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lunes, 14 de marzo de 2011

Organizaciones de Chiapas contra la minería

http://www.elpais.cr/articulos.php?id=42273
Diversas organizaciones de Derechos Humanos, de la Iglesia Católica, indígenas y campesinos del Estado mexicano de Chiapas, reiteraron su compromiso de continuar la lucha contra la explotación minera de oro a cielo abierto. La decisión fue tomada este sábado en el ejido (distrito) Costa Rica, Municipio Frontera Comalapa, Chiapas. El siguiente es el texto:






"DECLARATORIA FINAL DEL FORO EN DEFENSA DE LA TIERRA, EL TERRITORIO Y LOS RECURSOS NATURALES, REALIZADO EN EL EJIDO COSTA RICA, MUNICIPIO DE FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS. A 05 DE MARZO DE 2011".
Nosotros y nosotras, de las diferentes comunidades cristianas, organizaciones sociales, organizaciones no gubernamentales, autoridades ejidales y pobladores en general, en el marco del tercer foro regional en defensa de los recursos minerales quienes nos hemos reunido en este día para intercambiar experiencias, informaciones y conocimientos, sobre la problemática minera en la región.
La nueva fase de explotación de los recursos naturales y materias primas en general, obedece a la crisis mundial provocada por la lógica de acumulación capitalista, que promueve el consumismo y una demanda cada vez más creciente de productos energéticos no renovables, que se están agotando. En consecuencia, los países mal llamados "en desarrollo", continúan jugando un rol de proveedores de recursos naturales estratégicos, como el petróleo, minerales, agro combustibles, aceite industrial, agua, entre otros.
Las empresas trasnacionales que operan en nuestro país y región solo obedecen a intereses personales y no en beneficio de las comunidades como lo dicen ellos. Por tanto, la minería de metales no contribuye en beneficio de los países y a las economías de las comunidades.
Los gobiernos no cumplen el papel fundamental de garantizar los derechos humanos y de impulsar el desarrollo integral de las personas y por ende, regular la actividad empresarial privada; en la práctica no sancionan, no implementan, ni hacen cumplir la normativa ambiental. En otros casos, las instancias de monitoreo ambiental están parcializadas a favor de las empresas extractivas. Por ello, las industrias mineras generan daños a la salud de las y los trabajadores y de los pueblos en total impunidad. Además causan pérdida de la biodiversidad por los altos índices de contaminación, al utilizar y generar elementos químicos altamente tóxicos. Las consecuencias sociales, culturales, ambientales y económicas que sufren las comunidades afectadas por las actividades mineras, dañan sus condiciones de vida, son irreversibles y condenan el futuro de las nuevas generaciones.
El sistema económico capitalista y neoliberal se caracteriza por el despojo, saqueo e irrespeto de los territorios de pueblos y comunidades campesinas e indígenas. Los Estados y las empresas que obedecen a este modelo descalifican la consulta previa, estipulada en instrumentos jurídicos nacionales e internacionales, como el Convenio 169 de la OIT y la Declaración de la ONU sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, atropellando sus derechos sociales, económicos y culturales.
Los gobiernos siguen utilizando mecanismos de represión y violación al derecho de libre organización y manifestación, para criminalizar las demandas de los pueblos. Las empresas mineras promueven la corrupción de dirigentes y autoridades, bajo la modalidad de amenaza, división, desarticulación social y confrontación entre las y los mismos ciudadanos.
En alianza con los gobiernos locales, nacionales y grupos de poder económico, las empresas reprimen, difaman, persiguen, enjuician y encarcelan a las y los dirigentes, o a toda persona que no esté de acuerdo con sus intereses.
Las personas participantes en este foro sobre Minería nos solidarizamos con los pueblos que se encuentran en permanente lucha, han realizado múltiples consultas de buena fe, en las cuales han rechazado la actividad minera. Las comunidades y pueblos, desde su articulación territorial han generado luchas y propuestas hacia una nueva forma de vida.
Nos declaramos en máxima alerta, dispuestos y dispuestas a realizar todos los esfuerzos necesarios para apoyar procesos que restituyan los derechos de las comunidades y ayuden a conservar el medio ambiente, logrando de esta forma un equilibrio en el desarrollo de nuestros países. Pretendemos demostrar una vez más la insustentabilidad ambiental, social y moral del modelo capitalista extractivista y declaramos las necesidad de su reemplazo por modelos que pongan al ser humano y todas las formas de vida en el centro del desarrollo y que devuelvan y constituyan el respeto a la naturaleza en las practicas cotidianas de la sociedad.
Solicitamos a los responsables políticos realizar un cambio urgente de las políticas y de este modelo de desarrollo. Demandamos que promuevan la recuperación y ejercicio de derechos de las comunidades, y que garanticen procesos de reorientación de las bases económicas del desarrollo de nuestros pueblos y se pongan al servicio de un modelo de justicia social y ambiental.
Animamos a los pueblos a que juntos seamos actores que construyamos una nueva relación entre seres humanos y la naturaleza; a que demos forma a una convivencia fraterna, justa, equitativa y sostenible que permita el bienestar de todas y todos en paz, como parte de la naturaleza, donde el Buen Vivir, sea la orientación para la refundación de los Estados y el desarrollo futuro.
Por lo tanto exigimos:
• Cancelación definitiva de todas las concesiones mineras otorgadas a las empresas en el estado de Chiapas.
• Libertad incondicional a los ejidatarios de San Sebastián, Bachajon, detenidos por defender su tierra y territorio; y otros presos políticos en el estado de Chiapas y en el país.
• Respeto a la autonomía de los pueblos indígenas como es el caso de Mitziton, municipio de San Cristóbal de las Casas. Chiapas.
• Respeto al trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos
• Nos solidarizamos con las luchas de los pueblos en defensa de los recursos naturales de Guatemala y de Latinoamérica.
¡NO A LA MINERIA DEPREDADORA, SI A LA VIDA!
ATENTAMENTE:
- PARROQUIAS DE COMALAPA, CHICOMUSELO, VENUSTIANO CARRANZA, TEOPISCA
- CENTRO DE DERECHOS DE LA MUJER DE CHIAPAS AC
- CENTRO DE DERECHOS HUMANOS "FRAY BARTOLOME DE LAS CASAS
- OTROS MUNDOS CHIAPAS AC
- OPEZ DEMOCRATICA ONPP
- UCIIS
- MADRE TIERRA MEXICO AC
- UCOS
- OPEZ HISTORICA BFP
- COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS "ORALIA MORALES" FRONTERA COMALAPA, CHIAPAS.
- COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS "10 DE ENERO"CHICOMUSELO, CHIAPAS.
- COMITÉ REGIONAL PARA LA PROMOCION Y DEFENSA DE LA VIDA" SAMUEL RUIZ"

En Costa Rica de Chiapas (México) evalúan lucha indígena contra minería de oro

http://www.elpais.cr/articulos.php?id=42221

Jornada inaugural dedicada a la pelea del pueblo costarricense contra la minería

Fuente: elpais.cr  | 05/03/2011






Redacción (elpais.cr) - Una jornada de lucha contra las empresas transnacionales mineras de oro a cielo abierto, dedicada al pueblo costarricense, inicia este sábado en el Ejido (distrito) de Costa Rica, Municipio Frontera Comalapa, en el Estado mexicano de Chiapas.
La actividad es convocada por el Comité Regional para la Promoción y Defensa de la Vida, los Comités de Derechos Humanos "Oralia Morales" de Frontera Comalapa,"10 de Enero" de Chicomuselo y la Parroquia "Santo Niño de Atocha" de Frontera Comalapa, Chiapas.
La jornada, según los organizadores, está dedicada al pueblo costarricense, que mayoritariamente se ha opuesto a la minería de oro a cielo abierto en Crucitas, San Carlos.
En la región Huetar Norte, la transnacional canadiense Infinito Gold ha pretendido construir una mina de oro a cielo abierto, pero la resistencia de las organizaciones por más de 15 años ha impedido tal actividad a tres kilómetros del río San Juan, fronterizo con Nicaragua.
Este primer acto de la jornada convoca a los niños y niñas, jóvenes, maestros, estudiantes, amas de casa, médicos, autoridades ejidales, municipales y a la sociedad en general.
En este tercer foro regional en "Defensa de La Tierra, el Territorio y los Recursos Naturales", participarán también organizaciones indígenas de la Selva Lacandona y de municipios fronterizos de Guatemala.
El objetivo de este foro es continuar con el intercambio de experiencias sobre los efectos negativos que provoca la explotación minera en la región, tomando en cuenta las prioridades de la Asamblea Diocesana sobre el cuidado de nuestra Madre Tierra.
Además, analizarán la situación actual en relación con el calentamiento global derivado de la enorme contaminación que provocan los países ricos.
Los organizadores indican que a ello se le suma "el interés de las compañías mineras transnacionales que se interesan en aumentar sus ganancias con la explotación de nuestros recursos naturales sin importarles las graves violaciones a los derechos humanos, división en las comunidades y hasta el despojo de habitantes de sus comunidades de origen".
"Por lo tanto, consideramos urgente organizarnos mejor para frenar este proyecto que solo nos trae destrucción y muerte", dijeron al reafirmar que "solo unidos y organizados podremos lograr un mejor futuro para nuestras generaciones".
Tras la celebración de un acto religioso en un Altar Maya, participará con una ponencia el obispo Álvaro Ramazzini, obispo de la diócesis de San Marcos, a quien las organizaciones populares fronterizas le han dado el título de "Defensor de la tierra y territorio en su diócesis ante la explotación minera".
Ramazzini también ha sido designado "Embajador de Paz" por el presidente de Guatemala, Álvaro Colon.
De seguido, se presentará la ponencia del área de Pastoral de la Tierra, de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas, así como de organizaciones de derechos humanos, campesinos e indígenas.
Un portavoz de la organización Oralia Morales dijo que del encuentro saldrá una respuesta a la pregunta: "¿Qué acciones conjuntas vamos a realizar para defender nuestros recursos naturales y para fortalecer más nuestra lucha?".

jueves, 11 de noviembre de 2010

Foro de los Pueblos Indígenas Minería, Cambio Climático y Buen Vivir

  http://www.ecoportal.net/content/view/full/95386

10/09/10
Cuando la crisis climática amenaza todas las formas de vida, las instituciones financieras internacionales y los Estados continúan promoviendo actividades altamente contaminantes. La minería, en particular, utiliza enormes volúmenes de agua y envenena ríos, lagos y cabeceras de cuenca, además de arrojar a aire y tierra sustancias igualmente tóxicas.
Cincuenta millones de indígenas pertenecientes a más de 671 pueblos del Abya Yala (América Latina) sufren la imposición de las actividades extractivas, principalmente la minería, en sus territorios. El 90% de la población indígena del continente se concentra en cinco países: Guatemala, México, Perú, Bolivia y Ecuador. Y es precisamente en estos países donde se observa una expansión de la minería, vulnerando derechos colectivos, generando impactos negativos en el modo de vida de las comunidades y pueblos, y constituyendo una de las causas de la crisis climática al contaminar y depredar la Madre Tierra.
La expansión minera se inscribe en la globalización neoliberal, sustentada en el libre mercado, las máximas ventajas a las inversiones extranjeras y la priorización de las actividades extractivas, con mínimos controles ambientales y laborales. Por ello esta expansión está amparada por políticas de Estado que priorizan el crecimiento económico sobre la base de la extracción de los recursos naturales y las exportaciones. En la ejecución de estas políticas, los estados incumplen la obligación de consultar a los pueblos indígenas antes de aprobar el inicio de actividades mineras en sus territorios.
Todo esto se hace en nombre del desarrollo. Sin embargo, la experiencia mundial muestra que la minería no contribuye al desarrollo de los pueblos, pues es una actividad de enclave, que primariza la economía, recibe privilegios tributarios y precariza de manera creciente las condiciones laborales. Y, sobre todo en los países pobres, es una actividad altamente contaminante y violatoria de derechos.
Cuando la crisis climática amenaza todas las formas de vida, las instituciones financieras internacionales y los Estados continúan promoviendo actividades altamente contaminantes. La minería, en particular, utiliza enormes volúmenes de agua y envenena ríos, lagos y cabeceras de cuenca, además de arrojar a aire y tierra sustancias igualmente tóxicas.
A lo anterior se agrega que la imposición de la minería va acompañada de un proceso de criminalización de las protestas indígenas, que se expresa en el endurecimiento de las leyes penales, persecución policial y judicial, desplazamientos forzados, militarización de territorios e incluso torturas y asesinatos.
Frente a esta situación, los pueblos indígenas, a través de sus organizaciones, han emprendido procesos de resistencia a la expansión minera. Han activado diversas estrategias ante el Estado y las empresas para exigir el respeto de sus derechos. Han convocado a la realización de consultas sobre proyectos mineros donde se han manifestado mayoritariamente en contra de esta actividad, sobre todo en Perú, Guatemala y Colombia. Y han llamado a movilizaciones contra las políticas de Estado que favorecen el desarrollo de la industria minera.
Las propuestas de los pueblos indígenas frente al extractivismo, para la defensa de sus derechos y los derechos de la Madre Tierra, se resumen en el paradigma del Buen Vivir, como alternativa a la crisis de la civilización occidental.
Necesitamos posicionar este paradigma, articular los procesos e iniciar acciones de incidencia ante instancias internacionales de protección de los derechos indígenas. Para ello, los pueblos indígenas y los movimientos sociales debemos reflexionar juntos, intercambiar experiencias de afirmación de derechos, y articular estrategias sustentadas en el Buen Vivir.
Conscientes de esta urgencia, convocamos al Foro de los Pueblos Indígenas: Minería, Cambio Climático y Buen Vivir, que se desarrollará del 18 al 20 de noviembre de 2010 en Lima, Perú.
Objetivos:
1. Examinar la desmesurada expansión de la actividad minera y sus impactos ambientales, sociales, culturales y económicos sobre los territorios y los derechos de los pueblos indígenas.
2. Analizar la responsabilidad de la actividad minera en la crisis climática, consecuencia de los modelos extractivos y súper consumistas, y los desafíos de la necesaria respuesta organizada de los pueblos.
3. Consolidar la propuesta de Buen Vivir como modelo de vida alternativo para salvar todas las formas de vida en armonía con la Madre Naturaleza.
4. Compartir experiencias y aprendizajes de las acciones de los pueblos indígenas y sus aliados frente a los impactos de la industria minera.
5. Organizar un gran frente mundial por el Buen Vivir y la defensa de la Madre Naturaleza frente a la creciente amenaza del extractivismo minero y la crisis climática.
 

Denuncian huicholes proyecto minero en zona sagrada de SLP

Empresa canadiense en Real de Catorce

Denuncian huicholes proyecto minero en zona sagrada de SLP

Javier Santos

Corresponsal

Periódico La Jornada
Miércoles 10 de noviembre de 2010, p. 40

Puerto Vallarta, Jal., 9 de noviembre. Autoridades wixáricas (huicholes) de Jalisco, Durango y Nayarit denunciaron que el gobierno federal otorgó 22 concesiones a la minera canadiense First Majestic Silver, que se apoderó de 6 mil 326 hectáreas en el desierto de Real de Catorce, San Luis Potosí, entre ellas lugares que consideran sagrados, por lo que rechazaron el proyecto de explotación.

Julio Parra Parra, curandero del centro ceremonial de Kanpatehuala, municipio de Mezquitic, Jalisco, dijo que los manantiales sagrados donde recolectamos agua bendita se encuentran en las cuencas de las vetas de plata que serán explotadas y podrían secarse y quedar contaminadas con cianuro debido a la actividad minera.

El acuífero, de acuerdo con la Comisión Nacional del Agua, está sobrexplotado y su capacidad de recuperación es muy baja, advirtió.

Tanto Julio Parra como Custo Santiago, de Santa Catarina Cuexcomatitlán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, advirtieron que se causarán daños irreversibles a 16 centros de población de seis ejidos que se encuentran en la superficie concesionada.

Custo Santiago pidió al municipio de Real de Catorce no entregar permisos de construcción o uso de suelo, y exigió al gobierno federal estrategias para el desarrollo armónico de la zona.

Los pueblos wixárikas de San Sebastián, Teponahuaxtlán y San Andrés Cohamiata y de las comunidades de Santa Catarina Cuexcomatitlán, entre otros, sesionaron los días 3, 4 y 5 de septiembre, y con el aval del consejo de ancianos acordaron rechazar el proyecto minero.

También pidieron cancelar las 22 concesiones a la trasnacional e imponer una moratoria indefinida para que no se expidan permisos de explotación o exploración en el desierto de Real de Catorce ni en ningún lugar circunvecino a nuestros lugares sagrados.

Detallaron que la explotación minera pone en peligro las fuentes de agua de numerosas localidades del Bajío, entre ellas El Mastranto, San José de Milpitas, Estación Catorce, Las Relaciones, El Barranco, El Garabato, Vigas de Coronado y San Juan de Matanzas, donde viven aproximadamente 3 mil 500 personas.

Además, señalaron, el proyecto viola los derechos reconocidos en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como el programa de manejo del área natural protegida de Wirikuta, que abarca casi 70 por ciento de la superficie, incluida en la concesión minera; también incumple la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Peligrosos, la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente y la Ley Ambiental y de Consulta a Pueblos Indígenas de San Luis Potosí, así como numerosas normas oficiales.

Advirtieron que harán uso de todos los recursos jurídicos nacionales e internacionales y realizarán acciones de resistencia civil pacífica.

Ecologistas denuncian abusos de la minería en Centroamérica y México

http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=562933
22-10-2010 / 19:40 h
Washington, 22 oct (EFE).- Grupos ecologistas de México y América Central denunciarán ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las violaciones que sus activistas sufren en el sector de la minería, informó hoy una organización medioambiental.
La audiencia temática para debatir estos asuntos se celebrará el lunes en la sede de la CIDH en Washington como parte del 140 periodo de sesiones de este organismo autónomo de la Organización de Estados Americanos (OEA).
En ella, organizaciones como el Centro para una Ley Medioambiental Internacional (CIEL) presentarán un informe sobre las presiones de Gobiernos a ecologistas, la impunidad de asesinatos de manifestantes y la falta de regulación ambiental de la minería en la región.
El director del programa de Derechos Humanos de CIEL, Marcos Orellana, ofreció hoy en una conferencia telefónica algunos de los casos "más preocupantes" que se expondrán, como "detenciones, secuestros, asesinatos y daños a la propiedad privada" que han sufrido ambientalistas, manifestó.
Estos abusos se han cometido, agregó, en el contexto de un movimiento ecologista en auge que exige la "fiscalización" y "regulación medioambiental" del sector minero en países como México, Guatemala, Salvador, Honduras y Panamá.
Problemas como la contaminación de aguas que ocurrió en la mina de oro Petaquilla de Panamá o asesinatos de manifestantes en Chiapas (México) han alentado a estos grupos a unirse para "sensibilizar" a la comunidad internacional sobre esa situación.
El reciente drama que acabó con un exitoso rescate en una mina de Chile en la que estuvieron atrapados 33 mineros durante 69 días muestra "los desafíos de la minería en cuanto a seguridad de los trabajadores", según Orellana.
"Hay paralelismo entre lo que ha sucedido en Chile y lo que ocurre en la región", afirmó.
Pero ese accidente, añadió, "realza el papel del Gobierno" en este sector, una de las dianas principales de las denuncias de estos grupos que consideran a las autoridades "irresponsables" en cuanto a sus deberes de regular la minería.
"Las empresas mineras son las protagonistas de la seguridad, pero el Estado no puede estar ausente. Hay que supervisar un marco normativo sobre seguridad y contaminación", exigió.
Uno de los casos más graves que se expondrá el lunes será el asesinato del activista Mariano Abarca en Chiapas.
Abarca, de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), había recibido amenazas de muerte por sus protestas contra la mina Black Fire, propiedad de una empresa canadiense, y fue asesinado en noviembre de 2009.
Según dijo a Efe Orellana, este caso servirá para exponer los límites de la responsabilidad de los países porque "Canadá debería saber y ser responsable de lo que hacen sus empresas en países de Latinoamérica".
Durante el mismo período de sesiones se celebrará el día 29 otra audiencia centrada en la situación de los derechos humanos de las comunidades indígenas afectadas por la minería en la región andina.
EFE