Exige la Cámara a Calderón no intervenir en conflictos mineros

Domingo 14 de marzo de 2010


Le piden desistir de usar la fuerza en Cananea, Sombrerete y Taxco
Roberto Garduño

La Junta de Coordinación Política, el principal órgano de gobierno en la Cámara de Diputados, demandó al presidente Felipe Calderón no intervenir en los conflictos laborales de las minas de Cananea, Sombrerete y Taxco, y descarte la posibilidad de ordenar que entren en acción las fuerzas disuasivas del Estado.

La instancia, presidida por Francisco Rojas Gutiérrez (PRI), y conformada por los coordinadores de PAN, Josefina Vázquez Mota; PRD, Alejandro Encinas Rodríguez; PVEM, Juan José Guerra Abud; PT, Pedro Vázquez González; Nueva Alianza, Reyes Tamez Guerra, y Convergencia, Pedro Jiménez León, marcó un alto al Ejecutivo federal:

La Cámara de Diputados del Congreso de la Unión hace un urgente llamado al titular del Poder Ejecutivo para que se abstenga de ordenar por cualquier medio o circunstancia el uso de la fuerza del Estado para ocupar las instalaciones de las minas de Cananea, Sombrerete y Taxco o desalojar y ejercer cualquier acción de contención contra los trabajadores mineros y sus familias, en tanto se resuelven los procedimientos judiciales en marcha.

La argumentación, enviada ayer al Ejecutivo federal señala que el ejercicio de los principios de legalidad y respeto a los derechos civiles y sociales es premisa básica para la vida institucional democrática en el país, y el equilibrio de los factores de la producción es también, hoy día, factor para la seguridad nacional, así como para la estabilidad y progreso de garantías sociales y protección a la propiedad privada.

Por tanto, ante la presunción de amenaza y vulnerabilidad de los principios del pacto constitucional, se pone en riesgo el permanente esfuerzo por mantener, edificar y consolidar el Estado democrático de derecho que nos hemos dado; y por tanto el Poder Legislativo tiene la obligación ética y política de observar el desempeño y de evitar los posibles abusos del poder público en su función de representante de las mayorías mexicanas frente a la obligación irrenunciable del Poder Ejecutivo para mantener el derecho de toda persona a un trabajo digno en la garantía de paz y tranquilidad pública.

El PVEM, mediante su representante Samuel Moreno, presentó un punto de acuerdo para exhortar al Ejecutivo a instruir a las secretarías de Economía y de Gobernación para que se aboquen a estudiar la posibilidad de cancelar la concesión a Mexicana de Cananea SA de CV, tomando como premisa fundamental el deterioro social ocasionado en Cananea derivado del conflicto en la empresa minera, en perjuicio de los habitantes de Cananea y de la industria minera del país.

También la junta insta a Calderón para que instruya a las secretarías de Economía y Gobernación a emprender un programa especial de reactivación económica integral para aquella región de Sonora, que incluya la garantía de dotación de servicios básicos.

A todos es conocido el grave conflicto laboral y social del municipio de Cananea. Hasta hoy, a la ciudad le ha sido negado el auxilio de las dependencias del Ejecutivo federal, por el contrario, mediante posturas legalistas radicales se desentienden de buscar una solución con el argumento de que se atienen a la letra de la ley. Con ello hace oídos sordos a los llamados de apoyo que formulan no sólo los cananenses, sino muchas voces que conocen la magnitud de la problemática que aqueja a los habitantes del mineral.

El PVEM refiere que resulta paradójico que las instancias con las atribuciones legales y los recursos necesarios no auxilien a la población que de manera imperiosa lo necesita.

Después de 31 meses de huelga en la mina de cobre Mexicana de Cananea, los casi 35 mil habitantes del lugar continúan viviendo una situación socialmente dramática, que hace bastante tiempo rebasa el conflicto jurídico motivado por la huelga, y amenaza seriamente la convivencia armónica en esa población.

La minería es el motor de la economía del municipio y de la región, con un impacto muy importante en la actividad minera nacional: ahí se concentra 12 por ciento de la producción minera del país; 46 por ciento de la producción de cobre y una derrama económica estimada en 150 millones de pesos mensuales, de acuerdo con datos de las autoridades laborales.

Canadian mining firm accused of links to murder of protester, threatens arbitration over mine closure in Chiapas

Investment Treaty News (ITN)

By Fernando Cabrera Diaz
March 11, 2010
Calgary-based mining firm Blackfire Exploration has reportedly threatened Mexican officials in Chiapas with NAFTA Chapter 11 arbitration in response to the closure of its barite mine in the southern Mexican state of Chiapas.  The mine’s closure came on the heels of intense local protests against the mine following the murder of a local activist.
On November 27, 2009 Mariano Abarca, leader of the Mexican Network of those Affected by Mining (REMA by its initials in Spanish) was assassinated in front of his home. Mr. Abarca led a local movement against Blackfire’s barite mine near the town of Chicomuselo Chiapas. Locals accuse the mine of contaminating area farms and using up water resources.
According to the Globe and Mail three men have been arrested by Mexican police in connection with the slaying, one a current Blackfire employee and two others who worked for the company in the past. Company President Brent Willis has denied the company had any connection to the killing and has repeatedly stated that the Chiapas mine is being run in an environmentally responsible way that meets Canadian standards.
Less than two weeks after Mr. Abarca’s murder and amidst growing protests, on December 7th state environmental authorities in Chiapas ordered the temporary closure of the mine. Chiapas officials denied the murder played a role in their decision and instead cited pollution and toxic emissions as the reason.
According to reports in Mexican Daily Milenio, Blackfire has threatened to launch NAFTA Chapter 11 arbitration against Mexico seeking almost US$ 800 million as compensation for the illegal closing of its mine in Chiapas. Citing an unnamed Blackfire spokesperson the paper says the company is still willing to negotiate with the Chiapas government over the re-opening of the mine or appropriate compensation if this is not possible.
The Blackfire controversy is providing more ammunition to proponents of Bill-C300 in Canada introduced last February by Canadian Member of Parliament John Mackay. Also known as the Corporate Accountability of Mining, Oil and Gas Corporations in Developing Countries Act, the bill would hold Canadian companies who receive support from the Canadian government responsible in Canada for human rights and environmental abuses in developing countries.
In a bizarre twist to the story, Blackfire revealed to the Globe and Mail that it had filed a complaint with the Congress of Chiapas in June 2009 alleging that the company was being extorted by Chicomuselo mayor Julio Cesar Velazquez Calderon.
In its complaint Blackfire says that it paid the mayor a total of over US$ 17,000 in monthly instalments to prevent members of a co-operative farm near the mine from “taking up arms” against the company.  The company says it stopped paying the bribes when the mayor’s demands escalated to include a sexual evening with Mexican nude model Niurka Marcos.
Meanwhile, a coalition of Canadian NGOs and labour rights groups including Common Frontiers-Canada, MiningWatch Canada, the Council of Canadians and United Steelworkers, have called on the Royal Canadian Mounted Police to investigate the company’s alleged corruption of Mexican officials and intimidation of protesters citing the Canadian Corruption of Foreign Public Officials Act.
Sources:
“Empresa canadiense, inconforme con el cierre de mina de titanio, Demandarán al gobierno de Chiapas por 800 mdd,” Milenio Online, February 10, 2010: http://impreso.milenio.com/node/8716870
“RCMP asked to investigate Canadian mining company,” Vancouver Sun, December 19, 2009.
“The mayor, the model and the mining company; Canadian firm Blackfire unearths more controversy by alleging politician sought cash bribe and ‘sexual evening,” By Andy Hoffman, The Globe and Mail, December 12, 2009.
“Citing environment, Mexican state shuts down Canadian-run mine after slaying of activist,” By Manuel de la Cruz, Canadian Press, December 9, 2009.

Consignan en Chiapas a ex diputado Walter León

EL UNIVERSAL 
TUXTLA GUTIÉRREZ LUNES 01 DE MARZO DE 2010
El gobierno estatal ordena también la detención y arraigo judicial por 30 días en contra del abogado y ex diputado estatal del PRD, Horacio Culebro Borrayas



La Procuraduría General de Justicia del Estado consignó al centro penitenciario del municipio de Copainalá al empresario y ex diputado federal del PRI, Walter León Montoya, uno de los promotores de las elecciones locales de Chiapas, por la presunta autoría intelectual del dirigente comunitario ambientalista Mariano Abarca, asesinado a tiros en Chicomuselo, el año pasado.
Por las mismas acusaciones ministeriales, el gobierno estatal ordenó la detención y arraigo judicial por 30 días en contra del abogado y ex diputado estatal del PRD, Horacio Culebro Borrayas, quien promovió los comicios de este año ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La Procuraduría informó en un comunicado que la indagatoria judicial fue turnada al Juzgado Primero de lo Penal del Distrito Judicial de esta capital, donde también enfrentan proceso Caralampio López Vázquez, Jorge Carlos Sepúlveda Calvo y Ricardo Antonio Coutiño Velasco, señalados como autores materiales del asesinato de Abarca Roblero.
El centro penitenciario de Coapainalá es considerado un reclusorio "de castigo" por abogados y organizaciones políticas.
En ese sitio de la región Centro, enfrenta proceso penal el dirigente regional de Movimiento Campesino Regional Independiente (MOCRI) Eric Bautista, arrestado por este gobierno.
Ahí también purgan condena integrantes de la banda criminal Mara Salvatrucha.
Este lunes, parientes y amigos del maestro constitucional y ex catedrático universitario, Culebro Borrayas, denunciaron una campaña de intimidación y acoso de policías Ministeriales del estado.
fml

Arrestan a ex diputado perredista en Chiapas

EL UNIVERSAL 
TUXTLA GUTIÉRREZ MIÉRCOLES 24 DE FEBRERO DE 2010 


Horacio Culebro fue uno de los promotores de las elecciones de diputados locales y Ayuntamientos, que este martes repuso el Congreso local por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación


Policías ministeriales arrestaron al abogado y ex diputado local del PRD, Horacio Culebro Borrayas, a quien se le investiga por la muerte de un líder ambientalista en el municipio de Chicomuselo, a finales del año pasado.
Agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), encabezados por el comandante Céspedes, interceptaron al abogado y maestro en Derecho Constitucional, en una de las calles de esta capital.
Horacio Culebro fue uno de los promotores de las elecciones de diputados locales y Ayuntamientos, que este martes repuso el Congreso local por mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
"Me detienen sin citatorio y sin especificarme los motivos, aunque presumo que es para la ampliación de declaraciones rendidas hace algunos días por el caso de Mariano Abarca", señaló al ser detenido.
La semana pasada, el Juzgado Séptimo de Distrito otorgó al abogado el amparo 210/2010 contra probables actos arbitrarios del gobierno estatal.
Abogados de su corporativo indicaron que esta noche Culebro Borrayas comparece en declaraciones ante el Ministerio público del fuero común.
El ex legislador del Partido de la Revolución Democrático fue director jurídico del registro agrario y director jurídico de lo contencioso, durante la administración de Cuahutémoc Cárdenas en el gobierno del Distrito Federal.
fml

México SA: Un desastre, política y concesiones mineras

Sábado 20 de febrero de 2010

Carlos Fernández-Vega

T

ratándose de la propiedad de la nación, en términos constitucionales, lo menos que puede esperarse de la autoridad encargada (algunos le llamanresponsable) es que cuide y proteja los intereses de los mexicanos, que esté atenta y evite excesos, irregularidades e ilegalidades. Eso se supone que hace, por ejemplo, la Secretaría de Economía, obligada por ley y oficialmente responsable de la política en materia minera, y como parte de ella las concesiones que otorga a particulares.

Pues bien, entre el supuesto y el hecho el resultado es catastrófico, según lo ha documentado la Auditoría Superior de la Federación (ASF), órgano que en su revisión de la Cuenta Pública 2008 deja en claro que la política y las concesiones mineras son un verdadero desastre, a tal grado que comprobó que de las 24 mil 713 concesiones mineras vigentes (hasta ese año) la Secretaría de Economía y áreas especializadas sólo realizó nueve visitas de inspección, lo que indica que la Dirección General de Minas no desempeña su facultad de verificar el cumplimiento de obligaciones de los concesionarios mineros, en términos del artículo 33, fracción 12, del Reglamento Interior de la Secretaría de Economía, ya que en este rubro su eficiencia alcanzó 0.04 por ciento del total de concesiones.

La Ley Minera vigente, expedida en el salinato (26 de junio de 1992, reglamentaria del artículo 27 constitucional), se reformó en tres ocasiones: el 24 de diciembre de 1996, para dar certeza jurídica (una frase muy calderonista, pero utilizada 18 años atrás) a los concesionarios y simplificar el otorgamiento de las concesiones mineras; el 28 de abril de 2005, con la finalidad de que se expida un solo título de concesión minera en sustitución de la práctica de expedir títulos para exploración o explotación, y el 26 de junio de 2006, cuando se le adicionaron reglas para la inversión extranjera. Entre otros grandes resultados destaca el que la explotación de las minas nacionales y la comercialización del producto obtenido beneficia en mayor medida a las grandes empresas, dejando a las pequeñas y medianas la rebanada más delgada del pastel.

Pero más allá de la concentración de la riqueza (la minera, en este caso), la revisión realizada por la ASF da cuenta del ostentoso incumplimiento de la Secretaría de Economía en materia minera, aunque no es la única instancia gubernamental dedicada a cuidarle el negocio al gran capital, en demérito de los trabajadores mineros, como Javier Loinsano Alarcón comprende a la perfección. Así funcionan la dependencia a cargo de Gerardo Ruiz Mateos y sus órganos especializados (la Coordinación General de Minería –CGM–; la Dirección General de Promoción Minera –DGPM– y la Dirección General de Minas –DGM). Por ello, va un rápido paseo por los hallazgos de la Auditoría en le referida revisión:

Para los ejercicios fiscales 2007, 2008 y 2009, la Secretaría de Economía no formuló la política pública en materia minera, en incumplimiento de la ley respectiva, al tiempo que se detectaron actos u omisiones que podrían constituir responsabilidades administrativas. No sólo eso, sino que entre los incumplimientos sobresalen: no fijó indicador para medir el cumplimiento del objetivo de impulsar la creación, desarrollo y consolidación de las empresas mineras; no llevó a cabo acciones específicas para la promoción de la competitividad de y para las empresas mineras; no fijó metas e indicadores en la promoción de la inversión; omitió la verificación de los requisitos, los cuales los solicitantes de concesión minera están obligados a cubrir; exceso en los plazos para la emisión de las proposiciones a titulo y expedición de los títulos de concesión minera; omitió verificar las obligaciones de presentar informes estadísticos, técnicos y contables, de comprobación de obras, de pago de derechos por solicitud de concesión minera, y de pago de derechos por concesión minera; no actualizó las cuotas de inversión en obras y trabajos mineros; no realizó visitas a efecto de verificar el cumplimiento de obligaciones de los concesionarios mineros; los procedimientos de cancelación de las concesiones mineras se iniciaron de forma extemporánea y no se incluye, en el Sistema de Evaluación del Desempeño de la Secretaría de Economía, la totalidad de los indicadores de la Coordinación General de Minería.

Una joya de la eficiencia, con Ruiz Mateos en el trono, que no vigila el cumplimiento de la ley y en nada contribuye al bienestar de los mexicanos. Por ejemplo, en el ejercicio fiscal 2008 la CGM fijó una meta de 7 mil 200 nuevos empleos en el sector (5.2 por ciento más que en 2007). Sin embargo, la dependencia reportó la pérdida de 2 mil 228 empleos en el sector minero en el cuarto trimestre del citado año y justificó que la meta no se alcanzó por la caída, en el trimestre citado, de la demanda externa de minerales, la crisis económica y la baja en los precios de los metales. CGM no fue eficaz en la promoción de la generación de empleos en el ejercicio fiscal de 2008, en incumplimiento del Programa Sectorial de Economía 2007-2012.

Por si fuera poco, con la revisión de los expedientes de la muestra de 114 concesiones vigentes en 2008, la ASF documentó que ni los concesionarios informan a la DGM ni ésta verifica que los concesionarios cumplan con las normas oficiales en materia de seguridad de minas y de equilibrio ecológico y protección al ambiente; la Ley Minera señala que corresponde a la Secretaría de Economía verificar el cumplimiento de los deberes y obligaciones a quienes lleven a cabo la exploración, explotación o beneficio de minerales o sustancias concesibles, e imponer las sanciones correspondientes; de lo anterior, concluye, sólo contó con la información de 3 de 114 concesionarios mineros, uníndice de eficacia de apenas 2.6 por ciento. Además, se registraron pago de derechos (de por sí ridículos) por abajo de lo legalmente establecido; por medio del referido muestreo, se documentó que 11 concesionarios pagaron de menos y 18 omitieron los pagos conforme a la cuota que les correspondía en ese ejercicio fiscal, de acuerdo con las hectáreas concesionadas y la fecha del otorgamiento de la concesión.

Y así por el estilo. Eso sí, a la hora de madrear mineros son puntuales y siempre están en primera fila.

México SA: México, paraíso para consorcios mineros

Lunes 8 de febrero de 2010

Carlos Fernández-Vega

A

llá por septiembre del año pasado, en plena negociación del paquete económico 2009, a un senador tricolor,en nombre propio y en el de varios de sus compañeros de bancada, se le ocurrió proponer una iniciativa con proyecto de decreto para modificar diversos artículos legales y así obligar a las grandes empresas mineras (autóctonas y foráneas) que explotan esa riqueza, supuestamente propiedad de la nación, a enterar al fisco cantidades suculentamente mayores a las que hasta ahora aportan, si así se le puede llamar, dada la voluminosa riqueza que obtienen. Concretamente, promovía el cobro de un derecho por 4 por ciento sobre el valor de los bienes sujetos a extracción,cuantificado en el lugar donde se dan estas actividades, independientemente del domicilio fiscal de las empresas o particulares, titulares de la concesión o asignación minera correspondiente.

Uno de los elementos que sustentaron tal iniciativa resulta tan simple como aberrante: por obra y gracia del gobierno federal, no sin la santa mano del Legislativo, los beneficiarios de concesiones y asignaciones mineras en México deben pagar semestralmente, por cada hectárea o fracción concesionada o asignada, el derecho sobre minería de acuerdo con una tarifa de cuotas, las cuales son verdaderamente ridículas, pues en 2009 se fijaron entre 5 (la mínima) y 101 pesos (la máxima) por hectárea, de acuerdo con los años de vigencia de la concesión, independientemente del valor y el volumen del mineral obtenido.

¿Qué sucedió? Ante tal pretensión, más rápida que la inundación en El Arenal la oligarquía minera que opera en el país soltó a sus cabilderos –entre ellos la propia Secretaría de Economía– para que tal iniciativa no pasara de ser un mal chiste y fuera a parar directamente al bote de la basura, lo que, dicho sea de paso, sucedió. De hecho, en la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2010 se lee: regalías provenientes de fondos y explotaciones mineras: 0.0 pesos, y para el mismo año las citadas cuotas aprobadas seincrementaron a 5.08 (la mínima) y 111.27 pesos (la máxima).

Como en tantos otros renglones de la actividad económica, México se ha convertido en un paraíso para los consorcios mineros, los que no solamente gozan del privilegio de la consolidación fiscal, sino que el que otorga las concesiones –el gobierno federal– les acomoda unas cuotas verdaderamente insignificantes, mientras a la población le carga la mano y le cobra crecientes impuestos, amén de que le inventa cualquier cantidad de ellos.

De acuerdo con información de la Cámara Minera de México, en Argentina se aplica un impuesto de 3 por ciento a la extracción minera; en Brasil la tasa varía según el mineral de que se trate, pero va de 2 a 3 por ciento; en Chile de 0.5 a 5 por ciento y en Perú de 1 a 3 por ciento. ¿En México? Cero por ciento; sólo la simbólica cuota fija por hectárea. Y por lo que toca a regalías mineras, la base para el reparto es así: Argentina, sobre valor boca mina; Brasil, ingreso neto; Chile, sobre renta gravable con ciertas adiciones y deducciones; Perú, ingresos menos algunos costos de tratamiento. ¿En México? Sencillo: cuota por hectárea y consolidación fiscal (en Canadá no se permite, de allí que el mayor número de empresas extranjeras barrenando el país sean de esa nacionalidad, porque aquí sí).

De la citada iniciativa se retoman los siguientes elementos que sirven de contexto: “la explotación minera en el país ha dejado a su paso daños ecológicos de importancia, en virtud de las tecnologías que se usan y usaron a través de los tiempos, teniendo como ejemplo la deforestación, la contaminación de cuencas hidrológicas por los desechos mineros, así como empobrecimiento y mala salud de los habitantes de dichos lugares. Los principales productos de la minería son bienes del subsuelo, cuya propiedad original corresponde la nación como establece el artículo 27 de la Constitución.

Sin embargo, el pueblo de México no recibe por estos bienes ningún beneficio económico directo. De ahí que analizando el valor de los minerales consideramos que siendo estos bienes sujetos a riqueza agregada es menester darles un valor, que deberá ser la base para el establecimiento de un derecho. Los ingresos obtenidos deberán asignarse a los tres órdenes de gobierno para ejercerlos bajo su responsabilidad en programas de desarrollo regional sustentable. Desde 1955 se derogó la Ley del Impuesto y Fomento a la Minería, que sustituyó a la Ley de Impuestos y Derecho relativa a la minería de 1934.

A la fecha sólo subsisten las cuotas referidas, que son simbólicas y no representan un monto importante en la recaudación federal; la base para este derecho (número de hectáreas concesionadas) es una aberración económica, ya que debería ser fijado de acuerdo con el volumen o cantidad de mineral extraído, el cual nada tiene que ver con el número de hectáreas concesionadas o asignadas al particular; el texto vigente no considera a los minerales producidos en función a su valor de comercialización, sino solamente a la superficie del terreno sobre el cual se otorga una concesión o asignación correspondiente.

La actividad minera equivale a 1.6 por ciento del PIB, pero estados, municipios y Distrito Federal reciben una cantidad mínima. Con el 4 por ciento se facilitaría el cálculo por tratarse de una tasa única, aplicable a todas las sustancias y minerales sujetos a la ley de referencia, y de paso se cumpliría con el principio constitucional de generalidad al dar trato igual a todos los sujetos afectos al gravamen. Entonces, ¿dónde quedó la iniciativa?

Las rebanadas del pastel

En una misma zona geográfica, ¿qué marca la diferencia entre un desastre natural y una emergencia, es decir entre la terrible inundación en los municipios conurbados del estado de México y la correspondiente en el norte del Distrito Federal? Un burócrata con militancia partidista en la Secretaría de Gobernación… En esto de la mina Paredones Amarillos en Baja California Sur, el pasado sábado un indignado lector, que firma como Cuitláhuac Miravalle, cual niño héroe brincó a la palestra envuelto en la bandera del gobernador Agúndez para defenderlo y reclamar a este tecleador que el mandatario ya dijo que votará en contra del proyecto, cuando es obvio que de lengua los políticos se comen el perol completo. ¿Sirve de algo quevote en contra, cuando él mismo pretexta que es una decisión de la Semarnat? Propaganda barata que comparte y promueve el nostálgico cuan misterioso reclamante. No se trata dedecir, sino de hacer, movilizar, encabezar –por ser el gobernador quien tiene las herramientas legales para hacerlo– la protesta ciudadana e impedir el ecocidio en la reserva de la biosfera Sierra de la Laguna. Que ya dijo. ¿Y? Así es: los legisladores tricolorestambién dijeron y ya ven.

cfvmexico_sa@hotmail.com •mexicosa@infinitum.com.mx

Canada's Long Road To Mining Reform

http://www.countercurrents.org/mychalejko270110.htm

By Cyril Mychalejko

27 January, 2010
Countercurrents.org 

Rape. Murder. Corruption. Environmental contamination. Impunity. These are just some of the charges and incidents that have plagued Canadian mining operations abroad for years. Now one Canadian lawmaker has taken on the Herculean challenge of legislating mining reform in a country that has traditionally acted like a parent in denial.

"The mining industry in Canada is too powerful a lobby," saidLiberal Member of Parliament (MP) John McKay.

Sixty percent of the world's mining corporations come from Canada. According to a report by InfoMine , Canadian mining corporations listed on the Toronto Stock Exchange had 1,010 projects in South America, 578 in Mexico, 703 in Africa, 376 in Asia and 345 in Australia, New Zealand and Papua New Guinea in 2009. Canada also accounts for 19 percent of global mining exploration spending, which totaled at $13.2 billion. Gold, silver, copper and nickel are among the minerals the industry scours the globe for. In Canada the industry employs 193 registered lobbyists.

McKay's bill, C-300 , would empower the Canadian federal government to investigate complaints of human rights and environmental abuses leveled against mining companies. If the Ministers investigating a company find it guilty of violating social and environmental standards laid out in the bill, the company, if receiving support from the Canada Pension Planor Export Development Canada could lose funding from the respective organizations.

"It's limited, but a positive step forward overall," said Sakura Saunders, editor of www.ProtestBarrick.net , a website that provides research and organizing information around mining issues, with a focus on Canadian Mining giant Barrick Gold . "But this bill is simply putting ethical guidelines on the investment and promotion of mining, oil and gas projects in developing countries. It treats the Canadian government as an investor rather than a government."

Dirty Business

Sarah Knuckey, a lawyer at the center for human rights at New York University School of Law, testified at a parliamentary hearing in Ottawa in November that security guards working at a mine in Papua New Guinea, owned by Barrick Gold, are guilty of gang raping local women.

"The guards, usually in a group of five or more, find a woman while they are patrolling on or near mine property. They take turns threatening, beating and raping her," said Knuckley. "In a number of cases, women reported to me being forced to chew and swallow condoms used by guards during the rape."

Amnesty International issued a public statement on December 9, 2009 revealing that local police at the same mine in Papua New Guinea violently evicted local families and burned down and destroyed at least 130 buildings and houses. Barrick initially denied the allegations, but after the conclusions of Amnesty's local investigation were released the company was forced to accept the findings.

Barrick was also recently accused of failing to comply with environmental standards in Chile and of anti-union discrimination in Argentina.

On November 27, 2009 another Canadian company made headlines when a Chiapan anti-mining organizer, Mariano Abarca Roblero, was assassinated. One employee and two former employees of Calgary-based Blackfire Exploration Ltd.were arrested for the murder. Other local anti-mining activists have also reported receiving death threats. Documents were later released revealing that the company was bribing the local mayor.

"We have obtained documents - which Blackfire admits are genuine - that clearly show payments of US$1,000 a month going directly into the Mayor of Chicomuselo's bank account on the understanding that municipal authorities would keep community members opposed to the mine under control,"explained Rick Arnold, coordinator for Common Frontiers-Canada .

Less than a month later, two anti-mining activists were killed in El Salvador within a week of each other, where Canada's Pacific Rim Mining Co. has been facing resistance to a proposed gold and silver mine in the area. The company is currently using a US-based subsidiary and provisions in the Central American Free Trade Agreement to sue El Salvador's government for refusing to grant the company permission to commercialize the potentially destructive El Dorado mine.

"The company's presence continues to create violence and conflict by their continued insistence on opening the mine despite widespread community opposition," said Alexis Stoumbelis, Executive Director of the Committee in Solidarity with the People of El Salvador (CISPES). "At this point, the only ethical thing for Pacific Rim to do is to leave El Salvador and to withdraw their lawsuits against the Salvadoran government."

Pacific Rim refuses to acknowledge that the violence is related to their widely unpopular project.

"The violence in Mexico and El Salvador are the logical and tragic outcome of a system that delivers millions of dollars to unethical people running unethical and even criminal companies with no oversight whatsoever," said Carlos Zorrilla, director of Defensa y Conservacion Ecologica de Intag (DECOIN) .

Zorrilla is no stranger to anti-mining violence. He had to go into hiding because of his organizing against Copper Mesa Mining Corp. (formerly Ascendant Copper ). The United Nations' high commissioner for human rights investigated his case. The company was also accused of using paramilitaries to intimidate local anti-mining community members. Copper Mesa, along with the Toronto Stock Exchange, are now being sued by three local Ecuadorians.

Finally, the Honduran government is investigating claims that Canada´s Goldcorp Inc. contaminated the Siria Valley with toxic heavy metals from its San Martin mine, which local villagers and NGO's claim has caused health problems with the local population and killed livestock. The Guardian reports that two studies from scientists at Newcastle University supports the complaints against the mining company. What is uncertain, yet probably unlikely, is whether the new right-wing, and to many around the globe illegitimate administration, will continue with the investigation. It should be noted that Goldcorp supported the coup that removed President Manuel Zelaya bybusing workers to pro-coup marches. 

And these are just a few recent incidents, with more operations across the globe, from Burma (Myanmar) to Guatemala , drawing the ire of human rights and environmental activists, as well as the effected communities.

A Long Shot That Still Comes Up Short

In light of this bloody history, one of the C-300 bill's shortcomings is that it would not stop mining companies found guilty of abuses from continuing their operations. It would just take away one slice of their funding.

"We need legal reform in Canada and the scope of this bill is quite limited," said Karyn Keenan, a Program Officer withHalifax Initiative Coalition . "[But] Law reform in Canada happens in an incremental way...and that's just the reality."

CISPES's Stoumbelis has a harsher assessment of the bill. She points out that it does nothing to address the unjust global political and economic system which allows countries like Canada to exploit other nations, their people, and its resources with impunity.

"The idea of corporate social responsibility is a weak framework, in my opinion, because it doesn't fundamentally change the balance of power. Under the current neoliberal model, the right of a corporation to make a profit is upheld over the rights of an individual or a community to have safe water and land on which to farm," said CISPES's Stoumbelis. "Toughening regulations, while necessary, doesn't go far enough to challenge these fundamental inequalities. It doesn't seem possible to have any form of mining that is good for the environment or for developing sustainable industries or economies in Latin America or elsewhere, and with the state of the global climate, it seems like we should be looking more at alternatives than at regulation."

In 2007 the Canadian government created roundtable sessions with representatives from the mining industry and activists and academics from civil society to address the lack of oversight for an industry with an infamous global reputation of human rights abuses and environmental destruction. Two years later, the result of the roundtable's recommendationswas the creation of an oversight mechanism that allows an "independent" corporate social responsibility (CSR) counselor to investigate allegations against mining companies--but only if the accused company gives consent to be investigated. The appointed "independent" investigator, Marketa Evans, who just happens to be "founding director of the University of Toronto's Munk Centre – named for and funded by Peter Munk, founder of Canada's Barrick Gold," answered critics of the policy masquerading as reform by telling The Toronto Star that "My hypothesis is that companies will want to participate in a review."

Whether you believe that, critics accuse the government of watering down and dismissing what at the time was thought to be another "step forward."

MiningWatch Canada , a Canadian non-profit committed to aiding mining reform efforts, responded by pointing out, "Collectively, the voluntary guidelines proposed by the Government of Canada do not reflect, nor do they ensure respect for, all international human rights norms and practices that may be affected by Canadian mining companies operating abroad."

Currently, the conservative Harper government believes Bill C-300 is unnecessary, and is looking to maintain the status quo. Trade Minister Stockwell Day said at a press conference on January 13 more voluntary standards coupled with shareholder pressure is all that is needed.

"One of the compelling factors that exists today is the very awareness that can be so easily transmitted if a company seems to be going offside in some area, shareholders demand that," said Day. "There is very little tolerance among shareholders for wrong practices."

The Harper government launched a new corporate social responsibility website to help Canadian companies "raise the bar for excellent CSR-related practices in the extractive industry." But recent testimony and reports suggest that the "bar" is starting on the ground.

Yet Canada´s powerful mining lobby is still fighting back. Canadian law firm McCarthy Tetrault´s answer to Bill C-300was a veiled threat by suggesting that if Bill C-300 passes it would "encourage mining companies to locate in jurisdictions with less regulation, and no commitment to CSR efforts."

Vince Borg, a spokesperson for Barrick Gold, also respondedto allegations presented before parliament in November.

"The hearings have amply demonstrated how Bill C-300 has become a magnet for false and unsubstantiated allegations from individuals anywhere in the world and do nothing but unduly harm the Canadian mining industry," said Borg.

Protest Barrick's Saunders was unsurprised by the company's statements and campaign to defeat the bill.

"Barrick Gold is the Canadian Company with the most to lose," said Saunders. "And they apparently don't get in any trouble for telling blatant lies."

She pointed out one glaring lie where Barrick claimed that "there is no evidence" that there has been "serious human health impacts or even deaths" associated with a toxic spill that occurred last May in Tanzania. Within three weeks of the spill, major papers in the country reported that at least 20 people and 300 cows had died. Up to this day, villagers still suffer from skin diseases and plant and animal death.

"I think the bill has a very slim chance of passing, but the heightened public awareness of the bad behavior of Canadian mining companies abroad that media coverage of the bill has brought could help," added Saunders. "But perhaps what's best about the bill is that the debate around C-300 has exposed the inner workings and relationship of the Canadian government with the mining industry."

It's expected that the bill will receive another parliamentary reading in March, when it would have to be voted out of committee. It would then need Senate approval, with uniform opposition expected from the country's ruling Conservative majority making it highly unlikely.

Karen Spring, an activist with Rights Action , a human rights organization that works with communities effected by mining in Central America, although highly critical of the bill agrees with Saunders that despite the its shortcomings, and even if it doesn't pass, it has served a purpose.

"The strengths of the bill, in my opinion, is the public campaign on the part of the Canadian public and NGOs that are supporting the bill in drawing a lot of critical attention to the mining companies," said Spring. "The campaign is educating the Canadian public about the poor practices of Canadian mining companies abroad, and at the same time, giving Canadian citizens a direct way of getting involved with the struggle against the human rights violations these companies are committing abroad."

But Spring notes that the campaign supporting Bill C-300 has overshadowed a stronger legislation, the International Protection and Promotion of Human Rights Act, or Bill C-354. Proposed by New Democratic Party (NDP) MP Peter Julian , the bill would allow foreigners to sue Canadian companies in Canadian courts for human rights abuses, regardless of where the abuses take place. It replicates the United States' Alien Tort Claims Act, which survivors of torture in other countries have used to sue their torturers in US courts.

"If the Canadian government is at all interested in putting respect of human rights, and of life itself, above protecting and promoting the rights of their companies to make money overseas, then they will adopt measures such as bill C-300," said Ecuadorian anti-mining activist Zorrilla. "One is left to wonder how many more deaths it will take to convince the Canadian Parliament- and people- that something needs to be urgently done to reign in their corporations and prevent all these tragedies."

Cyril Mychalejko is an editor atwww.UpsideDownWorld.org , an online magazine covering politics and activism in Latin America.  He also serves on the board of the Canary Institute . This article was originally published at www.TowardFreedom.com .