http://www.mineriaysociedad.unsj.edu.ar/ver_noticia.php?noticia=305
Moran: “Si los ciudadanos se informan cambiará la dinámica del poder”
En el Foro/debate “Minería y Sociedad” el Dr. Robert Moran, hidrogeólogo y geoquímico proveniente de los Estados Unidos, expuso sobre “Proyectos de Minería Metalífera: impactos frecuentes relacionados con el agua. Preguntas importantes”.
En el Foro/debate “Minería y Sociedad” el Dr. Robert Moran, hidrogeólogo y geoquímico proveniente de los Estados Unidos, expuso sobre “Proyectos de Minería Metalífera: impactos frecuentes relacionados con el agua. Preguntas importantes”. Al inicio de su disertación, que contó con la asistencia de una traductora profesional, aclaró que su posición no era ni a favor ni en contra de la minería ya que su trabajo es proporcionar técnica y experiencia, y agregó: “luego los pueblos o los gobiernos deciden, en realidad son las industrias las que toman las decisiones”.
Moran manifestó desde el comienzo que esta exposición surge de su experiencia, adquirida durante 38 años de trabajo en investigaciones realizadas en muchos países del mundo, tales como Perú, Ghana, EE UU, Rumania, Honduras, Mongolia, entre otros. En este sentido, asesoró también a bancos e instituciones relacionadas con la actividad minera.
“Este tema se relaciona directamente con el dinero y el poder”, expresó Moran, ante un público que copó el hall del rectorado, y que siguió atentamente cada una de las diapositivas, algunas de ellas con imágenes de diferentes minas instaladas en varios países del mundo.
La exposición se centró en los impactos negativos que sufre el agua como consecuencia de la minería a cielo abierto, y enumeró algunos de ellos: la probable contaminación a largo plazo, la disminución del agua subterránea, la filtración de las colas, la sequía de muchos manantiales, entre otros tantos efectos. Además profundizó en las fuentes corrientes de contaminación del agua que se utilizan en la minería como los residuos de laboratorio, los explosivos, los químicos, herbicidas, combustibles, entre otros.
Moran también se refirió al enfrentamiento que existe en los países como Perú y Rumania donde los aborígenes y agricultores luchan contra las compañías mineras por el Agua, la que ha disminuido en su nivel por el bombeo que se hace desde la actividad minera.
A modo de una dinámica de enseñanza, el expositor realizó preguntas al auditorio, orientadas a fomentar el pensamiento, el debate y posteriormente el diálogo. “¿Para qué estamos en este foro?” interrogó, para luego expresar que la información es la clave para que las decisiones “ya no las tomen solamente los Gobiernos o las Industrias sino que en una misma mesa puedan sentarse a charlar todas las partes por igual”. Por último manifestó que “si los ciudadanos se informan cambiará la dinámica del poder”.
Durante su conferencia el hidrogeólogo adelantó que las preguntas importantes, anticipadas en el título de su exposición, le sirven a una sociedad para informarse sobre esta problemática y en especial para poder realizar un control real y detallado a las Industrias y Compañías del recurso natural no renovable del Agua. Estas preguntas con las que asesoró Moran se publicarán en la página del foro: http://www.mineriaysociedad.ensj.edu.ar/
Para finalizar, ante la pregunta si existe realmente el desarrollo sostenible, respondió que él había estado en cientos de minas y ninguna era sustentable, “para que resulte sustentable las empresas deberían gastar mucho dinero y eso es algo a lo que no están dispuestas”, aseguró.
Fuente: Comisión Organizadora del Foro
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miércoles, 12 de enero de 2011
Paz social del país ha sido alterada por 250 conflictos generados por el gobierno aprista
Ollanta defendió derechos de comunidades al agua y preservación del medio ambiente
Víctor Alvarado
El candidato presidencial de la confluencia “Gana Perú”, Ollanta Humala, advirtió que la paz social en el país ha sido alterada por la existencia de 250 conflictos sociales generados por determinadas actividades que amenazan los derechos de las comunidades campesinos al agua y a la preservación del medio ambiente, y por la decisión del gobierno de dialogar únicamente con las empresas y no con las poblaciones.
“Una prueba de la responsabilidad del gobierno en la generación de estos conflictos son los casos de Huancabamba y Carmen de la Frontera (Piura), donde las poblaciones fueron objeto de la imposición unilateral de concesiones mineras, esto en un gobierno nacionalista se revertirá mediante un diálogo, en igualdad de trato, entre el Estado, el capital y las comunidades”, dijo.
“Nosotros vamos a dar estabilidad social a las comunidades. La paz social se logra sobre la base del diálogo entre el Estado, el capital y las comunidades, pero el actual gobierno sólo conversa con el capital y por eso se dan los conflictos”, dijo.
El candidato presidencial señaló que la minería no debe ser temida por las poblaciones y que se trata de establecer reglas de juego que aseguren, por parte de las empresas mineras, la realización de esta actividad con responsabilidad, para lo cual estas deben cumplir con pagar sus impuestos, respetar el medio ambiente, generar empleo y realizar una verdadera transferencia tecnológica.
Seguidamente, planteó en esta perspectiva que “el Estado tiene que convertirse en propietario de los recursos naturales y para eso proponemos una nueva Constitución, para que el país participe en la repartición de utilidades. La actividad minera debe estar en paz con las comunidades y el agua es un derecho de todos los peruanos”, enfatizó.
Finalmente, respecto a los candidatos a congresistas por “Gana Perú”, sostuvo que a diferencia del 2006, en que aún no tenían construido el partido nacionalista, y no hicieron una buena selección, ahora sí tenían candidatos propios, que serán dados a conocer oportunamente.
Humala hizo estas precisiones durante su visita a Piura, donde hizo entrega de regalos navideños a 300 niños de los asentamientos humanos en el coliseo “Campeones Boliviarianos”.
Víctor Alvarado
El candidato presidencial de la confluencia “Gana Perú”, Ollanta Humala, advirtió que la paz social en el país ha sido alterada por la existencia de 250 conflictos sociales generados por determinadas actividades que amenazan los derechos de las comunidades campesinos al agua y a la preservación del medio ambiente, y por la decisión del gobierno de dialogar únicamente con las empresas y no con las poblaciones.
“Una prueba de la responsabilidad del gobierno en la generación de estos conflictos son los casos de Huancabamba y Carmen de la Frontera (Piura), donde las poblaciones fueron objeto de la imposición unilateral de concesiones mineras, esto en un gobierno nacionalista se revertirá mediante un diálogo, en igualdad de trato, entre el Estado, el capital y las comunidades”, dijo.
“Nosotros vamos a dar estabilidad social a las comunidades. La paz social se logra sobre la base del diálogo entre el Estado, el capital y las comunidades, pero el actual gobierno sólo conversa con el capital y por eso se dan los conflictos”, dijo.
El candidato presidencial señaló que la minería no debe ser temida por las poblaciones y que se trata de establecer reglas de juego que aseguren, por parte de las empresas mineras, la realización de esta actividad con responsabilidad, para lo cual estas deben cumplir con pagar sus impuestos, respetar el medio ambiente, generar empleo y realizar una verdadera transferencia tecnológica.
Seguidamente, planteó en esta perspectiva que “el Estado tiene que convertirse en propietario de los recursos naturales y para eso proponemos una nueva Constitución, para que el país participe en la repartición de utilidades. La actividad minera debe estar en paz con las comunidades y el agua es un derecho de todos los peruanos”, enfatizó.
Finalmente, respecto a los candidatos a congresistas por “Gana Perú”, sostuvo que a diferencia del 2006, en que aún no tenían construido el partido nacionalista, y no hicieron una buena selección, ahora sí tenían candidatos propios, que serán dados a conocer oportunamente.
Humala hizo estas precisiones durante su visita a Piura, donde hizo entrega de regalos navideños a 300 niños de los asentamientos humanos en el coliseo “Campeones Boliviarianos”.
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jueves, 11 de noviembre de 2010
Foro de los Pueblos Indígenas Minería, Cambio Climático y Buen Vivir
http://www.ecoportal.net/content/view/full/95386
10/09/10
Cuando la crisis climática amenaza todas las formas de vida, las instituciones financieras internacionales y los Estados continúan promoviendo actividades altamente contaminantes. La minería, en particular, utiliza enormes volúmenes de agua y envenena ríos, lagos y cabeceras de cuenca, además de arrojar a aire y tierra sustancias igualmente tóxicas.
Cincuenta millones de indígenas pertenecientes a más de 671 pueblos del Abya Yala (América Latina) sufren la imposición de las actividades extractivas, principalmente la minería, en sus territorios. El 90% de la población indígena del continente se concentra en cinco países: Guatemala, México, Perú, Bolivia y Ecuador. Y es precisamente en estos países donde se observa una expansión de la minería, vulnerando derechos colectivos, generando impactos negativos en el modo de vida de las comunidades y pueblos, y constituyendo una de las causas de la crisis climática al contaminar y depredar la Madre Tierra.
La expansión minera se inscribe en la globalización neoliberal, sustentada en el libre mercado, las máximas ventajas a las inversiones extranjeras y la priorización de las actividades extractivas, con mínimos controles ambientales y laborales. Por ello esta expansión está amparada por políticas de Estado que priorizan el crecimiento económico sobre la base de la extracción de los recursos naturales y las exportaciones. En la ejecución de estas políticas, los estados incumplen la obligación de consultar a los pueblos indígenas antes de aprobar el inicio de actividades mineras en sus territorios.
Todo esto se hace en nombre del desarrollo. Sin embargo, la experiencia mundial muestra que la minería no contribuye al desarrollo de los pueblos, pues es una actividad de enclave, que primariza la economía, recibe privilegios tributarios y precariza de manera creciente las condiciones laborales. Y, sobre todo en los países pobres, es una actividad altamente contaminante y violatoria de derechos.
Cuando la crisis climática amenaza todas las formas de vida, las instituciones financieras internacionales y los Estados continúan promoviendo actividades altamente contaminantes. La minería, en particular, utiliza enormes volúmenes de agua y envenena ríos, lagos y cabeceras de cuenca, además de arrojar a aire y tierra sustancias igualmente tóxicas.
A lo anterior se agrega que la imposición de la minería va acompañada de un proceso de criminalización de las protestas indígenas, que se expresa en el endurecimiento de las leyes penales, persecución policial y judicial, desplazamientos forzados, militarización de territorios e incluso torturas y asesinatos.
Frente a esta situación, los pueblos indígenas, a través de sus organizaciones, han emprendido procesos de resistencia a la expansión minera. Han activado diversas estrategias ante el Estado y las empresas para exigir el respeto de sus derechos. Han convocado a la realización de consultas sobre proyectos mineros donde se han manifestado mayoritariamente en contra de esta actividad, sobre todo en Perú, Guatemala y Colombia. Y han llamado a movilizaciones contra las políticas de Estado que favorecen el desarrollo de la industria minera.
Las propuestas de los pueblos indígenas frente al extractivismo, para la defensa de sus derechos y los derechos de la Madre Tierra, se resumen en el paradigma del Buen Vivir, como alternativa a la crisis de la civilización occidental.
Necesitamos posicionar este paradigma, articular los procesos e iniciar acciones de incidencia ante instancias internacionales de protección de los derechos indígenas. Para ello, los pueblos indígenas y los movimientos sociales debemos reflexionar juntos, intercambiar experiencias de afirmación de derechos, y articular estrategias sustentadas en el Buen Vivir.
Conscientes de esta urgencia, convocamos al Foro de los Pueblos Indígenas: Minería, Cambio Climático y Buen Vivir, que se desarrollará del 18 al 20 de noviembre de 2010 en Lima, Perú.
Objetivos:
1. Examinar la desmesurada expansión de la actividad minera y sus impactos ambientales, sociales, culturales y económicos sobre los territorios y los derechos de los pueblos indígenas.
2. Analizar la responsabilidad de la actividad minera en la crisis climática, consecuencia de los modelos extractivos y súper consumistas, y los desafíos de la necesaria respuesta organizada de los pueblos.
3. Consolidar la propuesta de Buen Vivir como modelo de vida alternativo para salvar todas las formas de vida en armonía con la Madre Naturaleza.
4. Compartir experiencias y aprendizajes de las acciones de los pueblos indígenas y sus aliados frente a los impactos de la industria minera.
5. Organizar un gran frente mundial por el Buen Vivir y la defensa de la Madre Naturaleza frente a la creciente amenaza del extractivismo minero y la crisis climática.
Cincuenta millones de indígenas pertenecientes a más de 671 pueblos del Abya Yala (América Latina) sufren la imposición de las actividades extractivas, principalmente la minería, en sus territorios. El 90% de la población indígena del continente se concentra en cinco países: Guatemala, México, Perú, Bolivia y Ecuador. Y es precisamente en estos países donde se observa una expansión de la minería, vulnerando derechos colectivos, generando impactos negativos en el modo de vida de las comunidades y pueblos, y constituyendo una de las causas de la crisis climática al contaminar y depredar la Madre Tierra.
La expansión minera se inscribe en la globalización neoliberal, sustentada en el libre mercado, las máximas ventajas a las inversiones extranjeras y la priorización de las actividades extractivas, con mínimos controles ambientales y laborales. Por ello esta expansión está amparada por políticas de Estado que priorizan el crecimiento económico sobre la base de la extracción de los recursos naturales y las exportaciones. En la ejecución de estas políticas, los estados incumplen la obligación de consultar a los pueblos indígenas antes de aprobar el inicio de actividades mineras en sus territorios.
Todo esto se hace en nombre del desarrollo. Sin embargo, la experiencia mundial muestra que la minería no contribuye al desarrollo de los pueblos, pues es una actividad de enclave, que primariza la economía, recibe privilegios tributarios y precariza de manera creciente las condiciones laborales. Y, sobre todo en los países pobres, es una actividad altamente contaminante y violatoria de derechos.
Cuando la crisis climática amenaza todas las formas de vida, las instituciones financieras internacionales y los Estados continúan promoviendo actividades altamente contaminantes. La minería, en particular, utiliza enormes volúmenes de agua y envenena ríos, lagos y cabeceras de cuenca, además de arrojar a aire y tierra sustancias igualmente tóxicas.
A lo anterior se agrega que la imposición de la minería va acompañada de un proceso de criminalización de las protestas indígenas, que se expresa en el endurecimiento de las leyes penales, persecución policial y judicial, desplazamientos forzados, militarización de territorios e incluso torturas y asesinatos.
Frente a esta situación, los pueblos indígenas, a través de sus organizaciones, han emprendido procesos de resistencia a la expansión minera. Han activado diversas estrategias ante el Estado y las empresas para exigir el respeto de sus derechos. Han convocado a la realización de consultas sobre proyectos mineros donde se han manifestado mayoritariamente en contra de esta actividad, sobre todo en Perú, Guatemala y Colombia. Y han llamado a movilizaciones contra las políticas de Estado que favorecen el desarrollo de la industria minera.
Las propuestas de los pueblos indígenas frente al extractivismo, para la defensa de sus derechos y los derechos de la Madre Tierra, se resumen en el paradigma del Buen Vivir, como alternativa a la crisis de la civilización occidental.
Necesitamos posicionar este paradigma, articular los procesos e iniciar acciones de incidencia ante instancias internacionales de protección de los derechos indígenas. Para ello, los pueblos indígenas y los movimientos sociales debemos reflexionar juntos, intercambiar experiencias de afirmación de derechos, y articular estrategias sustentadas en el Buen Vivir.
Conscientes de esta urgencia, convocamos al Foro de los Pueblos Indígenas: Minería, Cambio Climático y Buen Vivir, que se desarrollará del 18 al 20 de noviembre de 2010 en Lima, Perú.
Objetivos:
1. Examinar la desmesurada expansión de la actividad minera y sus impactos ambientales, sociales, culturales y económicos sobre los territorios y los derechos de los pueblos indígenas.
2. Analizar la responsabilidad de la actividad minera en la crisis climática, consecuencia de los modelos extractivos y súper consumistas, y los desafíos de la necesaria respuesta organizada de los pueblos.
3. Consolidar la propuesta de Buen Vivir como modelo de vida alternativo para salvar todas las formas de vida en armonía con la Madre Naturaleza.
4. Compartir experiencias y aprendizajes de las acciones de los pueblos indígenas y sus aliados frente a los impactos de la industria minera.
5. Organizar un gran frente mundial por el Buen Vivir y la defensa de la Madre Naturaleza frente a la creciente amenaza del extractivismo minero y la crisis climática.
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AMENAZAN Y HOSTIGAN A HIJO DE MARIANO ABARCA ROBLERO EN CHICOMUSELO
Entrevista/Víctor Hugo Roblero Hernández
Motozintla, Chiapas. 22 de octubre de 2010.En entrevista exclusiva para este medio el abogado José Luis Abarca Montejo. Coordinador de la Red de Afectados por la Minería (REMA) en Chicomuselo, Chiapas. Hijo de Mariano Abarca Roblero, líder anti minero asesinado el 27 de noviembre de 2009, en Chicomuselo, ¿Luis, Tenemos entendido que acabas de regresar de Canadá dónde distes a conocer cuál es la situación caótica que vive Chicomuselo, en cuanto a la minería, en cuanto a que la minera BlackFire quiere seguir trabajando ahí ¿ a que fuiste?-
El abogado Abarca Montejo dijo: Bueno, exactamente fuimos hacer las denuncias correspondientes con todas las organizaciones con apoyo de ellas, para que esto se difunda en Canadá, sobre la máscara que tiene la empresa BlackFire aquí en nuestro municipio, sobre el destrozo de nuestro medio ambiente, también estuvimos en el congreso, en la cámara de diputados, fui invitado por un parlamentario del partido nuevo demócrata de Canadá ,donde hay dos leyes que se están proponiendo, una de ellas a partir de finales de octubre, para que estas empresas mineras sean reguladas en sus propios países y no tengan la facilidad de venir y hacer destrozos y afectar a las comunidades donde están extrayendo el material (barita).
Se le preguntó, si ¿son leyes que se quiere implantar?, respondió: son dos leyes una es ley Bill C-300,esta ley permite a las empresas que estén afectando a las comunidades o al medio ambiente o a las personas directamente afectadas por ellas puedan, a estas empresas se les puede retirar los fondos o las inversiones para que no puedan tener la facilidad de inversión, (para la exploración y explotación), esto ayudará a las comunidades para que, para que así la bolsa de valores no les de las facilidades de invertir o aportarles recursos a estas empresas mineras, ya que lo que han hecho han sido destruir el medio ambiente y hacer un desequilibrio social y ecológico aparte de eso la ley Bill C-354 permite a las comunidades afectadas directamente, (esto entraría en vigor a partir de un año y medio) aproximadamente, >está en proceso<, pero esta ley que permite a las comunidades o familiares o personas que estén afectadas directamente por la empresa ,puedan o hacer una demanda ante las cortes de Canadá, demandar a la empresa e indemnizar a las comunidades por los destrozos que se hayan cometido.
Se le pregunto a José Luis Abarca, como abogado? cuál es la visión de los parlamentarios de la república de Canadá en cuanto a la BlackFire, respondió :Bastante apoyo en cuanto a la respuesta que hemos tenido, es de que no es posible (así lo dicen ellos) que las empresas transnacionales o empresas meramente canadienses, estén afectando a otras comunidades en el extranjero como es el caso aquí de Chicomuselo, entonces ellos no permitirán hacer eso, ellos están dispuestos a proponer nuevas leyes para que estas empresas se limiten hacer este tipo de explotación.
Luis Abarca, ¿acaban de haber dos marchas recientes en Chicomuselo?, recientes, una con la iglesia católica y la otra con la OCEZ –CNPA-MLN, donde piden el esclarecimiento del asesinato de tu Padre, y la otra no a la minería, pero la BlackFire se ampara en el estado, pierde el amparo ¿hasta dónde tienes conocimiento? ¿Cuál es la situación? dijo: el proceso que se llevó para la clausura de manera temporal de la mina, viene por parte del gobernador del estado, Lic. Juan Sabines Guerrero, del gobierno del estado por la Secretaría de Medio Ambiente, Vivienda e Historia Natural (Semavihn) de Chiapas. Y de la PROFEPA, pero esto las hacen con una disimulación, con un simulacro, con los errores idóneos, con esos huecos para que posteriormente la minera se amparara, desde que la empresa minera como lo hemos visto hasta ahora, se le ha otorgado el juez quinto de aquí de Tuxtla Gutiérrez. le otorgó el amparo a la empresa minera, por el gobierno del estado, por dependencias del medio ambiente, entonces eso significa que la empresa minera, puede regresar a laborar el día en que ellos lo decidan, pero han habido errores, de acuerdo a que el gobierno del estado simplemente clausuró a la minera, por una ampliación del camino que existía entre nueva Morelia, (de siete kilómetros) Por ampliación nada, mas no por la contaminación, aun cuando tenía la facultad de hacerlo, porque es del estado, no se le deslindó ninguna responsabilidad, simplemente por la ampliación del camino, cosa que fácilmente la empresa minera logró el amparo.
Se le preguntó Luis ustedes tienen amenazas, ¿cuál es la vida cotidiana de tu familia? ¿ustedes no temen por su vida, que les pueda pasar algo como le pasó a tu Padre?, bueno :Si tenemos si existen amenazas sobre todo en mi persona por qué eh sido hostigado, pero yo creo que lo que se hace, es manifestación es una lucha en contra de estas empresas que lo único que hacen o lo que han hecho es venir a destrozar, nuestro medio ambiente a desequilibrar nuestro entorno social y ¡sí! tenemos amenazas, hostigamientos pero como lo dijera en principio mi Padre, él lo denunció antes de que ocurriera el hecho del 27 de noviembre de 2009, denunciando que él había sido amenazado por la empresa minera, aun así el gobierno del estado en ningún momento tuvo la precaución o un acercamiento sobre las denuncias hechas por mi Padre estando en vida, ahora en mi persona que tengo hostigamiento de igual forma, aquí la única empresa que se está viendo afectada, por derechos que nos corresponden como personas, como sociedad, es la empresa minera BlackFire, sería la única que pueda estarnos hostigando y en su caso y en su caso también las autoridades del estado porque en base a ellos han podido estar involucradas con la empresa, porque fue así como sucedió con el arraigo de mi Padre en agosto de 2008.
Se le preguntó al abogado Luis Abarca Montejo, si ¿ha presentado alguna demanda por amenazas o las que resulten en contra de la empresa minera BlackFire? dijo: Formalmente ¡no!, pero si algo me pasara estos serían los principales sospechosos, la minera BlackFire, de acuerdo a que eh tomado la lucha de mi padre. Y como lo pronunciamos al principio, los principales responsables de la muerte de mi padre es la empresa minera BlackFire, no existen nadie más.
Los responsables por el asesinato de tu Padre que están detenidos ¿han denunciado a los autores intelectuales? Abarca Montejo dijo: De acuerdo a las personas, o los autores materiales que se encuentran detenidos, ellos no mencionan, no han declarado en contra de la empresa minera, al parecer creemos que se han estado reservando esa declaración; pero el gobierno del estado que tampoco ha hecho lo posible de investigar más a fondo, porque existen personas que se les ha girado oficios, por parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y no ha hecho nada por mandarlos a citar, mucho menos a declarar nada por el estilo, entonces creemos que el gobierno del estado si tiene intereses también sobre la minera.
¿Algo más que se nos pase, se le pregunto? Para finalizar, dijo: Bueno continuamos, seguimos con la lucha, verdad, de mantener esto en base a un interés social, en base a la comunidad, en base a los intereses, no simplemente de la comunidad sino del estado, que corresponde una cierta parte de territorio forestal la parte que ha estado siendo afectado, entonces este beneficio, esta lucha es en beneficio de todos los chiapanecos y mexicanos.
OTRA VERSIÓN OFICIA DIFUNDIDA POR EL GOBIERNO DE CHIAPAS LA SEMANA PASADA
VERSIÓN ESTENOGRÁFICA DE ENTREVISTA VÍA TELEFÓNICA CON URIEL ABARCA, EN EL NOTICIERO CON EL REPORTERO MANUEL GÓMEZ.
Manuel Gómez: Qué tal muy buenas tardes
Uriel Abarca Roblero: Buenas tardes
Manuel Gómez: De acuerdo a la información que nos hacen llegar el gobierno tuvo un fallo a tu favor verdad, en contra de la empresa canadiense Blackfire en su persona cual es su opinión al respecto
Uriel Abarca Roblero: Bueno este… yo creo que los hechos hablan por si solo, el gobernador del estado está cumpliendo… no solamente prometió, si no se comprometió con el pueblo de Chicomuselo a cerrar definitivamente la minera Blackfire, culpable de tantos perjuicios al medio ambiente y dese luego al parecer culpable también del asesinato de Mariano Abarca, entonces creo que el gobernador del estado está en su legítimo derecho de cerrar esta minera y si el fallo fue a favor del gobierno del estado, bueno yo creo que es correcto y estamos nosotros viendo pues que un estado social, que hay autoridad, que el señor gobernador del estado está haciendo lo correcto y lo que prometió lo está cumpliendo.
Manuel Gómez: Esta empresa ya tiene un buen tiempo que se cerró, sigue cerrado, y podíamos recordar el ¿por qué? Verdad, el caso muy fuerte de su hermano, desde que lo mataron verdad.
Uriel Abarca Roblero: Definitivamente creo que es ya… INAUDIBLE por la mayor parte de la opinión pública sobre todo de esa región del valle de Chicomuselo y parte del estado, de que Mariano mi hermano se oponía prácticamente a las arbitrariedades que estaba haciendo esta empresa minera Blackfire en contra del medio ambiente en la región de Chicomuselo, prácticamente en el ejido Grecia, en el ejido San Ramón y Nueva Morelia que estaban siendo los mas perjudicados, desde luego gran parte del municipio de Chicomuselo, él venia haciendo esta lucha desde ya hace unos meses, años ya anterior de su asesinato, él venia liderando este movimiento con un grupo de personas y con par un movimiento que venían haciendo con parte de estos ejidos que estaban siendo perjudicados, entonces lamentablemente verdad, a veces no quisiera uno ni recordar, pero lamentablemente sucedieron estos hechos haya en el municipio de Chicomuselo y yo pienso verdad, como hermano de él de que esa responsabilidad es de la minera, ellos son los responsables de esto, porque vinieron al estado de Chiapas a trabajar bajo un estado total de corrupción total, que permitió que desgraciadamente sucedieran estos lamentables hechos que es responsabilidad casi total de la empresa minera, porque no midieron las consecuencias, ellos quisieron trabajar conforme ellos quisieron, evadieron, este, sus responsabilidades, en ese estado de corrupción en el que ellos se manejaron vino a ocasionar todo esto. Entonces Mariano era un luchador social que se oponía, no a que no se extrajeran los minerales, si no que él oponía a que lo hicieran de esa manera, que se perjudicaran demasiado al medio ambiente, entonces después de sucedidos los hechos el señor Gobernador se comprometió a cerrar las minas hasta que no se esclarecieran estos hechos y desde luego que no se repararan los daños pues, que se reparar los daños a… ocasionados al medio ambiente en ese región de Chicomuselo.
Manuel Gómez: por su parte como familia afectado, ¿quisieran que esta empresa canadiense cierre de una vez?
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Mexicano dueño de la mina en la que murieron dos obreros huyó de Chile
El mexicano Germán Zayas Bazán, dueño de una mina en la que este lunes una explosión mató a dos obreros y dejó gravemente herido a un tercero, en el norte de Chile, huyó del país, confirmaron fuentes vinculadas a la investigación del accidente.
Zayas Bazán, propietario de la Compañía Minera del Sur, dueña a su vez de la mina Los Reyes, cercana a Copiapó, donde ocurrió el mortal accidente, viajó en avión hacia Argentina el mismo lunes, precisaron las fuentes, que pidieron no ser identificadas.
Anteriormente, el prefecto Luis Mardones, jefe de la Policía de Investigaciones (PDI) de la zona, había indicado que el empresario mexicano estaba en condición de prófugo, mientras trabajadores de la mina dijeron a periodistas locales que habían visto el vehículo de Zayas en un estacionamiento del aeropuerto de Copiapó.
El prefecto Mardones aseguró que la policía fue al domicilio del empresario y que también se revisó el vehículo, que era alquilado, en busca de documentos relacionados con la mina.
El Gobierno dijo hoy que la mina, situada a 65 kilómetros de Copiapó, cerca del yacimiento San José, donde se produjo el drama de los 33 trabajadores rescatados tras permanecer 70 días atrapados a 700 metros de profundidad, funcionaba de manera ilegal, por lo que será cerrado.
Los mineros Daniel Lazcano, de 24 años y Homero Aguirre, de 40, murieron este lunes en la mina Los Reyes, mientras Mauricio Silva, de 21, perdió el ojo izquierdo a causa de una explosión mientras trabajaban a 20 metros de profundidad en el yacimiento.
CIEL: mineras no dudan en asesinar a activistas para imponer sus intereses
http://www.jornada.unam.mx/2010/10/23/index.php?section=politica&article=014n2pol
Marcos Orellana, director del Programa de Derechos Humanos y Medio Ambiente del CIEL, explicó que activistas de México, Guatemala, El Salvador, Panamá y Honduras acudirán a denunciar los abusos que han sufrido a causa de su labor contra las actividades de la industria minera en la región.
La finalidad de la audiencia es
Por tal motivo, la organización solicitará que la CIDH le ordene a los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se fortalezcan los mecanismos institucionales de defensa a los promotores de derechos humanos y ambientales.
“Muchas veces –señaló Orellana– se hace hincapié en la participación ciudadana pero, ¿cómo va a haber participación si los que lo hacen son asesinados? No puede haber democracia en ese contexto”.
Entre las cuestiones más importantes que se plantearán el lunes, dijo, se encuentra el tema de la responsabilidad que podrían tener los países de origen de las compañías mineras, como Estados Unidos y Canadá, quienes estarían obligados a intervenir mediante una regulación laboral efectiva.
En el informe que el CIEL presentará ante la CIDH, se incluyen varios casos de abusos ocurridos en México, entre ellos el de Mariano Abarca Roblero, activista chiapaneco que fue asesinado en noviembre de 2009 luego de haber recibido amenazas de muerte por su oposición a la empresa minera canadiense Blackfire.
Sin embargo, afirmó Orellana, hay otras denuncias graves, como las relativas a Minera San Xavier (San Luis Potosí); las minas La Guitarra (estado de México), y Cuzcatlán (Oaxaca), en donde
Sobre la falta de cumplimiento por parte del gobierno mexicano de varias recomendaciones internacionales de derechos humanos, Orellana consideró que si esta actitud se repite
La delegación del CIEL estará acompañada por Javier Balderas Castillo, abogado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), quien dará su testimonio por el caso de Mariano Abarca, y por miembros del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
CIEL: mineras no dudan en asesinar a activistas para imponer sus intereses
Fernando Camacho Servín
Periódico La Jornada
Sábado 23 de octubre de 2010, p. 14
Sábado 23 de octubre de 2010, p. 14
Las empresas mineras no dudan en recurrir a actos graves de violencia contra ambientalistas y defensores de derechos humanos, incluidos el asesinato, el secuestro y la desaparición, con tal de imponer sus intereses económicos en México y Centroamérica, y para lograrlo suelen contar con la complicidad de los gobiernos locales.
Esta es la denuncia que el Centro para el Derecho Ambiental Internacional (CIEL, por sus siglas en inglés) presentará el lunes 25 de octubre durante la audiencia que sostendrá ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que se realizará en la ciudad de Washington, sede principal del organismo.Marcos Orellana, director del Programa de Derechos Humanos y Medio Ambiente del CIEL, explicó que activistas de México, Guatemala, El Salvador, Panamá y Honduras acudirán a denunciar los abusos que han sufrido a causa de su labor contra las actividades de la industria minera en la región.
Se han registrado asesinatos, secuestros, desapariciones y otras formas de violencia contra ellos. No hay un marco regulatorio efectivo para el trabajo de las minas, y eso genera impactos ambientales y sociales. Pero cuando las comunidades se organizan, empiezan a ser blanco de grupos paramilitares, con el apoyo o la anuencia del Estado, denunció.
La finalidad de la audiencia es
crear conciencia de este problema, porque los asesinatos y la violencia suelen presentarse como un acto aislado, pero vemos que en realidad son un patrón, una tendencia recurrente.
Por tal motivo, la organización solicitará que la CIDH le ordene a los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) que se fortalezcan los mecanismos institucionales de defensa a los promotores de derechos humanos y ambientales.
“Muchas veces –señaló Orellana– se hace hincapié en la participación ciudadana pero, ¿cómo va a haber participación si los que lo hacen son asesinados? No puede haber democracia en ese contexto”.
Entre las cuestiones más importantes que se plantearán el lunes, dijo, se encuentra el tema de la responsabilidad que podrían tener los países de origen de las compañías mineras, como Estados Unidos y Canadá, quienes estarían obligados a intervenir mediante una regulación laboral efectiva.
En el informe que el CIEL presentará ante la CIDH, se incluyen varios casos de abusos ocurridos en México, entre ellos el de Mariano Abarca Roblero, activista chiapaneco que fue asesinado en noviembre de 2009 luego de haber recibido amenazas de muerte por su oposición a la empresa minera canadiense Blackfire.
Sin embargo, afirmó Orellana, hay otras denuncias graves, como las relativas a Minera San Xavier (San Luis Potosí); las minas La Guitarra (estado de México), y Cuzcatlán (Oaxaca), en donde
se han verificado actos de violencia con la participación de autoridades municipales, grupos armados de delincuentes o fuerzas de seguridad irregulares.
Sobre la falta de cumplimiento por parte del gobierno mexicano de varias recomendaciones internacionales de derechos humanos, Orellana consideró que si esta actitud se repite
se menoscaba la legitimidad del Estado y eso genera más violencia, impunidad y desprotección contra las comunidades.
La delegación del CIEL estará acompañada por Javier Balderas Castillo, abogado de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), quien dará su testimonio por el caso de Mariano Abarca, y por miembros del Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
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