican en la Agencia de “Maguey Largo”; según reportes el saldo del enfrentamiento es de DOS MUERTOS: Venancio Oscar Martínez Rivera, Presidente Municipal de San José el Progreso, Felix Misael Hernández, Regido de Salud; HERIDOS: Leonardo Ramírez Porras, Agente Municipal del Cuajilote; Alberto Mauro Sánchez, Policía del Cuajilote; DETENIDOS: Lorenzo Bertín, Silvino Vásquez López; Celso Vásquez y otras 9 personas más que aun no tenemos sus nombres.
Este mismo día el Padre Martín junto con otras cuatro personas que pertenecen al coro de su parroquia se dirige a la comunidad de San José del Progreso a realizar una misa de una presentación que esta programada para las siete de la noche aproximadamente, al llegar al Municipio de San José del Progreso, un grupo de personas les bloquea el paso y con pistola en mano lo obligan a bajar de la camioneta, en la que se transporta, no dejándole opción él tuvo que acceder dadas las condiciones de violencia, al encontrarse abajo las personas lo empezaron a golpear fuertemente con puñetazos, piedras y todo lo que tenían a su alcance, después de que le padre se encontraba mal herido se lo llevaron a un lugar desconocido, las personas que estuvieron y pudieron observar la agresión al Padre Martín mencionan que principalmente las personas: ANGEL ARANGO, FLORA MARIA RODRIGUEZ, CLAUDIA REYES, CRISTINA HERNANDEZ, SILVANO VASQUEZ quienes lo insultaban y golpean sin dar explicación el porque de la violencia hacia el Padre que en ese momento se encontraba en cumplimiento de su deber ministerial.
Exigimos:
1.- Presentación inmediata del Padre Martín.
2.- Respeto a la integridad física y psicológica del Padre Martín.
3.- Castigo a los responsables de este acto de agresión en contra del Padre Martin, romper con la impunidad que se da a todos los niveles con hechos de ataque a personas que se manifiestan, que son solidarias y que hacen un trabajo de promoción y defensa de los derechos humanos.
4.- Que el Gobernador y todos los funcionarios públicos del estado respeten de forma absoluta el trabajo que realizan todos los defensores y aquellas personas que hacen una labor de promoción y defensa de los derechos humanos.
5.- Investigación pronta y expedita de los hechos violentos registrados en el Municipio de San José del Progreso para dar con los verdaderos responsables.
6.- Que la procuraduría del Estado actué con apego a la Ley sin usarla para crear chivos expiatorios deteniendo a gente inocente que ha estado en la defensa de sus recursos naturales.
5.- No más imposiciones de proyectos que traen consigo división y rompimiento del tejido social de las comunidades.
Solicitamos:
1.- A los organismos de derechos humanos a nivel nacional e internacional su intervención en el asunto para que se obtenga el castigo de los responsables y garantizar la integridad física y mental del Padre Martín.
2.- A todas las organizaciones civiles, sociales y de derechos humanos sus comunicaciones a los diferentes órganos del gobierno federal y estatal.
3.- A todas las personas solidarias y organizaciones la denuncia pública de este hecho, para evidenciar que los defensores de derechos humanos no tenemos la más mínima garantía de llevar a cabo nuestra actividad.
