El balance de la gestión ambiental del Ejecutivo durante el año que termina, especialmente en ámbito minero, es más negativo que positivo. Lo positivo es la decisión del Presidente Mauricio Funes de no permitir ningún proyecto de explotación minera, mientras que en los aspectos negativos destaca la actitud ¿pro minera? de los ministerios de Economía y de Medioambiente.
Lo positivo. Desde que llegó a Casa Presidencial, incluso antes de ser electo Presidente, Mauricio Funes ha sido firme en su postura anti minera. Es más, el mandatario se expresó a favor de una Ley que prohíba en forma definitiva la minería de metales. Sin embargo, no ordenó a su ministro de Economía ni al de Medioambiente tomar iniciativa de ley en el Parlamento.
Acción positiva del Presidente Funes también es la decisión de no ceder ante la presión de las empresas mineras y enfrentar las demandas de Pacific Rim y Commerce Group en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), aunque su estrategia de defensa no incluye a las organizaciones anti mineras ni cuestiona los tratados comerciales que permiten a las compañías extractivas enjuiciar al Estado.
Lo negativo. Contrariando el rechazo presidencial a las actividades mineras, los ministerios de Economía y de Medioambiente declaran que el Ejecutivo no tiene definida postura a favor o en contra de la minería y que ésta depende de los resultados de una evaluación ambiental estratégica que está en curso.
Héctor Dada Hirezi y Herman Rosa Chávez, titulares de Economía y de Medioambiente, respectivamente, incluso pidieron a la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa esperar los resultados de la evaluación ambiental para decidir sobre la prohibición o permisión de la minería de metales.
Es decir: en vez de ser consecuentes con la postura presidencial de oposición a la minería y solicitar la aprobación de la Ley prohibitiva de la misma, Dada Hirezi y Rosa Chávez dieron el argumento perfecto al arenero Vicente Menjívar y demás diputados de derecha que se empeñan en postergar la aprobación de dicha normativa.
Es curioso que los titulares de Economía y de Medioambiente se den el lujo de contradecir al propio Presidente Funes, quien manda a callar o despide por “pérdida de confianza” a cualquier funcionario que contraríe su postura. ¿O habrá algún acuerdo entre ellos? Podría ser que, por un lado, Funes rechaza la minería para contener al movimiento anti minero y, por el otro, Dada Hirezi y Rosa Chávez buscan la confianza de los inversionistas mineros mostrándose afines a sus proyectos.
Otro aspecto negativo es la postura del presidente Funes frente a la mina Cerro Blanco, de la transnacional canadiense Gold Corp, en Jutiapa (Guatemala). Este proyecto extractivo amenaza con contaminar el Lago de Guija y el Río Lempa, pero el mandatario considera que el gobierno chapín tiene derecho a “hacer lo que quiera en su territorio”.
Estas declaraciones (dadas el 18 de noviembre luego de la entrega de vehículos a diferentes unidades policiales), que pasaron desapercibidas por los medios de comunicación, desdicen la responsabilidad presidencial de defender la integridad del país amenazada por el cianuro, metales pesados y drenaje ácido de la mina Cerro Blanco.
Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
Lo positivo. Desde que llegó a Casa Presidencial, incluso antes de ser electo Presidente, Mauricio Funes ha sido firme en su postura anti minera. Es más, el mandatario se expresó a favor de una Ley que prohíba en forma definitiva la minería de metales. Sin embargo, no ordenó a su ministro de Economía ni al de Medioambiente tomar iniciativa de ley en el Parlamento.
Acción positiva del Presidente Funes también es la decisión de no ceder ante la presión de las empresas mineras y enfrentar las demandas de Pacific Rim y Commerce Group en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI), aunque su estrategia de defensa no incluye a las organizaciones anti mineras ni cuestiona los tratados comerciales que permiten a las compañías extractivas enjuiciar al Estado.
Lo negativo. Contrariando el rechazo presidencial a las actividades mineras, los ministerios de Economía y de Medioambiente declaran que el Ejecutivo no tiene definida postura a favor o en contra de la minería y que ésta depende de los resultados de una evaluación ambiental estratégica que está en curso.
Héctor Dada Hirezi y Herman Rosa Chávez, titulares de Economía y de Medioambiente, respectivamente, incluso pidieron a la Comisión de Medioambiente y Cambio Climático de la Asamblea Legislativa esperar los resultados de la evaluación ambiental para decidir sobre la prohibición o permisión de la minería de metales.
Es decir: en vez de ser consecuentes con la postura presidencial de oposición a la minería y solicitar la aprobación de la Ley prohibitiva de la misma, Dada Hirezi y Rosa Chávez dieron el argumento perfecto al arenero Vicente Menjívar y demás diputados de derecha que se empeñan en postergar la aprobación de dicha normativa.
Es curioso que los titulares de Economía y de Medioambiente se den el lujo de contradecir al propio Presidente Funes, quien manda a callar o despide por “pérdida de confianza” a cualquier funcionario que contraríe su postura. ¿O habrá algún acuerdo entre ellos? Podría ser que, por un lado, Funes rechaza la minería para contener al movimiento anti minero y, por el otro, Dada Hirezi y Rosa Chávez buscan la confianza de los inversionistas mineros mostrándose afines a sus proyectos.
Otro aspecto negativo es la postura del presidente Funes frente a la mina Cerro Blanco, de la transnacional canadiense Gold Corp, en Jutiapa (Guatemala). Este proyecto extractivo amenaza con contaminar el Lago de Guija y el Río Lempa, pero el mandatario considera que el gobierno chapín tiene derecho a “hacer lo que quiera en su territorio”.
Estas declaraciones (dadas el 18 de noviembre luego de la entrega de vehículos a diferentes unidades policiales), que pasaron desapercibidas por los medios de comunicación, desdicen la responsabilidad presidencial de defender la integridad del país amenazada por el cianuro, metales pesados y drenaje ácido de la mina Cerro Blanco.
Equipo de comunicaciones de la Mesa Nacional frente a la Minería Metálica.
