Ladrones horrorizados denuncian robos!!!

A propósito de las denuncias que aparecen en la prensa Mexicana por robos de cárteles a mineras y robos de mineras (Canadienses)


Por Manuel Rozental, 17 de octubre, 2010


"Ladŕón que roba a ladrón tiene mil años de perdón". Es un viejo refrán popular que todas y todos conocemos.

En Primer lugar, este fenómeno que se denuncia del "robo" a las mineras (Canadienses), por fin hace público un mínimo de un fenómeno de unas dimensiones globales inmensas y que no afectan únicamente la industria extractiva, sino absolutamente todos los sectores de la economía, incluída la economía del narcotráficao (y el de armas, prostitución, pornografía, lavado de dinero, etc.). De fondo está lo que conocemos, el principio de todo esto: el dinero es poder y el poder es dinero. Ergo: es legítimo robar. Si esto es así, pues que sea legítimo robarle a unos y no a otros no cabe en la ética, en la moral ni en la lógica del ladrón, ni en la dinámica del robar.

Pero ahí se le complica el asunto al robado, porque resulta, como lo reflejan las "noticias" (ver abajo), que también son ladrones reconocidísimos quienes se quejan de ser víctimas del robo de minerales expropiados (lo que llaman extraídos para encubrir y legalizar el delito).
Más aún. Unos denominan cárteles a los otros de manera peyorativa e insultante. Así no se puede, protesto. Como dicen tomando el té las señoras de antes: "No hay derecho caray!". ¿Cómo así que son cárteles las mafias de narcotraficantes que se organizan para robar lo ya extraído en carreteras y de allí en adelante ponen todo su aparato de transporte, transformación, comercio, exportación, importación, lavado y legalización, generando empleo para muchas y muchos (maquilitas y asesinos, pero bueno, como dicen los Gobiernos y el sistema "hay que ser realistas y aprovechar las oportunidades de empleo que brinda el mercado")?. No señor. Eso si que no. Es injusto que señalen como cárteles (implicando criminales y delincuentes) a unos, mientras que los que los señalan, o sea las propias corporaciones transnacionales y sus gobiernos, sus medios, sus industrias, sus juntas directivas, sus empleados (maquilitas, y asesinos en uniformes de militar de Estados, pero también de para-militares y otras diversificaciones, pero bueno, como dicen los Gobiernos y el sistema "hay que ser realistas y aprovechar las oportunidades de empleo que brinda el mercado") también son cárteles y ladrones, solo que no los llaman así.

Pero no crean que estoy denunciando la injusticia contra los que son señalados como cárteles. De ninguna manera. Se equivocan. Eso sería una injusticia de mi parte y uno tiene límites, por Dios! No, lo que yo denuncio y a gritos, horrorizado y listo a movilizarnos es que no se les reconozca (después de tantos siglos de esfuerzo y tecnificación y acumulación despiadada y de mentiras y encubrimientos y medios y estadistas y absolutamente todo) a las transnacionales y sus aparatos como cárteles. Que el poder ha sido de cárteles y que esta es una pelea, claro, sin duda, pero entre iguales, o no tanto, porque hay tiburones y zancudos, pero eso sí, son de los mismos. Porque conseguir ser de los mismos a fuerza de ejercer la codicia, ha costado trabajo, para que ahora le hagan mención de honor solamente a los de afuera, a los recién llegados, a los aparecidos.

Mafias, con el perdón de las damas. Mafias perversas, asesinas, mentirosas, tramposas, criminales y sin ningún límite. Mafias organizadas (temporalmente) por el honor y la lealtad consecuentes para que haya unos adentro y otros afuera y alianzas y reglas que se obedecen a sangre y fuego, con silencio y encubrimientos para robar, enriquecerse, encubrir y someter.


Lo que hay en las notas "noticiosas" es el nuevo sistema mundo. Jerárquico, vertical, autoritario y cuyo principal capital es la violencia brutal. Hay noticias de las guerras entre mafias eternas, permanentes, interminables, para robarse entre sí y ponerse de acuerdo para robarnos todo. Lo demás, son medios para justificar, legitimar y realizar los robos. Si la transnacional minera Canadiense se roba el oro y hace las leyes para poder exhibir que es legal (se llama Libre Comercio, desarrollo, progreso y otras pendejadas que ya lo aburren a uno), si cuando la gente y las leyes se oponen, pues de todas maneras roban y matan así no sea legal, qué vienen a señalar a otros como ladrones. Tocó decir otra vez: "No hay derecho caray!"

Todo esto es el progreso que la gente se niega a reconocer en su ignorancia. Por fin, los de abajo y los de arriba se encuentran. A veces hacen acuerdos y las mafias de adentro y las de afuera, ocupan Gobiernos y acceden al Estado. Allí transnacionales suman su saber al del sector financiero y se articulan con la amplia experiencia y capacidad de narcos y otras mafias y en su conjunto roban por vía legal e ilegal además de legalizar el robo según convenga. Bien sabido es que un producto ilegalizado, tiene mayor demanda y precio en el mercado que uno legalizado. Sería una inmoralidad legalizarlo y afectar el negocio y la ganancia de esta manera. Por eso ya aparecen mafiosos de los de afuera, entre los más ricos del Forbes. ¿Acaso cuando cuestionaron al director de la revista las damas moralistas (que incluyen muchos caballeros ilustres y de los otros) por poner un mafioso asesino entre los más ricos (el caballero "Chapo Guzmán", de México, como el mismísimo compatriota y colega del primer lugar, don Carlos Slim, orgullo de México que ya no se agacha; adivinaron), no respondió en una muestra de esa honestidad desvergonzada y directa de los gringos que el hace una lista de los más ricos sin importar de donde saquen la plata?

La mafiosidad es una cultura, como bien lo ha entendido LIBERA en Italia, en su lucha contra esta. El Padre Tonio Del'Ollio, recuerda que de Italia son las mafias, no porque se hayan quedado allí sino porque desde allí se dispersaron por el mundo. Cuando acumular es sagrado y todo vale para alcanzarlo, tarde o temprano sucede lo que denuncian estas noticias, es decir, que los que hacen las leyes para tener el monopolio de la expoliación y del robo, ladrones legales, crean sus contrapartes, que solamente pueden robarles violando esas leyes, para acumular ellos y ellas también. Era inevitable, ya venía sucediendo, pero ahora que los ladrones legales y los ilegales se van pareciendo cada vez más en métodos, tecnologías y procedimientos, porque siempre han sido iguales en sus fines, estos juegos y denuncias públicas y airadas solamente representan un ajuste público de cuentas internas en las que pretenden meternos para ganarse el favor de la opinión pública.

Es lo que hacen cada vez que están en campaña. Denuncian, exigen, exclaman, señalan, se horrorizan, prometen y se movilizan, para presionar estratégicamente y conseguir un recurso de poder específico. En Colombia y en México lo sabemos desde cuando el Plan Colombia se instauró y ahora, con la experiencia acumulada se exportó y nos une en sangre y miseria como pueblos hermanos. Slim y Guzmán no están juntos solamente en Forbes. El modelo económico transnacional se ajusta en el contexto de la crisis y ese ajuste impone el control de recursos esenciales, redes de transporte y comercio, sectores financieros, productivos, mercados, medios de comunicación y territorios de imaginarios, gobiernos, sistemas legales, juntas directivas y cárteles (dos denominaciones distintas para lo mismo), agencias multilaterales y redes transnacionales, procesos electorales, ejércitos y el complejo militar industrial, cargos y puesticos, ONGs, cooperación internacional, el sistema transnacional de denuncias restringidas y sin análisis de las violaciones de derechos humanos que no exponen ni las ganancias ni los motivos de las violaciones, discursos, entretenimiento y mucho terror, propaganda, políticas y partidos de todas las denominaciones y pelambres.

Se está ajustando el sistema-mundo a punta de muerte y de fuerza. A fuerza de mentiras y leyes y robos. Estamos en la transición hacia el mundo desde el barrio hasta el Club Bildenberg. La mafiosidad se consolida en cárteles legales e ilegales. Sobra gente, faltan mercados y recursos. Habrá que exterminar a quienes no se someten, pero también a quienes sobramos. Guerra contra las drogas, guerra en Iran, guerra en Irak, desastres "naturales", epidemias y vacunas, sed, hambre, desplazamiento masivo, fin de la energía, monocultivos de agrocombustibles, piratas y mafias. Eliminar masivamente a quienes sobramos. Consolidar el poder y la fuerza con alianzas temporales y terror. Encubrir para robar, robar para encubrir.

Si, no hay duda, los cárteles se roban entre ellos. Cierto. Es inevitable. Pero mucho más cierto es que nos roban a todas y todos , lo mismo que a la Madre Tierra. Porque se trata de resistir a todos los cárteles y al sistema. No de ver a cual de las mafias nos metemos.

Mientras acumular sea sagrado, el robo será la ley. Por eso nos están matando. Si la vida fuera sagrada, estaríamos de pie y luchando en lugar de estar tragando tanta basura. Las montañas que le arrancan a la madre tierra para volverlas lingotes y collares, seguirán siendo montañas cuando a las mafias de la codicia que llamamos economía las reemplacemos con el sagrado sacramento de la vida que no tiene precio ni se puede acumular. Son ellos, o somos nosotros. Pero hoy en día, es difícil reconocernos y diferenciarnos. ¿Quienes son ellos y quienes nosotros? A nombre de la izquierda se explotan las minas, se invierte en el mercado, se privatiza o se somete a los movimientos sociales, se ungen en ceremonias indígenas a presidentes asesinos, se cambian las agendas de lucha por agendas de mercado y se privatiza todo. Uno entra en los cárteles también con el discurso de la revolución. Lo únicos a los que no compran es a quienes no tienen precio, así estén en la cárcel. Quienes no son ladrones, pues no roban jamás. Los 34 Mapuches lo demostraron.

"Si la Madre Tierra no nos tiene como interlocutores,

quién la va a escuchar y defender?"

Kevin Papatie, indígena Algonquin.

Diputados canadienses a votar sobre proyecto de ley para frenar los abusos de la minería.

Diputados {canadienses} a votar sobre proyecto de ley para frenar los abusos de la minería.

Publicado el Martes Oct 26 en el Toronto Star

Les Whittington desde Ottawa

Un esfuerzo de dos años por un solitario diputado de Toronto para frenar los abusos de las empresas mineras canadienses en el extranjero culmina el miércoles con una votación en el parlamento {canadiense}.

La legislación innovadora ha despertado un interés internacional y desatado una intensa batalla política que enfrenta a la industria minera y sus partidarios contra una colección imponente de activistas y grupos sociales haciendo campaña para controles más estrictos sobre las operaciones mineras en el mundo en desarrollo.

Bajo el proyecto de ley C-300, las compañías canadiense de petróleo y gas juzgados como malos ciudadanos corporativos en el extranjero se verían privados de apoyo político y financiero por el gobierno federal.

Normalmente la mayoría de actas privadas propuestas por un solo diputado no prosperan, pero la legislación propuesta por el parlamentario Liberal John McKay pasó la segunda lectura en la Cámara de los Comunes en abril de 2009 por el voto de 137 a 133.

"Muy reñido", dijo McKay de la votación final del miércoles. "Podría pasar cualquier cosa."

Puede contar con el apoyo de 36 Nuevos Demócratas y 47 miembros del Bloque Quebequense. Pero se espera que la gran mayoría de los 143 diputados Conservadores se opongan al proyecto de ley C-300, y McKay necesitara que la gran mayoría de sus 75 colegas Liberales voten con él.

El apoyo Liberal es impredecible. Algunos Liberales se han unido a los Conservadores y el sector minero para argumentar que tal legislación será imposible de aplicar en la práctica y que sujetará a la industria a acusaciones sin fundamento a un nivel global.

Pero el apoyo a la legislación proveniente de los activistas sociales, organizaciones no gubernamentales y grupos del mundo en desarrollo ha superado en mucho a las expectativas de McKay. "El mundo nos está observando" para ver qué hará el Canadá, dijo en una entrevista.

La efusión de esperanza alrededor del proyecto de ley C-300 es un reflejo de una larga historia de supuestos abusos contra los derechos humanos y el medio ambiente por el sector minero de Canadá, que es el más grande del mundo.

Un informe recientemente des-encubierto, y que fue encargado por la misma Asociación de Exploradores y de Explotadores de Canadá con sede en Toronto, señala que las empresas extractivas canadienses que operan en el extranjero son sin duda los peores delincuentes cuando se trata de conflictos con las comunidades, de problemas ambientales y de un comportamiento poco ético.

Durante meses de debate y discusión en el parlamento del proyecto de ley de McKay, simpatizantes han llegado de todas partes del mundo para instar a los legisladores canadienses para reforzar el escudriño de las empresas mineras en los países en desarrollo.

Uno de los promotores de una legislación más estricta que visitó Ottawa hace poco fue el activista mexicano José Luis Abarca Montejo. Su padre, Mariano Abarca Roblero, fue el líder de la comunidad que se pronuncio en contra de la empresa minera Blackfire Exploration con sede en Calgary, y que el año pasado fue asesinado a balazos frente a su casa en Chiapas.

Abarca dijo que los canadienses deben de tener en cuenta que firmas como Blackfire tienen una influencia en cómo la gente en el resto del mundo ve a ese país. "Blackfire lleva consigo el vinculo con Canadá, y la gente sabe que Blackfire es una empresa canadiense", dijo Abarca, que responsabiliza la empresa por la muerte de su padre..

Blackfire ha negado rotundamente cualquier responsabilidad por la muerte de Abarca Roblero y afirma que las autoridades mexicanas no han vinculado a la empresa con su asesinato.

Por su parte, la industria minera ha montado una intensa campaña de cabildeo en contra de la legislación de McKay. La industria dice que las empresas mineras canadienses se han comprometido a mejorar la responsabilidad social de las empresas y hacer importantes contribuciones económicas y sociales en las comunidades donde operan. También dicen haber sido víctimas de un prejuicio anti-minera por parte de algunas organizaciones no gubernamentales y activistas sociales.

La votación en el Parlamento este miércoles es el mas reciente esfuerzo para encarar los alegatos de abuso por parte de las empresas mineras que data de 2005. En ese momento un comité parlamentario incluyente de todos los partidos hizo un llamamiento para que se establezca normas más estrictas con relación a la responsabilidad social de las empresas mineras canadienses en el extranjero. Después de un largo estudio adicional, los Conservadores en 2009 anunciaron líneas de guía voluntarias para el comportamiento empresarial del sector minero, junto con la creación de un consejero federal para ayudar a las empresas con estas cuestiones.

Sin embargo, el consejero sólo tiene la facultad de investigar los presuntos abusos si las empresas acuerdan cooperar. Los partidarios del proyecto de ley C-300 han denunciado el papel de la consejera de ser desdentado e ineficaz

[Traducción no-profesional por el equipo Google-español con algunas intervenciones esporádicas de Rick Arnold de fronteras comunes de canadá].

Canada's Long Road To Mining Reform

http://www.countercurrents.org/mychalejko270110.htm

By Cyril Mychalejko

27 January, 2010
Countercurrents.org 

Rape. Murder. Corruption. Environmental contamination. Impunity. These are just some of the charges and incidents that have plagued Canadian mining operations abroad for years. Now one Canadian lawmaker has taken on the Herculean challenge of legislating mining reform in a country that has traditionally acted like a parent in denial.

"The mining industry in Canada is too powerful a lobby," saidLiberal Member of Parliament (MP) John McKay.

Sixty percent of the world's mining corporations come from Canada. According to a report by InfoMine , Canadian mining corporations listed on the Toronto Stock Exchange had 1,010 projects in South America, 578 in Mexico, 703 in Africa, 376 in Asia and 345 in Australia, New Zealand and Papua New Guinea in 2009. Canada also accounts for 19 percent of global mining exploration spending, which totaled at $13.2 billion. Gold, silver, copper and nickel are among the minerals the industry scours the globe for. In Canada the industry employs 193 registered lobbyists.

McKay's bill, C-300 , would empower the Canadian federal government to investigate complaints of human rights and environmental abuses leveled against mining companies. If the Ministers investigating a company find it guilty of violating social and environmental standards laid out in the bill, the company, if receiving support from the Canada Pension Planor Export Development Canada could lose funding from the respective organizations.

"It's limited, but a positive step forward overall," said Sakura Saunders, editor of www.ProtestBarrick.net , a website that provides research and organizing information around mining issues, with a focus on Canadian Mining giant Barrick Gold . "But this bill is simply putting ethical guidelines on the investment and promotion of mining, oil and gas projects in developing countries. It treats the Canadian government as an investor rather than a government."

Dirty Business

Sarah Knuckey, a lawyer at the center for human rights at New York University School of Law, testified at a parliamentary hearing in Ottawa in November that security guards working at a mine in Papua New Guinea, owned by Barrick Gold, are guilty of gang raping local women.

"The guards, usually in a group of five or more, find a woman while they are patrolling on or near mine property. They take turns threatening, beating and raping her," said Knuckley. "In a number of cases, women reported to me being forced to chew and swallow condoms used by guards during the rape."

Amnesty International issued a public statement on December 9, 2009 revealing that local police at the same mine in Papua New Guinea violently evicted local families and burned down and destroyed at least 130 buildings and houses. Barrick initially denied the allegations, but after the conclusions of Amnesty's local investigation were released the company was forced to accept the findings.

Barrick was also recently accused of failing to comply with environmental standards in Chile and of anti-union discrimination in Argentina.

On November 27, 2009 another Canadian company made headlines when a Chiapan anti-mining organizer, Mariano Abarca Roblero, was assassinated. One employee and two former employees of Calgary-based Blackfire Exploration Ltd.were arrested for the murder. Other local anti-mining activists have also reported receiving death threats. Documents were later released revealing that the company was bribing the local mayor.

"We have obtained documents - which Blackfire admits are genuine - that clearly show payments of US$1,000 a month going directly into the Mayor of Chicomuselo's bank account on the understanding that municipal authorities would keep community members opposed to the mine under control,"explained Rick Arnold, coordinator for Common Frontiers-Canada .

Less than a month later, two anti-mining activists were killed in El Salvador within a week of each other, where Canada's Pacific Rim Mining Co. has been facing resistance to a proposed gold and silver mine in the area. The company is currently using a US-based subsidiary and provisions in the Central American Free Trade Agreement to sue El Salvador's government for refusing to grant the company permission to commercialize the potentially destructive El Dorado mine.

"The company's presence continues to create violence and conflict by their continued insistence on opening the mine despite widespread community opposition," said Alexis Stoumbelis, Executive Director of the Committee in Solidarity with the People of El Salvador (CISPES). "At this point, the only ethical thing for Pacific Rim to do is to leave El Salvador and to withdraw their lawsuits against the Salvadoran government."

Pacific Rim refuses to acknowledge that the violence is related to their widely unpopular project.

"The violence in Mexico and El Salvador are the logical and tragic outcome of a system that delivers millions of dollars to unethical people running unethical and even criminal companies with no oversight whatsoever," said Carlos Zorrilla, director of Defensa y Conservacion Ecologica de Intag (DECOIN) .

Zorrilla is no stranger to anti-mining violence. He had to go into hiding because of his organizing against Copper Mesa Mining Corp. (formerly Ascendant Copper ). The United Nations' high commissioner for human rights investigated his case. The company was also accused of using paramilitaries to intimidate local anti-mining community members. Copper Mesa, along with the Toronto Stock Exchange, are now being sued by three local Ecuadorians.

Finally, the Honduran government is investigating claims that Canada´s Goldcorp Inc. contaminated the Siria Valley with toxic heavy metals from its San Martin mine, which local villagers and NGO's claim has caused health problems with the local population and killed livestock. The Guardian reports that two studies from scientists at Newcastle University supports the complaints against the mining company. What is uncertain, yet probably unlikely, is whether the new right-wing, and to many around the globe illegitimate administration, will continue with the investigation. It should be noted that Goldcorp supported the coup that removed President Manuel Zelaya bybusing workers to pro-coup marches. 

And these are just a few recent incidents, with more operations across the globe, from Burma (Myanmar) to Guatemala , drawing the ire of human rights and environmental activists, as well as the effected communities.

A Long Shot That Still Comes Up Short

In light of this bloody history, one of the C-300 bill's shortcomings is that it would not stop mining companies found guilty of abuses from continuing their operations. It would just take away one slice of their funding.

"We need legal reform in Canada and the scope of this bill is quite limited," said Karyn Keenan, a Program Officer withHalifax Initiative Coalition . "[But] Law reform in Canada happens in an incremental way...and that's just the reality."

CISPES's Stoumbelis has a harsher assessment of the bill. She points out that it does nothing to address the unjust global political and economic system which allows countries like Canada to exploit other nations, their people, and its resources with impunity.

"The idea of corporate social responsibility is a weak framework, in my opinion, because it doesn't fundamentally change the balance of power. Under the current neoliberal model, the right of a corporation to make a profit is upheld over the rights of an individual or a community to have safe water and land on which to farm," said CISPES's Stoumbelis. "Toughening regulations, while necessary, doesn't go far enough to challenge these fundamental inequalities. It doesn't seem possible to have any form of mining that is good for the environment or for developing sustainable industries or economies in Latin America or elsewhere, and with the state of the global climate, it seems like we should be looking more at alternatives than at regulation."

In 2007 the Canadian government created roundtable sessions with representatives from the mining industry and activists and academics from civil society to address the lack of oversight for an industry with an infamous global reputation of human rights abuses and environmental destruction. Two years later, the result of the roundtable's recommendationswas the creation of an oversight mechanism that allows an "independent" corporate social responsibility (CSR) counselor to investigate allegations against mining companies--but only if the accused company gives consent to be investigated. The appointed "independent" investigator, Marketa Evans, who just happens to be "founding director of the University of Toronto's Munk Centre – named for and funded by Peter Munk, founder of Canada's Barrick Gold," answered critics of the policy masquerading as reform by telling The Toronto Star that "My hypothesis is that companies will want to participate in a review."

Whether you believe that, critics accuse the government of watering down and dismissing what at the time was thought to be another "step forward."

MiningWatch Canada , a Canadian non-profit committed to aiding mining reform efforts, responded by pointing out, "Collectively, the voluntary guidelines proposed by the Government of Canada do not reflect, nor do they ensure respect for, all international human rights norms and practices that may be affected by Canadian mining companies operating abroad."

Currently, the conservative Harper government believes Bill C-300 is unnecessary, and is looking to maintain the status quo. Trade Minister Stockwell Day said at a press conference on January 13 more voluntary standards coupled with shareholder pressure is all that is needed.

"One of the compelling factors that exists today is the very awareness that can be so easily transmitted if a company seems to be going offside in some area, shareholders demand that," said Day. "There is very little tolerance among shareholders for wrong practices."

The Harper government launched a new corporate social responsibility website to help Canadian companies "raise the bar for excellent CSR-related practices in the extractive industry." But recent testimony and reports suggest that the "bar" is starting on the ground.

Yet Canada´s powerful mining lobby is still fighting back. Canadian law firm McCarthy Tetrault´s answer to Bill C-300was a veiled threat by suggesting that if Bill C-300 passes it would "encourage mining companies to locate in jurisdictions with less regulation, and no commitment to CSR efforts."

Vince Borg, a spokesperson for Barrick Gold, also respondedto allegations presented before parliament in November.

"The hearings have amply demonstrated how Bill C-300 has become a magnet for false and unsubstantiated allegations from individuals anywhere in the world and do nothing but unduly harm the Canadian mining industry," said Borg.

Protest Barrick's Saunders was unsurprised by the company's statements and campaign to defeat the bill.

"Barrick Gold is the Canadian Company with the most to lose," said Saunders. "And they apparently don't get in any trouble for telling blatant lies."

She pointed out one glaring lie where Barrick claimed that "there is no evidence" that there has been "serious human health impacts or even deaths" associated with a toxic spill that occurred last May in Tanzania. Within three weeks of the spill, major papers in the country reported that at least 20 people and 300 cows had died. Up to this day, villagers still suffer from skin diseases and plant and animal death.

"I think the bill has a very slim chance of passing, but the heightened public awareness of the bad behavior of Canadian mining companies abroad that media coverage of the bill has brought could help," added Saunders. "But perhaps what's best about the bill is that the debate around C-300 has exposed the inner workings and relationship of the Canadian government with the mining industry."

It's expected that the bill will receive another parliamentary reading in March, when it would have to be voted out of committee. It would then need Senate approval, with uniform opposition expected from the country's ruling Conservative majority making it highly unlikely.

Karen Spring, an activist with Rights Action , a human rights organization that works with communities effected by mining in Central America, although highly critical of the bill agrees with Saunders that despite the its shortcomings, and even if it doesn't pass, it has served a purpose.

"The strengths of the bill, in my opinion, is the public campaign on the part of the Canadian public and NGOs that are supporting the bill in drawing a lot of critical attention to the mining companies," said Spring. "The campaign is educating the Canadian public about the poor practices of Canadian mining companies abroad, and at the same time, giving Canadian citizens a direct way of getting involved with the struggle against the human rights violations these companies are committing abroad."

But Spring notes that the campaign supporting Bill C-300 has overshadowed a stronger legislation, the International Protection and Promotion of Human Rights Act, or Bill C-354. Proposed by New Democratic Party (NDP) MP Peter Julian , the bill would allow foreigners to sue Canadian companies in Canadian courts for human rights abuses, regardless of where the abuses take place. It replicates the United States' Alien Tort Claims Act, which survivors of torture in other countries have used to sue their torturers in US courts.

"If the Canadian government is at all interested in putting respect of human rights, and of life itself, above protecting and promoting the rights of their companies to make money overseas, then they will adopt measures such as bill C-300," said Ecuadorian anti-mining activist Zorrilla. "One is left to wonder how many more deaths it will take to convince the Canadian Parliament- and people- that something needs to be urgently done to reign in their corporations and prevent all these tragedies."

Cyril Mychalejko is an editor atwww.UpsideDownWorld.org , an online magazine covering politics and activism in Latin America.  He also serves on the board of the Canary Institute . This article was originally published at www.TowardFreedom.com .